“En América Latina seguimos siendo países producto en función de la lógica de acumulación capitalista.”

Fernando
Arellano Ortiz (Ex-ministro del Ecuador).

Cronicon.net

Históricamente el extractivismo “ha sido un mecanismo de saqueo, apropiación colonial y neocolonial” que en el caso de América Latina “ha conducido a una generalización de la pobreza, ha producido crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas, profundizando la débil institucionalidad democrática, alentando la corrupción, desestructurando las sociedades y comunidades locales, y deteriorando gravemente el medio ambiente”, explica enfáticamente el exministro y expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta Espinosa.

Coautor del libro Más allá del Desarrollo del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo auspiciado por la Oficina de la Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg, Acosta Espinosa ha venido sosteniendo que en el caso de los países latinoamericanos, “somos pobres, porque somos ricos en recursos naturales”. Por ello plantea que el reto está en “repensar el desarrollo para lo cual es indispensable dejar atrás la lógica de una economía extractivista”, mediante la transición de “países producto a países inteligencia”.

Aunque fue uno de los fundadores del movimiento Alianza País que llevó en 2006 a la Presidencia de la República del Ecuador a Rafael Correa Delgado, desempeñándose además como su primer ministro de Energía, terminó por distanciarse como consecuencia de las divergencias con la política minero-energética del gobierno.

Si bien reconoce los avances en inversión social y en infraestructura vial que ha logrado la gestión del presidente Correa, su antiguo aliado le critica el hecho de que en tratándose de un gobierno progresista no haya propugnado por un cambio de la matriz productiva. “Seguimos siendo país producto, estamos en el mercado mundial en función de la demanda del capital metropolitano. Salimos de la dependencia petrolera y estamos abriendo la puerta a la dependencia minera”, se queja Acosta.

Y es que además de los efectos negativos en el ámbito medioambiental, este economista, investigador y catedrático universitario, ve en el modelo extractivista la intervención directa del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que han venido aupando en América Latina, desde los inicios de la época neoliberal en la década de los 90, la extracción masiva de recursos naturales, específicamente en los sectores minero y petrolero.

De esta manera, afirma, en la región se han venido dando esquemas altamente transnacionalizados generando un proceso sumamente complejo: “la desterritorialización del Estado. El Estado se desentiende (relativamente) de los enclaves petroleros o mineros, dejando por ejemplo, la atención de las demandas sociales a las empresas transnacionales. Esto conduce a un manejo desorganizado y no planificado de esas regiones que, inclusive, quedan en la práctica muchas veces al margen de las leyes nacionales”.

Lo anterior, agrega Acosta, “consolida un ambiente de violencia generalizada, pobreza creciente y marginalidad, que desemboca en respuestas miopes de un Estado policial, que no cumple sus obligaciones sociales y económicas”.

Como el mal denominado “desarrollo” no solucionó los problemas de justicia social y redistribución equitativa del ingreso, y por el contrario, fortaleció modelos tan destructivos como el extractivismo que en Latinoamérica viene desde la colonia, plantea la necesidad de visualizar procesos de construcción de alternativas coherentes y viables. En ese sentido, señala, se requiere “pensar un modelo más allá del desarrollo” que parta de transiciones que posibiliten la descolonización, la despatriarcalización y el ingreso a una etapa posextractivista.

Para profundizar en el tema, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net dialogó con Alberto Acosta durante su reciente visita a Bogotá para presentar el libro editado por la Fundación Rosa Luxemburg.

Acosta Espinosa es economista de la Universidad de Colonia, Alemania, con especialidad en economía energética, actualmente es investigador y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Quito. Fue uno de los impulsores de la campaña para dejar el petróleo en tierra en el Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica de su país. Es asesor de organizaciones sociales y jugó un rol de primera línea en el inicio del gobierno del presidente Correa como ministro de Energía y Minas, primero, y luego como presidente de la Asamblea Constituyente que elaboró la carta constitucional ecuatoriana de 2008.

Seguimos en la lógica sumisa de inserción al mercado internacional.

-Leyendo su libro "La maldición de la abundancia" se puede colegir que el auge del modelo extractivista con la explotación de recursos minero-energéticos en América Latina es una nueva etapa del modelo neoliberal, si se tiene en cuenta que sus impulsores son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Es exacta esta lectura?

-Pongamos en orden las ideas. El extractivismo no es de nuevo cuño, no empieza en épocas recientes. El extractivismo surge hace más de 500 años cuando los países europeos en su expansión colonial nos involucraron a las regiones de fuera del viejo continente, a las que ello entre comillas “descubrían” como productores y exportadores de materias primas, y además como mercados para sus productos manufacturados, y de esta manera, como espacio de ampliación de sus lógicas imperialistas. Ese es el punto de partida. No es una casualidad que Cristóbal Colón cuando se acercaba a América en su diario de viaje mencioné 175 veces la palabra oro. Él decía que el oro es muy poderoso, se hace tesoro y sirve para sacar las ánimas del purgatorio, palabras más o menos del gran almirante. Lo que se buscaba era oro, como se busca en la actualidad. El capitalismo está en permanente búsqueda de recursos para garantizar su existencia: la acumulación del capital. Toda la época colonial fue de una etapa de extracción de recursos naturales, hay que recordar lo que pasó con Potosí, con las minas de plata en México, las esmeraldas en Colombia y toda esa explotación estaba en función de la acumulación del imperio español que terminó por financiar el desarrollo del capitalismo incipiente. Posteriormente, nuestros países latinoamericanos continuaron como repúblicas independientes dentro de la misma lógica, hemos sido naciones productoras y exportadoras de materias primas, que para ser más gráficos podríamos denominar como países producto en función de la lógica de acumulación del capitalismo metropolitano.

-¿Entonces, qué es lo que cambia ahora?

-Lo que vemos en la actualidad, y ahí vienen las diferencias, es que hay algunos países en donde sin renegar del extractivismo se están incorporando algunos elementos interesantes, nuevos, que pudieron haber aparecido en otras épocas.

-¿Como por ejemplo?

-Una mayor presencia del Estado en el control de la actividad petrolera y minera. No es una apuesta solo por una mayor inversión extranjera transnacional sino una mayor participación estatal de la renta, esto diferencia por ejemplo en este momento a Colombia de Ecuador; Venezuela de Perú. Colombia y Perú, así como otros países de la región siguen dentro de la lógica del extractivismo clásico; el presidente Santos habla de la locomotora minera. Mientras que en Ecuador si bien estamos atados al extractivismo tenemos una mayor participación del Estado, en la que se está reposicionando. Hay un retorno del Estado en el manejo económico, no solo en el ámbito político.

-¿Pero entonces cuál es su crítica al esquema de política pública en esta materia del gobierno del presidente Correa? Porque él le ha reclamado públicamente que usted lo tilda de “extractivista”…

-Establezcamos las diferencias. Primero me parece positivo el retorno del Estado pero ello no suficiente. El retorno del Estado no garantiza cambios revolucionarios; una mayor participación de la renta minera es interesante pero no suficiente. No tenemos un cambio de la matriz real, seguimos siendo país producto, estamos en el mercado mundial en función de la demanda del capital metropolitano. Salimos de la dependencia petrolera y estamos abriendo la puerta a la dependencia minera. Se asemeja mucho a las épocas cuando abrimos la puerta del petróleo cuando se acabó el banano, y cómo abrimos la puerta del banano cuando se acabó el cacao. Seguimos en la misma lógica sumisa de inserción del mercado internacional que es eminentemente depredadora, genera una devastación social y una devastación ambiental, de ese esquema no nos liberamos, continuamos, profundizamos. Lo que yo si puedo diferenciar es que en esta época hay un extractivismo clásico que también fue impulsado por los neoliberales y el neoextractivismo que es lo que tenemos en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, cuyo Estado redistribuye de mejor manera la renta minera o petrolera. En ese contexto no estamos procesando ningún esquema socialista.

-¿Es decir, lo que tenemos en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela para seguir con los ejemplos, es un Estado paternalista?

-Sí, un Estado paternalista. En esencia es el Estado paternalista tradicional porque tenemos una estructura económica que se sustenta en la renta, básicamente la renta de la naturaleza. Tenemos una sociedad que se estructura en función de relaciones clientelares, y tenemos unos gobiernos con prácticas autoritarias. En Ecuador, para traer el caso de mi país, no hay ningún proceso de revolución en el sentido estricto de la palabra, hay sí, transformaciones positivas, hay posiciones progresistas.

-¿Pero no es revolucionario una iniciativa como la que impulsó usted desde el Ministerio de Energía y Minas, la del parque natural de Yasuní para mantener bajo tierra millones de barriles de petróleo con el fin de combatir el cambio climático a cambio de una compensación económica internacional?

-Sí, hay iniciativas revolucionarias aisladas como esa, hay cosas positivas, sí, pero el propio Presidente de la República en una declaración pública el pasado 15 de enero de este año afirmó que “estamos haciendo mejor las cosas sin cambiar el modelo de acumulación, porque no es nuestro afán afectar a los ricos, nuestro afán es construir una sociedad justa y equitativa”. Y si uno se remite luego a las cifras y a los datos, efectivamente este es el gobierno que ha logrado impulsar la inversión social y la obra pública en infraestructura es magnífica, eso nadie lo discute, pero también es el gobierno que mayores ingresos petroleros ha tenido en toda la historia ecuatoriana, eso es una azar porque el precio del petróleo no lo controlamos nosotros. También hay que reconocerle como mérito propio que ha logrado una mayor recaudación tributaria, de cuatro mil millones de dólares en 2006 a cerca de diez mil millones de dólares en la actualidad, lo que está haciendo entonces es redistribuyendo el excedente petrolero, pero no hay por ejemplo una propuesta de reforma agraria, el presidente Correa ha dicho que no cree en ella, sino que, por el contrario, considera que el mecanismo para que los campesinos accedan a la tierra es el mercado. No hay, en consecuencia, una redistribución de tierras, o del agua, que está tremendamente concentrada. Los campesinos en Ecuador representan el 83 o 84% de los usuarios del agua de riego y controlan solo un 13% del caudal. Los grandes propietarios, los agronegocios, los terratenientes que representan 1% de las unidades productivas agrícolas controlan el 63% del agua. La Constitución es muy clara en su artículo 312 al prohibir toda forma de privatización del agua y no se está cumpliendo. Es más, Correa renegocia con empresas transnacionales para ampliar los plazos de concesión del agua en las ciudades de Guayaquil y Machala. Si nos remitimos a la concentración de la riqueza en los años del gobierno del presidente Correa hay una caída de ocho puntos del Coeficiente de Gini (que mide la desigualdad social), lo cual es importante, sin embargo en la época neoliberal también cayó ocho puntos. Lo paradójico es que la pobreza en Ecuador cayó más en la época neoliberal que en la época de Correa y este es el gobierno que mayor cantidad de ingresos ha tenido en toda la historia. Yo no niego el esfuerzo que hace este gobierno, está priorizando la inversión social y no el servicio de la deuda pública, sobre todo de la deuda externa, fantástico, fenomenal, pero los resultados no son sustantivamente importantes. En términos de concentración, por ejemplo, las diez empresas más grandes controlan el 96% de las ventas en el país; la banca el año pasado incrementó sus utilidades en 52%, es cierto que ha habido una mayor disponibilidad de recursos, ha habido más crédito, pero lo cierto es que la banca le esta apostando al consumo. Lo que sí hay en el Ecuador son unos síntomas hacia una transformación posneoliberal pero de ninguna manera estamos en una transición poscapitalista, e igual sucede en Bolivia y Venezuela.

-Hablemos entonces de alternativas…

-Lo que hay que pensar es en transiciones. No es una salida abrupta. Ecuador no va a salir de su dependencia petrolera dejando de producir crudo de la noche a la mañana, eso está claro, porque sino se cae el gobierno, pero no podemos seguir ampliando la frontera petrolera porque seguimos destrozando la amazonía sin resolver los problemas y ahí viene la Iniciativa Yasuní-ITT por ejemplo, que sí es revolucionaria pero no es apoyada adecuadamente por el gobierno. Lo primero que hay que hacer entonces es superar ciertas aberraciones que se acumularon a lo largo del tiempo. En Ecuador, en el ámbito petrolero, extraemos y exportamos crudo pero como no tenemos capacidad de refinación importamos derivados de petróleo, el año pasado 4 mil millones de dólares y tenemos un enorme potencial hidroenergético, geotérmico, solar, eólico que no aprovechamos, quemando los derivados del petróleo subsidiándolos. Luego tenemos que dar paso a una reformulación del tema agrario. Sin reforma agraria no vamos a poder resolver los problemas de equidad, de generación de empleo, garantizar la soberanía alimentaria como manda la Constitución. También habrá que pensar en otro tipo de actividades como el turismo por ejemplo, es mucho más viable en el corto y mediano plazo una vía como la de Costa Rica que una vía como la de Venezuela, Perú o Bolivia.

-¿La reflexión del científico social inglés David Harvey en el sentido de que lo que se está dando en el mundo es la “acumulación por desposesión” por parte de los países hegemónicos en perjuicio de los países del Sur es lo que estamos presenciando en América Latina?

-Sin lugar a dudas, una suerte de acumulación originaria del capital pero a nivel global, en el que el capitalismo chino está actuando con mucha fuerza. En ese sentido, continuamos en la misma senda, el extractivismo goza de muy buena salud.

Fuente original:http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones70/nota3.htm

Salida roja Peña Ubiña

Elecciones en Francia.

Ignacio Ramonet

La elección presidencial es, en Francia, “la madre de todas las votaciones” y el punto incandescente del debate político. Tiene lugar cada cinco años. Es un sufragio universal directo a dos vueltas. En principio, cualquier ciudadano francés se puede presentar a la primera vuelta, que tiene lugar esta vez el 22 de abril. Aunque debe cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, contar con el apoyo de 500 cargos electos de al menos 30 departamentos (provincias) distintos. Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta (más del 50% de los votos), se impone una segunda vuelta dos semanas después. Desde la instauración de la Quinta República en 1958, siempre ha habido una segunda vuelta. A ella acceden tan sólo los dos candidados que encabezan el primer turno. O sea, habrá que esperar hasta el próximo 6 de mayo para conocer el resultado. Entre tanto, toda la vida política gira en torno a ese acontecimiento central.

Por el momento, nadie tiene la partida ganada, aunque –según todas las encuestas– la final parece que se jugará entre dos candidatos: el presidente conservador saliente Nicolas Sarkozy, y el líder socialista, François Hollande. Pero quedan todavía varias semanas de campaña en las que muchas cosas pueden ocurrir. Y además, un tercio de los electores no ha decidido aún por quién votará...

Los debates se desarrollan en un contexto marcado por dos fenómenos principales: 1) la mayor crisis eco­nómica y social que Francia ha conocido en los últimos decenios; 2) una creciente desconfianza hacia el ­funcionamiento de la democracia ­representativa.

La Constitución sólo autoriza dos mandatos consecutivos. El presidente Sarkozy se declaró oficialmente el 15 de febrero pasado candidato a su propia sucesión. Desde entonces la poderosa maquinaria de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), se ha puesto briosamente en marcha. Y ha conseguido que ­todos los demás candidatos de la derecha (excepto el soberanista Nicolas ­Dupont-Aignan) se retiren de la ­contienda para dejarle como único representante de la corriente conservadora. La batalla sin embargo no será fácil. Todas las encuestas lo dan por derrotado en la segunda vuelta frente al candidato socialdemócrata François Hollande.

Sarkozy se ha vuelto muy impopular. En el extranjero, muchas personas no lo conciben porque únicamente perciben su imagen de líder internacional enérgico dirigiendo, junto con Angela Merkel, las Cumbres europeas o las del G-20. Además, en 2011, asumió también una postura de jefe militar y consiguió ganar dos guerras, en Costa de Marfil y en Libia. Por otra parte, en el aspecto del “glamour”, su matrimonio con la célebre ex modelo Carla Bruni, con quien acaba de tener una niña, contribuye a hacer de él un actor permanente de la prensa del corazón. De ahí la perplejidad de la opinión pública extranjera ante su eventual derrota electoral.

Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, un principio político casi universal: no se ganan unas elecciones gracias a un buen balance de política exterior, por excelente que sea. El ejemplo histórico más conocido es el de Winston Churchill, el “viejo león” británico vencedor de la Segunda Guerra Mundial y derrotado en las elecciones de 1945... O el de Richard Nixon, el presidente estadounidense que puso fin a la guerra de Vietnam y reconoció a China popular, pero se vio obligado a dimitir para no ser destituido... Hay que añadir que otra ley parece haberse establecido en Europa estos últimos años en el contexto de la crisis: ningún gobierno saliente ha sido reelegido.

En segundo lugar, está el balance de su mandato, que es execrable. Además de los numerosos escándalos en los que se ha visto envuelto, Sarkozy ha sido el “presidente de los ricos” a quienes ha hecho regalos fiscales inauditos, mientras sacrificaba a las clases medias y desmantelaba el Estado del bienestar. Esa actitud ha alimentado las críticas de los ciudadanos que, poco a poco, se han visto engullidos por las dificultades: pérdida de empleo, reducción del ­número de funcionarios, retraso de la edad de jubilación, aumento del coste de la vida... No cumplió sus promesas. Y la decepción de los franceses se amplificó.

Sarkozy cometió también garrafales errores de comunicación. La noche misma de su elección en 2007 se exhibió en un célebre restaurante parisino de los Campos Elíseos festejándolo sin complejos en compañía de un puñado de multimillonarios. Aquella interminable juerga en el Fouquet’s quedó como el símbolo de la vulgaridad y la ostentación de su mandato. Los franceses no lo han olvidado y muchos de sus propios electores modestos jamás se lo perdonaron.

Con su hiperactivismo, su voluntad de estar presente en todas partes y de decidirlo todo, Sarkozy ha olvidado una regla fundamental de la Quinta República: el Presidente –que posee más poder que cualquier otro jefe de Ejecutivo de las grandes democracias mundiales– debe saber guardar las distancias. Dosificar con prudencia sus intervenciones públicas. Ser el señor de la penumbra. No quemarse por exceso de sobreexposición. Y es lo que le ha pasado. Su hipervisibilidad desgastó pronto su autoridad, y lo ha convertido en su propia caricatura, la de un dirigente permanentemente acalorado, impetuoso, excitado...

Ni una sola encuesta, hasta ahora, lo da como vencedor de ­estas elecciones. Pero Sarkozy es un guerrero dispuesto a todo. Y también, a veces, un golfo sin escrú­pulos, capaz de actuar como un auténtico aventurero. De tal modo que, desde que se lanzó a la cam­paña el mes pasado, con un descaro monumental no ha dudado en ­presentarse –él, que ha sido el “presidente de los ricos”– como “el candidato del pueblo” esgrimiendo argumentos próximos a la xenofobia para robarle votos a la extrema derecha. No sin eficacia electoral. Y en las intenciones de voto, inmediatamente ganó varios puntos hasta conseguir situarse por encima del candidato socialista...

Éste, François Hollande, es por el momento, el claro favorito de los sondeos. Todos, sin excepción, lo dan vencedor el 6 de mayo próximo. Poco conocido en el extranjero, Hollande es considerado por sus propios electores como un burócrata por haber sido durante más de once años (1997-2008) Primer secretario del Partido socialista. Contrariamente a su ex compañera Ségolène Royal, nunca fue ministro. Y su nombramiento como candidato de los socialistas no resultó evidente. Sólo fue designado después de unas durísimas elecciones primarias en el seno de su partido (a las que, por razones harto conocidas, Dominique Strauss-Kahn, el preferido de los electores socialistas, no pudo competir).

François Hollande es un social-liberal de centro, conocido por sus habilidades de negociador y su dificultad para tomar decisiones. Se le reprocha ser demasiado blando y mantener en permanencia la confusión. Su programa económico no se distingue netamente, en el fondo, del de los conservadores. Después de haber afirmado en un discurso electoral que “el enemigo principal” eran las finanzas, se apresuró a ir a Londres a tranquilizar a los mercados recordándoles que nadie había privatizado más y liberalizado más que los socialistas franceses. En lo que respecta al euro, a la deuda soberana o a los déficits presupuestarios, Hollande –que afirma ahora querer renegociar el Pacto fiscal – está en la misma línea que otros dirigentes socialdemócratas, ­como Yorgos Papandreu (Grecia), ­José Sócrates (Portugal) y José Luis Rodríguez Zapatero (España), quienes, después de haber abjurado de sus principios y aceptado las horcas caudinas de Bruselas, fueron electoralmente expulsados del poder.

La flacidez política de François Hollande aparece aún más flagrante cuando se le compara con el candidato del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Con el 14% de las intenciones de voto, éste está resultando la gran revelación de estas elecciones. Sus mítines son los que reúnen al mayor número de personas, y sus discursos, verdaderos modelos de educación popular, los que levantan el mayor entusiasmo. El domingo 18 de marzo, aniversario de la revolución de la Comuna de París, consiguió movilizar a unas 120.000 personas en la plaza de la Bastilla, cosa jamás vista en los últimos cincuenta años. Todo ello debería favorecer cierto giro a la izquierda de los socialistas y de François Hollande. Aunque las diferencias de líneas son abismales.

El programa de Jean-Luc Mélenchon, resumido en un librito titulado L’Humain d’abord! (¡Primero lo humano!) del que ya se han vendido centenares de miles de ejemplares, propone, entre otras medidas: repartir la riqueza y abolir la inseguridad social; arrebatarle el poder a los bancos y a los mercados financieros; una planificación ecológica; convocar una Asamblea Constituyente para una nueva República; liberarse del Tratado de Lisboa y construir otra Europa; iniciar la desmundialización...

El entusiasmo popular que está levantando Jean-Luc Mélenchon da una nueva esperanza a las clases trabajadoras, a los militantes veteranos y a la multitud de los jóvenes indignados. Es también una respuesta a una democracia en crisis donde muchos ciudadanos ya no creen en la política ni en el ritual de las elecciones.

Mientras se desinfla la extrema derecha y fracasa la tentativa de revivirla mediante el experimento de Marine Le Pen, estas elecciones presidenciales francesas podrían demostrar que, en una Europa desorientada y en crisis, sigue viva la esperanza de construir un mundo mejor.

Fuente: Le Monde Diplomatique.

"¿POR QUÉ TE CALLAS AHORA?" LE PREGUNTA UN CORONEL DEL EJÉRCITO AL REY.

Por Amadeo Martinez Inglés, coronel del ejército español

Recordando la famosísima frase que le dirigiera el monarca español al Presidente venezolano Hugo Chávez, "¿Por qué no te callas?", el coronel del ejército español, Martinez Inglés, se la devuelve ahora al monarca en relación con el affair de presunta estafa multimillonaria protagonizada por su yerno Iñaki Urdangarin.

Sí, sí, regio suegro del atlético Urdanga; divino monarca enviado por el Espíritu Santo a este bendito país para velar por la democracia, la felicidad, la salud y el bienestar de sus sufridos ciudadanos; rey sin par que crees provenir del testículo derecho del emperador Carlomagno cuando en realidad lo haces de la pérfida bocamanga del genocida Franco.
Sí, tú, último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica culpable del atraso, la ignorancia, la degradación, la pobreza, el odio y la miseria generalizada de centenares de generaciones de españoles; presunto (estamos en un Estado de derecho aunque no lo parezca) malversador de fondos públicos para pagar francachelas sexuales; corrupto máximo en un país donde, desgraciadamente, la corrupción se mama desde la cuna; impune muñidor de una descomunal fortuna personal que nadie en este país sabe de donde ha salido; vil autogolpista castrense en aquél recordado 23-F que organizaste in extremis para salvaguardar tu detestable corona franquista; fratricida confeso (o presunto asesino) en tu juventud; reo de un delito de alta traición a la nación española al pactar en 1975 con el Departamento de Estado norteamericano, ostentando interinamente la Jefatura del Estado español por enfermedad del dictador Franco, la entrega vergonzante a Marruecos de la totalidad de la antigua provincia española del Sahara Occidental (territorio bajo administración española, según la ONU) en evitación egoísta de una guerra con ese país que hubiera puesto en peligro tu tambaleante corona; corresponsable, en consecuencia, del espantoso genocidio posterior (más de tres mil víctimas) cometido por el rey alauí, Hassan II, para dominar el inmenso territorio abandonado por España... tú que mandas callar a voz en grito a jefes de Estado extranjeros.

¿Por qué callas ahora? ¿Por qué no hablas, y cuanto antes, a los españoles? Primero ¡faltaría más! de las andanzas presuntamente delictivas (los jueces hablarán próximamente) de tu deportivo yerno, ese caradura integral que se ha valido de su matrimonio (con el, seguramente, también delictivo consenso de su gentil esposa) y de la impunidad casi absoluta de que ha gozado hasta ahora la llamada familia real española, para apropiarse de millones de euros del erario público. Con la gentil colaboración de políticos y altos cargos de las derrochadoras y detestables administraciones públicas de este país (central y autonómicas).

Y en segundo lugar, supremo líder de la ya amortizada monarquía franquista del 18 de julio, y ya va siendo hora, háblanos de todas las irregularidades y presuntos delitos cometidos por tu regia persona, algunos de los cuales acabo de señalar y que este humilde mortal (o plebeyo, como quieras) ha denunciado repetidas veces en los últimos años ante las Cortes Españolas, única institución que puede entender de los mismos en base a la absoluta impunidad constitucional de la que gozas gracias a tu amado generalísimo, el tercer dictador más sanguinario de la historia europea después de Hitler y Stalin. Presuntos delitos de los que más tarde o más temprano tendrás que responder ante el pueblo español y que, no te quepa la menor duda, ocuparán algún día páginas y páginas en la triste historia de este país de la modélica transición y gaitas parecidas. Porque, amigo monarca, ya conoces los populares dichos: "A todo cerdo le llega su San Martín" y "El tiempo coloca a cada uno en su lugar". Y a ti, y a toda tu familia y parentela más o menos cercana de enchufados, vagos y maleantes de toda laya, parece ser que está a punto de llegaros esa suculenta y tradicional onomástica de ancestral raíz gastronómica a la vez que el justiciero "devenir temporal de la historia" os arrincona sádicamente contra vuestro propio latrocinio y contra vuestra y escandalosa corrupción; decidido a bajaros a todos a las negras profundidades del infierno político y social.

El largo tiempo del vino (Vega Sicilia, naturalmente) y las rosas de palacios y lujosas residencias veraniegas (más de siete lustros), gastándoos a espuertas el escaso dinero de los amados y tontorrones súbditos, toca a su fin. Y todos, absolutamente todos los componentes de esa tu despreciable familia real, tendréis que comparecer algún día ante la justicia; unos, como el atlético y descerebrado deportista de elite que creyó que le había tocado la bonoloto cuando la infantita de marras le eligió como dulce esposo de su particular cuento de hadas, muy pronto, porque las pruebas son irrefutables y porque, aunque torpe y lenta, la bella diosa ciega celtibérica de la balanza de oro, no podrá esta vez mirar para otro lado y tendrá que castigar como se merece tanto derroche, tanto latrocinio y tanta vagancia familiar e institucional; otros, como las infantitas borbónicas casadas o separadas temporalmente de sus parejas, que se dejan querer cobrando espectaculares sueldos millonarios de grandes empresas españolas y multinacionales y que, con tribunales o sin ellos, pronto tendrán que renunciar a tanta bicoca; y tú, todavía rey franquista de todos los españoles, aún protegido como estás por la larga mano del dictador y por la nefasta herencia constitucional de unos cuantos pelotas de intramuros del régimen (padres de la patria, qué risa) que parieron una Carta Magna a tu medida haciéndote divino e inviolable... no te confíes demasiado que el horno no está para bollos y muy pronto pintarán bastos en las calles y avenidas de muchas ciudades españolas.

¡Deja ya de hacerte el muerto! ¡Deja ya de emplear medios del Estado (aviones militares y demás) para acudir a grandes premios de Fórmula I o torneos internacionales de tenis a la par que eludes con total desvergüenza las escasas y ridículas obligaciones de tu medieval cargo...y habla! Cuéntanos a los españoles si conocías o no las presuntamente delictivas andanzas de tu todavía yerno, el Urdanga ése, y por qué te hiciste el sueco si, como es de cajón, las conocías. Y, también, nos pones al corriente de a cuanto asciende a día de hoy tu amañada fortunita, de como se desarrollaron (sin entrar en detalles morbosos, desde luego) tus pícaras alegrías amatorias con cargo a los fondos reservados del Estado español, de como transcurrió el tortuoso día (23-F del 81) en el que salvaste a todos los españoles... y de todas las demás guarrerías personales y familiares cometidas en tu ya largo reinado. Así los españoles nos iremos enterando de todo ello sin tener que acudir a Internet y los jueces y los diputados electos del Partido Popular del hoy "muy asustado y mudo Rajoy" podrán ir tomando nota. Para cuando haga falta, naturalmente...

Opinión política del Perú actual.

Por Lorenzo Gonzalo/Cubainformación-Cubasolidaridad.- Andamos por Perú, donde un gobierno de discurso nacionalista y proyección social, asumió la dirección del Estado hace a penas un año y donde la opinión de muchos se parece más a una incógnita que a un pronóstico.

El mayor contraste del Presidente Ollanta Humala y su predecesor se pone de relieve por el estilo de dos personalidades muy distantes en sus conductas.

Alan García, quien ejerciera la Presidencia durante los cinco años anteriores a la elección de Humala, es un hombre de discursos que muchas veces limitan con una incontinencia verbal. Por otro lado la presentación de su imagen por la prensa, parece significarle un tema más importante, que las propias soluciones de las problemáticas sociales.

Ollanta por su parte no aparece en público, no habla, no opina y es breve cuando se manifiesta sobre alguna temática.

Este estilo de trabajo, no condicionado por una estrategia determinada sino por una cuestión netamente fundada en su personalidad, requiere ser asimilada por un público acostumbrado a saber del anterior Mandatario todos los días, sin entender quizás, si lo expresado en su discurso o declaración era bueno, malo, irrelevante o simple realización de un Yo personal.

Las fuerzas mayoritarias que votaron por Ollanta Humala fueron quienes viven en condiciones más deplorables o cuyos estilos de vida están muy lejanos de la suntuosidad que los rodea. La distancia usufructuaria entre un empleado, obrero de la construcción o el pequeño productor agrícola de un país subdesarrollado como Perú es brutal, comparada con la existente dentro de esos mismo sectores en los países desarrollados y aún en los emergentes.

Cuando uno visita la capital y luego se desplaza a las poblaciones, aun a ciudades importantes como Arequipa, se da cuenta que la asimetría en la distribución de la riqueza es inmensa.

El país ha logrado un desarrollo sostenido durante varios años, gracias a las grandes inversiones que se han desplazado de los mercados desarrollados hacia países como Perú, atraídos por sus condiciones naturales para las grandes producciones, especialmente la agrícola, de la misma manera que viene sucediendo también con la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, en cuanto a la distribución de las riquezas, la situación no ha sido igual a la de sus vecinos, donde la pobreza ha podido disminuir inversamente proporcional al crecimiento. Estos sectores del Perú, anclados en sus ingresos, contrastan a diario con el acelerado desarrollo, muchas veces suntuoso de las ciudades, especialmente en Lima, donde se concentra el 30% de la población del país.

De esos grupos humanos surgió el voto mayoritario del Presidente Ollanta Humala, quienes como en otras tantas oportunidades, al margen de posiciones ideológicas, son arrastrados por la promesa de una vida mejor. Pero como ocurre siempre con las grandes expectativas, una vez logrado el triunfo del representante estatal donde depositaron la confianza para materializar los requerimientos sociales insatisfechos, no paran en cuenta de que las soluciones no vienen de la noche a la mañana.

No sabemos qué va a hacer Ollanta, pero sabemos que de creer firmemente en los cambios prometidos, le llevará un tiempo para conjugar sus propósitos con las trabas creadas por múltiples intereses donde, los capitales especulativos, indecisos y temerosos, no son los únicos inconvenientes, sino también los entretejidos del poder, acostumbrados al enriquecimiento fácil o a usufructos que para ellos se han tornado en supuestos derechos.

Por lo pronto el país está tranquilo. No hay mayores problemas. Las protestas son esporádicas, pequeñas por lo general y la mayoría de ellas están conformadas por simpatizantes del Presidente, frustrados con una gestión que en realidad a penas ha podido comenzar. Como cosa interesante estos grupos expresan en general que la protesta no es para descalificarlo, sino para que no “se olvide de los humildes”. Las pocas izquierdas que aun pretenden orientar sus gestiones políticas basándolas en la confrontación de clases, apelan a la descalificación absoluta del empresario, la gran empresa y la masa de tecnócratas bien pagados. Ollanta, si alguna vez participó de esos criterios, resulta obvio que para bien, no los practica a estas alturas de los tiempos.

Por su parte el Presidente parece estimular las actividades de la clase media y apela a la cooperación de peruanos que quieren al país, han sido exitosos en sus gestiones empresariales y están concientes que problemas como la transportación pública, para poner un ejemplo, son de imperiosa necesidad para sostener el crecimiento mejorando el ambiente. Recientemente se manejan diferentes alternativas para acabar con los pequeños buses, pertenecientes a gremios transportistas, que lejos de solucionar los inconvenientes del tráfico lo dificultan. Se ha creado un sistema de transportación aprovechando la vía rápida y se estudia el desarrollo de trenes urbanos, de los cuales ya hay uno en funcionamiento.

Las protestas apelan a asuntos tan apremiantes como el precio del gas, lo cual estuvo en el centro de las promesas de la campaña por la presidencia. El otro aspecto es el alto costo del combustible, lo cual se traduce en un buen pretexto para que ciertos empresarios inescrupulosos incrementen el precio de productos básicos.

Pero todos estos aspectos parecen ser atendidos desde el silencio por el nuevo Presidente a quien unos acusan de haber olvidado a “los humildes” y de quien otros desconfían por su procedencia de luchador social y por sus arraigos familiares.

Ollanta Humala tiene dos relaciones sanguíneas que la prensa explota haciendo uso de la desinformación. Una de ellas es el padre, de tendencias nacionalistas que lindan con la xenofobia y con proyecciones fascistas. El otro es el hermano, quien asumió una actitud insurreccional en épocas del Presidente Toledo, en contravención absoluta con los nuevos tiempos que respetan los procesos constitucionales y a través de ellos llegan a ocupar el Poder. Tal es el caso de Venezuela, Ecuador Uruguay, Paraguay, Argentina, Nicaragua, Brasil, Bolivia y otros. Antauro, su hermano parece profesar las mismas ideas del padre de ambos, aunque no es el caso de Ollanta quien en ese sentido procura sentar distancia.

En tiempos de Fujimori, cuando éste provocó el autogolpe, militares como el Brigadier Sedó asumieron una actitud de confrontación, algo legítimo a la luz de las propias constituciones de origen liberal. También Ollanta participó en una insurrección cuando la corrupción rampante no hallaba otro camino que una asonada militar, combinada con un fuerte apoyo civil para detenerla y volver al cauce de la democracia. Pero el caso de su hermano Antara Humala, evidentemente no procuraba ese mismo objetivo.

Estas situaciones de familia son explotadas con malas intenciones por la prensa y alimenta la desconfianza en sectores poblacionales que de una u otra manera va a perder con el tiempo privilegios e impunidades, aunque esto necesariamente no implica que se afecten en sus riquezas.

Ollanta Humala parece un Presidente que se mueve con seguridad pero con extremo cuidado. Nos imaginemos que también estará conciente que un período de cinco años no es suficiente para encauzar ningún proyecto político social de envergadura y que la Constitución peruana no le permite un segundo período consecutivo. La solución sería cambiar la Carta Magna, pero esto implicaría algo que pudiera poner en duda sus concepciones democráticas y de seguro la prensa y los sectores que nunca lo han aceptado, capitalizarían a su favor este hecho para desacreditarlo frente al resto de la ciudadanía.

Estas interrogantes y sus convencimientos de llevar adelante sus propósitos renovadores, si existen realmente, deben estar presentes a la hora de decidir la mejor estrategia a seguir en estos primeros años.

Su compañera de luchas y relaciones sentimentales, su esposa Nadiene Heredia, resalta como el eslabón perdido que pudiera llenar el impedimento de una continuidad política plenamente garantizada. La prensa, hasta los días de hoy, no ha explotado aún esta posibilidad aunque sí es mencionada con mucha frecuencia.

Esperemos para ver. Por lo pronto, Perú marcha tranquilo, se desarrolla, embellece sus ciudades y esperemos que también logre alcanzar crecimiento, para lo cual, la inclusión social es un aspecto imprescindible y esencial.

Los apoyos sociales a la huelga general del 29-M.

Antonio Antón-Rebelión.

Las direcciones confederales de CCOO y UGT han convocado una huelga general para el día 29 de marzo contra la reforma laboral del Gobierno del PP y su política de recortes sociales. Es una norma que facilita y abarata el despido, empeora las condiciones laborales y precariza el empleo; no crea empleo y prolonga la crisis; perjudica a la mayoría de la sociedad y desequilibra las relaciones laborales con un fuerte incremento del poder empresarial. Junto con las medidas de restricción del gasto público y el recorte de prestaciones y servicios públicos, trata de imponer una fuerte regresión en los derechos sociolaborales y consolidar unas condiciones de vida y empleo precarias para la mayoría y, especialmente, para los sectores más vulnerables.

La amplitud y la profundidad de esa política regresiva liberal-conservadora, su pretensión de generalización y persistencia, en una situación de agravamiento del desempleo y las consecuencias sociales de la crisis económica, exigen una respuesta social masiva y contundente. Es preciso un amplio respaldo popular, una firme participación ciudadana. Se trata de una acción de reafirmación democrática. Hay que poner un freno consistente a estas medidas antisociales para forzar su cambio.

Al descontento social por esta situación socioeconómica y de empleo, se añade el desacuerdo ciudadano con esta reforma laboral. Según encuestas de opinión (ver Barómetro de marzo de Metroscopia, El País, 4 de marzo de 2012), casi dos tercios (62%) de la población desaprueba la reforma laboral del Gobierno, porcentaje mucho más amplio entre los votantes del PSOE (91%); hay que destacar que incluso el 28% de los votantes del PP también la desaprueba. Por otro lado, la consideran adecuada sólo el 24% de la población (el 47% de los votantes del PP), mientras el 74% creen que no va a ayudar a crear empleo y el 61% que responde a presiones externas.

El Gobierno del PP, a pesar de su reciente victoria electoral, tiene un grave problema de legitimidad para imponer su agresiva reforma laboral. No calan sus argumentos de que son reformas equitativas y medios imprescindibles para la creación de empleo. Perjudica a las capas trabajadoras y desfavorecidas, y la gente desconfía, con razón, que esos sacrificios sean el camino para eliminar el paro y crear puestos de trabajo. Por tanto, en un primer aspecto, el grado de desacuerdo con esa medida, la mayoría ciudadana está con la posición de los sindicatos y en contra de la decisión gubernamental (y la mayoría parlamentaria). Ello ofrece una gran legitimidad social a los objetivos de la huelga general: retirar esta reforma laboral.

En el segundo aspecto, el tipo de respuesta ciudadana conveniente ante esta agresión, la posición de la población también es ambivalente, pero de signo distinto. Según la citada encuesta sólo el 28% del conjunto de la población justificaría una huelga general que forzará al Gobierno a cambiarla y suavizarla (8% entre los votantes del PP, y 45% entre los del PSOE -y se supone que todavía mayor entre los votantes del resto de la izquierda-). En sentido contrario, el 67% de la población (90% entre los votantes del PP y 50% entre los del PSOE) expresa que una huelga general no serviría de nada y podría empeorar aún más la situación económica. El argumento del Presidente Rajoy de que ‘no va a servir de nada’ y se va a aplicar toda la reforma tiene credibilidad, incluso entre la mitad de la actual base electoral PSOE, y es un motivo poderoso que utiliza la derecha para desactivarla. Esta sería la peor de las hipótesis.

No obstante, se pueden hacer diversas matizaciones. Primera, que la encuesta refleja la opinión del total de la sociedad (incluyendo empresarios, autónomos y capas directivas, así como personas inactivas); no hay datos desagregados, pero si se comparan con la situación similar del 29-S, el porcentaje de justificación entre la población asalariada aumentaría varios puntos más respecto de la media, es decir, podría alcanzar un tercio.

Segunda, tiene que ver con el tipo de pregunta y la interpretación de la respuesta. En esa encuesta se pone en primer plano el grado de ‘realismo’ sobre la eficacia inmediata de la huelga no sobre su legitimidad (o simpatía). Tampoco se asocia con otras motivaciones para apoyar la movilización social, por sus efectos positivos en diversos campos expresivos, de refuerzo de la ciudadanía y reequilibrio en las relaciones laborales, como expresión democrática de una indignación y un malestar social que hay que escuchar. No se pregunta si puede ser útil para todo ello. Pero tampoco es neutra o inútil en la apuesta por su cambio: la deslegitimación de la reforma abrirá un camino para que pierda fuerza y agresividad y se comience a generar su reversión. Forzar la respuesta sobre la actitud hacia la huelga por las posibilidades inmediatas de su modificación sustancial es reducir su significado a un utilitarismo extremo y cortoplacista, desconsiderando sus consecuencias de fondo para debilitarla y modificarla, así como toda la dimensión social, democrática y expresiva del sindicalismo, las clases trabajadoras y la ciudadanía activa. Por tanto, deducir que dos tercios de la población están en contra de la huelga es excesivo; con esos datos y a pesar de esa pregunta tan sesgada, un tercio de los asalariados está en contra de la reforma laboral y justifica la huelga general, y otro tercio también está en contra de la misma reforma pero cree que con los paros no la va a poder cambiar ya (y pueden tener consecuencias contraproducentes). La cuestión no es que esa valoración no sea realista, que parcialmente lo es sino que es unilateral. Ese factor no debe ser el determinante para la no participación porque hay más planos, realidades y objetivos para justificar y expresar el rechazo a esa reforma: su carácter injusto, la exigencia de su cambio y construir los cimientos para conseguirlo.

La tercera apreciación tiene que ver con una valoración realista de los apoyos sociales iniciales a la huelga general para superar algunas dificultades y fortalecer la participación y la simpatía hacia la misma. Ya se conoce el resultado de otra encuesta de primeros de febrero de la misma empresa Metroscopia (El País 12-2-2012) donde el 46% de la población (67% de los votantes del PSOE) estaría de acuerdo con la convocatoria de la huelga general. Es decir, más de la mitad de la población trabajadora asalariada y más de dos tercios del conjunto de la base electoral de las izquierdas la consideran justificada –dando por supuesto que del resto de votantes de la izquierda y parte de la abstención su apoyo sería superior-.

Por otra parte, tenemos la experiencia de la pasada huelga general del 29-S (un análisis detallado se encuentra en el libro Resistencias frente a la crisis de ed. Germanía-Valencia): una participación activa media en torno a un tercio de asalariados convocados (cerca de cinco millones) con mucha dispersión (en torno a dos tercios –y más- en los grandes centros industriales y urbanos, un tercio en medianas empresas y grandes centros de la administración pública y otros servicios, y mínima en las pequeñas empresas –y algunas grandes-, particularmente de servicios). La disponibilidad, la participación y la percepción están muy fragmentadas. En todo caso, es imprescindible una paralización significativa de la actividad productiva, urbana y comercial y una implicación de núcleos relevantes de las capas trabajadoras.

Existen muchas dificultades, empezando por el fuerte bloque de poder de la derecha y el mundo económico, su inmenso aparato institucional y mediático y su renovado apoyo electoral (aunque no para esto). En este aspecto hay que señalar la menor desventaja en los apoyos institucionales respecto de la anterior huelga, ya que la dirección del PSOE –y medios afines- ahora está en contra de esta reforma y ello puede contribuir a la mayor visualización de su rechazo. Además, hay que tener en cuenta factores estructurales (fragmentación del tejido productivo, capacidad coactiva empresarial, fragilidad de las capas trabajadoras…) y contextuales (imponente poder institucional a favor de estas políticas restrictivas, dificultades del sindicalismo, debilidad de las izquierdas…). Así, a pesar del fuerte descontento social y la legitimidad de sus objetivos, es difícil una participación activa mayoritaria en el conjunto, es decir, la incorporación masiva a los paros de las capas trabajadoras precarias e inseguras en las pymes, especialmente, de los servicios y de las capas asalariadas de mayor estatus y rentas. No obstante, con esas previsiones, existen garantías de una participación sustancial, al menos, del nivel similar al 29-S y a la de 2002. La amplia participación –centenares de miles- en las manifestaciones del 19-F y del 11-M así lo indica. En ese sentido, tiene la ventaja de coincidir con una convocatoria previa de los sindicatos nacionalistas en el País Vasco, Galicia y Navarra; permite disminuir viejos enfrentamientos entre sindicatos confederales y nacionalistas y garantizar una participación mucho más unitaria y generalizada en esas tres zonas.

En resumen, existe una disponibilidad básica y creciente entre la mayoría de los sectores progresistas y la ciudadanía indignada para la participación en esta contestación social; falta por asegurar esos objetivos mínimos de apoyos sociales explicando en profundidad las razones del conflicto. Pero, además, en estas semanas, se trata de frenar la previsible ofensiva del poder político y económico y, al mismo tiempo, ganar apoyos y ampliar su masividad y la simpatía hacia ella. El reto es superar ese listón de participación y restar credibilidad a la estrategia de las derechas.

Por tanto, la explicación a favor de la huelga general debe abundar, por un lado, en la legitimidad de su objetivo: echar atrás una reforma laboral agresiva y las medidas de recortes sociales, rechazadas por la mayoría ciudadana; por otro lado, explicar las ventajas de que salga bien, al mismo tiempo que las desventajas del fatalismo. Es difícil que simplemente con una huelga con ese nivel de participación se impida su aprobación definitiva en el Parlamento. La cuestión es que es posible cuestionarla, restarle credibilidad ante la sociedad y eficacia en su aplicación, y preparar condiciones para su modificación sustancial. Se habrá avanzado en el objetivo de su supresión, que quedará como una tarea firme a continuar. Además, la desventaja de la pasividad, la ausencia de movilización social contra ella, abonaría su consolidación (junto con las dos anteriores a las que refuerza) y la de todo el paquete restrictivo; se profundizaría la indefensión laboral en las empresas y el desequilibrio en las relaciones laborales.

La falta de una respuesta popular adecuada le permitiría a las derechas y los empresarios ampliar el carácter regresivo de esta reforma laboral y las demás reformas estructurales. El débil freno a esta política tendría efectos perniciosos para el fortalecimiento del sindicalismo y la renovación de las izquierdas, así como para la propia calidad democrática de las instituciones. En el plano cultural se favorecería la resignación colectiva y la simple adaptación individual; en el plano sociopolítico debilitaría al sindicalismo y el tejido asociativo progresista, así como perjudicaría la dinamización de la ciudadanía activa y la mejor participación democrática en la defensa de los derechos sociolaborales; supondría mayores riesgos de afianzamiento de la mentalidad conservadora y la involución autoritaria.

Por tanto, lo que el campo social progresista perdería de no hacerse (o no tener apenas seguimiento) es mucho más que los riesgos reales de esta respuesta contundente a la ofensiva del Gobierno del PP. La huelga general no será inútil; es un paso relevante imprescindible para resquebrajar toda la estrategia neoliberal regresiva, y necesita consistencia y continuidad. Esta apuesta, probablemente, no conseguirá la total paralización productiva del país ni una participación generalizada de toda la población, pero puede tener los apoyos sociales necesarios en los dos planos fundamentales: participación activa suficiente (en los paros y todas las actividades y manifestaciones de apoyo), y amplia legitimidad social, al contar con el rechazo de la mayoría ciudadana a esta reforma laboral. Es un acto de reafirmación democrática y estímulo de la participación ciudadana, de freno a la involución social y exigencia de otra política socioeconómica, laboral y de empleo.

En definitiva, es una huelga justa y legítima, el rechazo a la reforma laboral y los recortes sociales es apoyado por la mayoría de la sociedad; es un cauce de expresión de la indignación y el malestar social, y sus objetivos incluyen el freno a la involución social y la exigencia de rectificación de la política sociolaboral y de empleo. Supone la reafirmación del movimiento sindical en su capacidad dinamizadora y representativa, y un reequilibrio de la capacidad contractual de las capas trabajadoras en las empresas. Es un inicio, no el fin del camino. Es un freno a la ofensiva del Gobierno del PP que puede limitar su alcance regresivo. Puede conseguir el agrietamiento de la legitimidad de esa política de recortes sociolaborales y el reforzamiento de la izquierda social o la ciudadanía activa, que son condición para su cambio. Por tanto, se trata de construir las condiciones sociopolíticas y democráticas para un reequilibrio en las relaciones laborales y sindicales, el avance en los resultados reivindicativos y, como fondo, la reorientación de la gestión de la crisis hacia una salida más justa y equitativa.


Antonio Antón es profesor honorario de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.

La gran burguesía latinoamericana propone una tregua.

Fernando Dorado
Rebelión

El caso de la Cumbre de las Américas y Cuba

Lo ocurrido ésta semana con la visita del presidente colombiano Juan Manuel Santos a Cuba, en donde se entrevistó con Raúl Castro y Hugo Chávez –en convalecencia–, envía señales de distensión.

Desde antes se sabía que el presidente Barak Obama había vetado la presencia de Cuba en la Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena (Colombia) entre el 9 y el 15 de abril del año en curso. Castro afirmó que le interesaba asistir pero que su país no haría parte de la OEA.

El presidente ecuatoriano Rafael Correa planteó en reciente cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas ALBA en Caracas la necesidad de que Cuba estuviera presente. El grupo de presidentes lo respaldaron y endosaron la responsabilidad a Colombia, país anfitrión.

No era fácil resolver el impasse. Obama presionaba: aflojar en esa materia tiene connotaciones electorales entre los cubano-estadounidenses. La visita de Santos a Cuba, el acento de sus declaraciones, el tacto de Castro y de Chávez, el tono de las recientes declaraciones de Correa, deja ver que hay algo tras fondo. El problema de Cuba en la Cumbre es secundario.

Vamos a hacer un planteamiento arriesgado. Su elaboración responde a una serie de señales que desde meses atrás ha enviado la oligarquía latinoamericana encabezada por Santos, que sigue construyendo su eje-bloque Chile, Perú, Colombia y México. Se avizora un camino que sorprenderá a muchos.

Señales de distensión

Hay quienes creen que priorizando el tema geopolítico, o sea, colocando en primer lugar del análisis y de la denuncia las contradicciones entre bloques de países y países mismos, están contribuyendo en primera línea con la tarea anti-imperialista y anti-capitalista. [1] Olvidan el análisis de clases.

Por ello, quienes así piensan no entienden lo que ya está ocurriendo en América Latina, en donde –por interés estratégico de la gran burguesía trans-nacionalizada de la región [2]– lenta e imperceptiblemente se distensionan las relaciones con los EE.UU.

Se debe analizar el comportamiento de la burguesía trans-nacionalizada que es consciente del extraordinario momento que se vive a nivel mundial. Ellos –aunque no quieren perder su alianza con los EE.UU.– saben que es un poder imperial en decadencia, sobre todo en el terreno económico.

Por algo Santos ya tiene preparado su viaje por China, habiendo primero visitado los socios estadounidenses en Oriente (Japón y Corea del Sur), con quienes ya tiene adelantados acuerdos comerciales importantes (TLC Corea-Colombia). Y en esa misma vía están todos los gobiernos de la región que han comprendido –así los EE.UU. no lo quieran entender– que el mundo ya es multipolar.

Las burguesías trans-nacionalizadas de América Latina –los Slim, Batista, Fontbona, Salinas, Bailleres, Larrea, Sarmiento Angulo y demás grandes ricos de la región [3]–, han empezado, finalmente, a diseñar una política “propia”, autónoma frente al gobierno de los EE.UU. y de los países del ALBA. Ese es el hecho que ha salido a relucir con el viaje de Santos a Cuba.

La nueva estrategia de la burguesía trans-nacionalizada

Esa burguesía trans-nacionalizada –que tiene grandes inversiones en generación de energía, minería y siderurgia, telecomunicaciones, industrias de alimentos e infinidad de áreas de la economía de la región– ha entendido que el recetario de la confrontación no es el mejor. Que por ese camino no sólo van a seguir perdiendo poder político en la región, sino que pueden ayudar a incubar una verdadera revolución que ponga en peligro el poder del capital.

Es lo que han podido comprobar en los últimos 20 años. Han venido perdiendo terreno político en todo el sub-continente aunque sólo en los países en donde las oligarquías más obtusas no tuvieron el tacto político suficiente y se dejaron manipular por Washington (Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia), los procesos nacionalistas se radicalizaron para asumir diversos caminos “socialistas”.

Ahora, a la sombra de una crisis sistémica del capitalismo que incluye la decadencia imperial estadounidense y la aparición de un mundo multipolar, la burguesía regional –ya trans-nacionalizada– entiende que debe diseñar su propia estrategia para intentar “domesticar” los procesos de cambio, que también están urgidos de una “tregua”.

Necesidad de una “tregua” para construir autonomía económica y gobierno participativo

30 años de neoliberalismo en América Latina dejaron las economías – especialmente en donde la burguesía industrial era política y económicamente muy débil – en manos de unos cuantos monopolios y en vías de reprimarización. Las pocas industrias que se crearon durante la fase de la sustitución de importaciones fueron afectadas por la “reestructuración post-fordista” con sus fenómenos de deslocalización, transectorización, desconcentración y descentralización de la economía [4].

Así, las economías de la totalidad de países latinoamericanos son sumamente precarias. Los gobiernos de los procesos de cambio –sean de la línea “dura” de Chávez o de la línea “blanda” de Lula– han encontrado unos Estados coloniales que viven en gran parte de las rentas petroleras y gasíferas, de gravar otras rentas menores, los servicios públicos y el trabajo, dado que las industrias que generan plusvalías sostenibles son relativamente escasas.

Por ello, la distensión o tregua que la burguesía trans-nacionalizada en cabeza de Santos está diseñando, puede fortalecer la capacidad de los gobiernos democrático-nacionalistas para invertir en la explotación de los recursos naturales, lo cual va a generar la profundización de las contradicciones con algunos sectores de pueblos indígenas (no tanto con afrodescendientes) y con organizaciones ambientalistas, que colocan como principal contradicción –no el tema de quién explota esos recursos y a favor de qué política– sino la defensa de la naturaleza y el tema del cambio climático.

El tema clásico es que los gobiernos progresistas latinoamericanos saben que tienen que responder –durante el corto y mediano plazo– a planes de desarrollo que tienen como principal sujeto social a la población “informalizada” de las ciudades, a la cual deberá ofrecerle programas sociales asistenciales para ganarlos para el proceso de cambio, y a mediano y largo plazo deberán impulsar programas productivos de nuevo tipo –asociativos, industriales, sostenibles y rentables social y económicamente–, para lo cual necesita importantes recursos financieros que sólo pueden provenir en lo inmediato de explotaciones mineras, petrolíferas o mega-proyectos energéticos de gran cobertura e importancia.

Cualquiera que mire el proceso en su conjunto en Sudamérica puede ver que si los partidos o movimientos que acceden a ciertos niveles de poder y de gobierno se paran en mientes –por pruritos y prejuicios ambientalistas o étnico-culturales (sin negar la necesidad de la concertación razonable)– y no explotan en inmejorables condiciones de financiación y renegociación, los recursos naturales que están a la vista, fácilmente las derechas latinoamericanas van a derrotar a esos gobiernos, no por medio de golpes militares o intervenciones imperiales, sino en el terreno electoral.

Por ello, el interés de los gobiernos “revolucionarios” coincide con el interés de las burguesías trans-nacionalizadas de la región en cuanto a distensionar las relaciones con el gobierno de los EE.UU., mucho más cuando no existe en la región el actor social del socialismo, o si existe no se ha manifestado ni siquiera tan levemente como lo ha hecho en los países árabes o en España. [5]

Así, la burguesía trans-nacionalizada puede arreglar sus cuentas con el imperio estadounidense reacomodándose en el cuadro general de las potencias del mundo como un actor regional, y los gobiernos revolucionarios podrán construir –si se lo proponen– nuevas formas de economías que se conviertan en el sustento de una autonomía popular y democrática, que al lado de democracias participativas contribuyan desde América Latina con las tareas post-capitalistas que las nuevas generaciones ya tienen a la vista.

Distensión Venezuela-Colombia

En el caso de Cuba y la Cumbre de las Américas el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos pretendía hacer una jugada magistral. Él, es especialista en prenderles velas simultáneamente a todos los “santos” y así lo quiere hacer ahora.

Desea mantener su alianza viva con el gobierno de Obama pero quiere construir buenas relaciones con los gobiernos de los países vecinos Ecuador y Venezuela –líderes indiscutibles de la Alianza Bolivariana para las Américas ALBA–, que le garantizan estabilidad política, posibilidades de avanzar hacia acuerdos de Paz con la guerrilla y negocios comerciales que son demasiado valiosos en ésta época de crisis económica.

Hoy, por táctica geopolítica un gobierno como el de Venezuela ha entrado en diálogos y en la ruta de la contemporización con el de Colombia. Entablar relaciones de buena vecindad e incluso impulsar proyectos de desarrollo para los pueblos venezolano y colombiano no puede ser calificado como una traición a la causa de los pueblos y de los trabajadores, porque los intereses del Estado venezolano responden a intereses nacionales –a coyunturas específicas de las contradicciones internas de la sociedad venezolana–, que en últimas a nosotros también nos interesan.

Ello es aceptable y hasta comprensible, pero no quiere decir que las fuerzas sociales y políticas que sustentan el proceso revolucionario de Venezuela deban bajar la guardia frente a la derecha colombiana.

Geo-política vs. Lucha de Clases y política “sistémica”

Los hechos están mostrando que es un error girar en torno al análisis geopolítico sin tener en cuenta la enorme lucha de clases que se vive en el mundo.

El planteamiento central consiste en afirmar que las amenazas de guerra con Irán, las tensiones con Rusia y China, los tires y aflojes frente a los innumerables conflictos regionales y locales que se originan por el control de los recursos energéticos y por los mercados, hacen parte de la política de contención –no ya a una potencia extranjera– sino a las fuerzas sociales insurgentes que están apareciendo en los países de la metrópoli capitalista-imperialista, en los países emergentes (BRICS) y en la periferia, que ellos (los capitalistas-imperiales) saben que son las fuerzas que en los próximos 20-30 años van a poner en jaque a todo su sistema económico y cultural.

No será un país el que encabezará la lucha contra el capitalismo ni un grupo de países los que derrotarán al imperio estadounidense. Son las contradicciones intrínsecas al capitalismo las que están haciendo estallar la “precaria estabilidad del sistema” y están obligando a millones de personas –especialmente a los trabajadores precariados– a asumir, por encima de intereses nacionales, la tarea de construir una sociedad post-capitalista.

Lo que esos cambios dejan ver es la necesidad de tener una política a varios niveles, “sistémica”, “cuántica”. Esa política los capitalistas-imperiales ya la juegan y por ahora la desarrollan a la perfección porque no tienen contrincantes “sistémicos” del otro lado.

¿Qué quiere esto decir? Que en América Latina y en el mundo, es cada vez más urgente independizar la dirección de las fuerzas revolucionarias de la dirección de los gobiernos, para que las estrategias geopolíticas que los gobiernos deban diseñar y realizar, no sea el único campo de acción revolucionaria, y para que efectivamente los gobiernos (que están a la cabeza de “Estados coloniales heredados”) sean un verdadero punto de apoyo y no sean el “todo” de nuestra política.

Es lo que ellos hacen. Obama representa a su gobierno como lo hace Sarkozy o la Merkel, pero el Departamento de Estado, la CIA y todas las agencias para-estatales de estos países y las que ya actúan conjuntamente, así como las cúpulas de los consorcios y clubes capitalistas del mundo entero (incluyendo cúpulas de empresas capitalistas rusas, chinas, brasileras, etc.) se conciertan para diseñar estrategias, no tan sólo contra países “rebeldes”, “díscolos” o “desaplicados”, sino frente a la insurgencia social que ha sacado la cabeza desde enero de 2011.

Nosotros, los pueblos y los trabajadores, necesitamos practicar ese tipo de política. Más allá de lo que puedan o dejen de hacer los gobiernos “revolucionarios”.

Notas:
[1] Ver: Red Roja “Des-inoculándonos la parálisis anti-imperialista”. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=145857

[2] Entendemos por “gran burguesía trans-nacionalizada de la región” a los grandes grupos económicos y financieros de Brasil, Argentina, México, Chile, Colombia, Perú y demás países que cuentan con grandes bancos e inversiones en diferentes áreas de la economía de la región, como el sector energético, telecomunicaciones, y han empezado a incursionar en la gran minería de la mano de poderosas empresas transnacionales.


[3] Ver: Las 20 familias burguesas más ricas de América Latina: http://aranandoelcieloyarandolatierra.blogspot.com/2012/03/las-20-familias-burguesas-mas-ricas-de.html

[4] Deslocalización interna y externa por la búsqueda de “mercados baratos de mano de obra”; transectorización al convertir empresas en productores de partes y servicios para diversos sectores de la producción; desconcentración de funciones y procesos productivos de factorías y fábricas; y descentralización del aparato administrativo.

[5] Ver: El “viejo topo” proletario vuelve a cavar. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122632

Blog del autor: http://aranandoelcieloyarandolatierra.blogspot.com/2012/03/la-gran-burguesia-latinoamericana.html

Venezuela, Wikileaks y los medios.

Vicenç Navarro

Desde hace años, los mayores medios de información estadounidenses y europeos están liderando una campaña de desinformación contra Venezuela, que claramente contradice su supuesta imparcialidad en su cobertura mediática. En realidad, tal cobertura puede definirse como mera propaganda política en contra del gobierno dirigido por el Presidente Chávez. Los documentos publicados por Wikileaks han mostrado como los diferentes gobiernos federales de EEUU han estado interviniendo activamente en la política doméstica de Venezuela, a fin de derrotar al gobierno Chávez, al que consideran una amenaza para los intereses empresariales estadounidenses, que históricamente han gozado de una enorme influencia sobre los gobiernos de aquel país, anteriores al actual. Lo que no se conocía hasta hace poco, sin embargo, era que -según los documentos publicados en Wikileaks- algunos de tales medios, han jugado un papel muy activo en la desestabilización del gobierno Chávez, lo cual no se ha publicado en los mayores medios de información españoles.
La información recogida por Wikileaks, y canalizada a través de algunos de los mayores medios de información, ha permitido detectar un sesgo anti Chávez en tales medios, mostrando un proceso de selección en la publicación de aquellos componentes de Wikileaks que pueden dañar al gobierno Chávez. Tales medios han publicado, por ejemplo, el componente de Wikileaks que señala -según la embajada estadounidense- la influencia que los asesores cubanos tienen en el gobierno venezolano, pero no han publicado la influencia de los asesores durante el gobierno Uribe, el cual gozó de una cobertura muy favorable en los mismos medios. Wikileaks publicó los informes del embajador estadounidense en Colombia, que mostraban la clara participación de sectores del Ejército colombiano en la desaparición y matanza de personas. Colombia es el país latinoamericano que ha tenido un número más elevado de desaparecidos, mucho mayor, por cierto, que Argentina en los años 70 y 80. Los mayores medios de difusión han sido muy escuetos en la cobertura de esta enorme violación de los derechos humanos en Colombia, contrastando con el detalle (y falta de objetividad) en su cobertura de las supuestas (algunas de ellas reales) violaciones de los derechos humanos en Venezuela.
Entre las supuestas violaciones está la eliminación de la libertad de prensa en Venezuela, presentando al gobierno Chávez como dictatorial. Los mayores medios de información españoles presentan como una realidad el que no exista libertad de expresión en los medios venezolanos. El intelectual orgánico del neoliberalismo Latinoamérica, Maria Vargas Llosa, siempre se refiere al Presidente de Venezuela como el dictador Chávez. Y lo mismo ocurre en España. Un ejemplo es el ex Presidente Aznar del Partido Popular que también se refiere constantemente al Presidente de Venezuela como el dictador Chávez. Los datos, sin embargo, no avalan tal definición.
Según la Nielsen Media Research International (que analiza los medios de comunicación a nivel internacional) y lo publicado por el Center for Economnic and Policy Research, de Washington, la gran mayoría de canales televisivos en Venezuela (de donde recibe la información la mayoría de la población) son canales privados. Las cadenas públicas (que son la minoría) cubren sólo un 5% de la audiencia. El 95% de la población recibe la información de los canales privados, la mayoría fuertemente hostiles hacia el gobierno Chávez. Los canales públicos, que cubren un 5% de la audiencia total, tienen un porcentaje mucho menor que en Francia (un 37%) o en Gran Bretaña (37%). Nadie acusa a los gobiernos de estos países de ser dictatoriales. Es cierto que el tono de las televisiones públicas de estos países es mucho menos partidista que los canales públicos venezolanos, con lo cual, la comparación tiene límites. El partidismo de los canales públicos venezolanos es muy acentuado. Ahora bien, la clara hostilidad hacia el gobierno de la mayoría de los canales privados (que cubren a la gran mayoría de la ciudadanía) es enormemente partidista. La neutralidad y objetividad no existe en tales medios, los cuales son meros instrumentos propagandísticos de los grupos de presión afectados por las reformas del gobierno Chávez. Hablar de falta de libertad de expresión, cuando la mayoría de los medios están controlados por la oposición, es un indicador claro de la ausencia de objetividad en la cobertura mediática de lo que ocurre en Venezuela. Y un ejemplo del carácter propagandístico y falta de rigor que caracteriza los discursos de Mario Vargas Llosa y José María Aznar, entre muchos otros.
¿Por qué tal hostilidad hacia gobiernos de izquierda por parte de tales medios (no sólo Venezuela, sino también Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, entre otros han sido víctimas de las campañas de desinformación de tales medios)? La respuesta es fácil de ver. Tales medios son parte de multinacionales mediáticas que controlan la mayoría de medios en Latinoamérica. Sus intereses se encuentran amenazados por tales gobiernos, que intentan diversificar el abanico ideológico en los medios, hasta la actualidad muy dominados por compañías multinacionales de orientación conservadora y neoliberal. Por extraño que le parezca al lector español, Venezuela tiene mayor pluralidad ideológica en los medios que España, donde la extensión de la prensa o medios televisivos de izquierdas es muy limitada. Hay más medios televisivos y rotativos de derechas en Venezuela que medios televisivos y rotativos de izquierdas en España. Imagínense si en España un gobierno de izquierdas quisiera diversificar tal oferta mediática. Habría una enorme movilización de los medios conservadores y neoliberales acusando al gobierno de atacar la libertad de prensa y de expresión. Mientras, su dominio sobre la información, con escasas voces y medios alternativos, lo definen como “libertad de expresión”.

¿Quién está detrás de Yoani Sánchez?.

Por Salim Lamrani La Jornada

Yoani Sánchez, famosa bloguera habanera, es un personaje peculiar en el universo de la disidencia cubana. Jamás ningún opositor se ha beneficiado de una exposición mediática tan masiva ni de un reconocimiento internacional de semejante dimensión en tan poco tiempo.
Después de emigrar a Suiza en 2002, decidió regresar a Cuba dos años después, en 2004. En 2007, integró el universo de la oposición en Cuba al crear su blog Generación Y, y se vuelve una acérrima detractora del gobierno de La Habana.
Jamás ningún disidente en Cuba -quizás en el mundo- ha conseguido tantas distinciones internacionales en tan poco tiempo, con una característica particular: han suministrado a Yoani Sánchez suficiente dinero para vivir tranquilamente en Cuba el resto de su vida. En efecto, la bloguera ha sido retribuida a la altura de 250 mil euros en total, es decir un importe equivalente a más de 20 años de salario mínimo en un país como Francia, quinta potencia mundial. El salario mínimo mensual en Cuba es de 420 pesos, es decir 18 dólares o 14 euros, por lo que Yoani Sánchez ha conseguido el equivalente a mil 488 años del salario mínimo cubano por su actividad de opositora.
Yoani Sánchez está en estrecha relación con la diplomacia estadunidense en Cuba, como señala un cable, clasificado secreto por su contenido sensible, que emana de la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA). Michael Parmly, antiguo jefe de la SINA en La Habana, que se reunía regularmente con Yoani Sánchez en su residencia diplomática personal como lo indican los documentos confidenciales de la SINA, hizo partícipe de su preocupación respecto a la publicación de los cables diplomáticos estadunidenses porWikileaks: Me molestaría mucho si las numerosas conversaciones que tuve con Yoani Sánchez fueran publicadas. Ella podría pagar las consecuencias toda la vida. La pregunta que viene inmediatamente en mente es la siguiente: ¿por cuáles razones Yoani Sánchez estaría en peligro si su actuación, como lo afirma, respeta el marco de la legalidad?
En 2009, la prensa occidental mediatizó fuertemente la entrevista que el presidente Barack Obama había concedido a Yoani Sánchez, lo que se consideró como un hecho excepcional. Sánchez también había afirmado haber mandado un cuestionario similar al presidente cubano Raúl Castro y que ése no se había dignado en responder a su solicitud. Sin embargo, los documentos confidenciales de la SINA, publicados por Wikileaks, contradicen esas declaraciones.
Se descubrió que en realidad fue un funcionario de la representación diplomática estadunidense en La Habana quien se encargó de redactar las respuestas a la disidente y no el presidente Obama. Más grave aún,Wikileaks reveló que Sánchez, contrariamente a sus afirmaciones, jamás mandó un cuestionario a Raúl Castro. El jefe de la SINA, Jonathan D. Farrar, confirmó esta realidad en un correo enviado al Departamento de Estado: Ella no esperaba una respuesta de éste, pues confesó que nunca las [preguntas] había mandado al presidente cubano.

La cuenta Twitter de Yoani Sánchez

Además del sitio en Internet Generación Y, Yoani Sánchez dispone también de una cuenta Twitter y reivindica más de 214 mil seguidores (registrados hasta el 12 de febrero de 2012). Sólo 32 de ellos residen en Cuba. Por su lado, la disidente cubana sigue a más de 80 mil personas. En su perfil, Sánchez se presenta del siguiente modo: Blogger, resido en La Habana y cuento mi realidad en trozos de 140 caracteres. Twitteo vía sms sin acceso a la web.
No obstante, la versión de Yoani Sánchez es difícilmente creíble. En efecto, resulta absolutamente imposible seguir a más de 80 mil personas, sólo por sms o a partir de una conexión semanal desde un hotel. Un acceso diario a la red es indispensable para ello.
La popularidad en la red social Twitter depende del número de seguidores. Cuanto más numerosos son, mayor es la exposición de la cuenta. Del mismo modo, existe una fuerte correlación entre el número de personas seguidas y la visibilidad de la propia cuenta. La técnica que consiste en seguir numerosas cuentas se utiliza comúnmente para fines comerciales, así como por la clase política durante las campañas electorales.
El sitio www.followerwonk.com permite analizar el perfil de los seguidores de cualquier miembro de la comunidad Twitter. El estudio del caso Yoani Sánchez es revelador en varios aspectos. Un análisis de los datos de la cuenta Twitter de la bloguera cubana, que se realizó a través del sitio, revela a partir de 2010 una impresionante actividad de la cuenta de Yoani Sánchez. Así, a partir de junio de 2010, Sánchez se ha inscrito en más de 200 cuentas Twitter diferentes cada día, con picos que podían alcanzar 700 cuentas en 24 horas. A menos de pasar horas enteras del día y de la noche en ello -lo que parece altamente improbable- resulta imposible abonarse a tantas cuentas en tan poco tiempo. Parece entonces que ha sido generado mediante un robot informático.
Del mismo modo, se descubre que cerca de 50 mil seguidores de Sánchez son en realidad cuentas fantasmas o inactivas, que crean la ilusión de que la bloguera cubana goza de una gran popularidad en las redes sociales. En efecto, de los 214 mil 63 perfiles de la cuenta @yoanisanchez, 27 mil 12 son huevos (sin foto) y 20 mil revisten las características de cuentas fantasmas con una actividad inexistente en la red (de cero a tres mensajes mandados desde la creación de la cuenta).
Entre las cuentas fantasmas que siguen a Yoani Sánchez en Twitter, 3 mil 363 no tienen a ningún seguidor y 2 mil 897 sólo siguen la cuenta de la bloguera, así como a uno o dos cuentas. Del mismo modo, algunas cuentas presentan características bastante extrañas: no tiene ningún seguidor, sólo siguen a Yoani Sánchez y han emitido más de 2 mil mensajes.
Esta operación destinada a crear una popularidad ficticia vía Twitter es imposible de realizar sin acceso a Internet. Necesita también un apoyo tecnológico así como un presupuesto consecuente. Según unainvestigación que realizó el diario La Jornada, titulada El ciberacarreo, la nueva estrategia de los políticos en Twitter, sobre operaciones que implicaban a candidatos presidenciales mexicanos, numerosas empresas de Estados Unidos, Asia y América Latina ofrecen este servicio de popularidad ficticia (ciberacarreo) a precios elevados. “Por un ejército de 25 mil seguidores inventados en Twitter -dice el periódico- se pagan hasta 2 mil dólares, y por 500 perfiles manejados por 50 personas se pueden gastar entre 12 mil y 15 mil dólares”.
Yoani Sánchez emite un promedio de 9.3 mensajes al día. En 2011, la bloguera publicó un promedio de 400 mensajes al mes. El precio de un mensaje en Cuba es de un peso convertible (CUC), lo que representa un total de 400 CUC mensuales. El salario mínimo en Cuba es de 420 pesos cubanos, es decir alrededor de 16 CUC. Cada mes Yoani Sánchez gasta el equivalente de dos años de salario mínimo en Cuba. Así, la bloguera gasta en Cuba una suma que corresponde, si fuera francesa, a 25 mil euros mensuales en Twitter, es decir 300 mil euros anuales. ¿De dónde proceden los recursos necesarios a estas actividades?
Otras preguntas surgen de modo inevitable. ¿Cómo Yoani Sánchez puede seguir a más de 80 mil cuentas sin un acceso permanente a Internet? ¿Cómo ha podido abonarse a cerca de 200 cuentas diferentes diarias como promedio desde junio de 2010, con picos que superan las 700 cuentas? ¿Cuántas personas siguen realmente las actividades de la opositora cubana en la red social? ¿Quién financia la creación de las cuentas ficticias? ¿Con qué objetivo? ¿Cuáles son los intereses que se esconden detrás de la figura de Yoani Sánchez?

Salim Lamrani, graduado de la Universidad de La Sorbona, es profesor encargado de cursos en la Universidad Paris-Descartes y la Universidad París-Est Marne-la-Vallée y periodista francés, especialista en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Autor de Fidel Castro, Cuba y Estados Unidos (2007) y Doble Moral. Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos (2008), entre otros libros.

El País, Perú y Ollanta Humala.

Pascual Serrano

El sábado 21 de enero encontramos a toda página en El País una publicidad especialmente curiosa que nos ayudará a comprender algunas cuestiones. El anuncio parece informar de un encuentro denominado “Invertir en Perú” y, aunque señala la fecha, el 26 de enero en Madrid, no indica ni la hora ni el lugar exacto. En cambio, sí especifica las intervenciones que habrá en el encuentro. Por parte de Perú, los ministros de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo. Por parte de España, el ministro de Economía y directivos de Repsol, Teléfonica y BBVA. Se indica también que el evento lo clausura el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala. En la foto del anuncio, sin ningún pudor, presentan un montaje del Machu Picchu rodeado de tres horribles edificios insertados a golpe de Photoshop en los Andes que, se sobrentiende, son sedes de cada una de las tres multinacionales citadas. La publicidad aparece pagada -como no- por Telefónica, BBVA y Repsol, con sus tres logos en la parte inferior de la página. Pero también por dos periódicos, el peruano La República y el español El País, lo que vuelve a mostrarnos la estrecha relación en objetivos comerciales entre periódicos y multinacionales.

Un encuentro de este tipo, es decir, de multinacionales españolas con el staff ministerial de un gobierno latinoamericano, bendecido por la clausura de su presidente es, sin ninguna duda, el mejor escenario para los poderes económicos. De ahí el entusiasmo de multinacionales y medios de comunicación en pagar una página de publicidad. Sin duda un gesto así por parte de un gobierno y su presidente debe ser adecuadamente correspondido por el diario El País, diligente brazo mediático de los grupos multinacionales españoles, entre otras razones porque o son accionistas de la empresa (caso de Telefónica) o porque son acreedores de sus préstamos impagados y vencidos hace ya mucho tiempo (caso del BBVA), o porque son poderosos anunciantes (caso de Repsol). Por ello, al día siguiente, aparece en la edición del domingo un “Diálogo con el presidente de Perú” de cuatro páginas y firmado nada menos que por el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián. Se anuncia ya desde portada con un titular que ya comienza a devolver favores: “Ollanta Humala, el buen guerrero”. Humala intentó un levantamiento militar en el año 2000 pero, a diferencia de Hugo Chávez, el periódico El País nunca le llama ahora ex golpista. El consejero delegado de Prisa se ve obligado a explicarlo al inicio de la entrevista: “Yo tenía de él una imagen estereotipada de que la mayoría de los medios occidentales y la casi totalidad de su país habían difundido: un militar golpista, un Chávez a la peruana que había cambiado al exuberancia caribeña por la severidad del inca, pero que en el fondo constituía la misma amenaza para la democracia que la representada por cualquiera de los otros caudillos latinoamericanos de nuevo cuño”. Pobre Juan Luis Cebrían, víctima desinformada de los medios occidentales, él, ex director y consejero delegado del más importante grupo mediático occidental en español.

Qué lejos queda aquel 30 de marzo de 2006 cuando el entonces candidato presidencial Ollanta Humala era amigo de Hugo Chávez y el diario El País le dedicaba un reportaje titulado “Viaje al feudo del caudillo peruano”. Entonces escribían cosas así; “el ex teniente coronel vuelve a Tacna, la última ciudad peruana antes de pasar a Chile. Muy cerca de allí, en Locumba, en octubre de 2000, al mando de 69 reclutas, se sublevó contra Alberto Fujimori”, “Tacna es el corazón del movimiento de un candidato cuya vida política comenzó hace apenas 11 meses y cuya familia pone los pelos de punta a muchos peruanos”, “La familia, su militarismo y su falta de experiencia han sido sus flancos más cuestionados por sus principales rivales”, “Por la noche, en el mitin, la parafernalia castrense lo invade todo. Los llamados reservistas, muchos ex combatientes contra la guerrilla de Sendero Luminoso y en la guerra contra Ecuador (1995), vestidos con una camiseta negra con inscripciones en amarillo y pantalones de combate, se ocupan de la seguridad del Comandante”.

A Juan Luis Cebrián se le olvidó añadir el domingo 22 de enero que esa imagen estereotipada de golpista a lo Hugo Chávez se esfumó cuando tuvo a Humala invitando a las multinacionales españolas a su país. Y más todavía si el presidente aprueba que los libros de texto de los colegios peruanos sean de la editorial Santillana, eso merecería otra gran entrevista. O quizás ya fue ese el pago por la del 22 de enero.

Hace años un ministro cubano me preguntó de forma discreta y confidencial, cómo debía hacer su gobierno para que el diario El País informara con veracidad de la realidad cubana. Yo le dije que eso era muy sencillo de conseguir. Bastaba con que privatizaran su servicio telefónico y se lo dieran a Telefónica, su sistema eléctrico a Endesa o Iberdrola, la gestión de sus pensiones, sus servicios de seguros y financieros al BBVA o al Banco de Santander, los libros de texto de sus colegios deberán ser de Santillana y los de Alfaguara sin coste alguna en la importación y facilidades para la distribución. En esa línea, y verán qué amables comenzarían a ser las informaciones y editoriales del diario El País. Esa política es la que tenía Argentina en el año 2000. Sufrió una crisis formidable que dejó a los ciudadanos en la indigencia, pero El País nunca criticó las políticas de aquellos gobiernos. Parece que ha sido Ollanta Humala quien escuchó mis irónicas recomendaciones.

Un último detalle. Finalmente entramos en la página web del diario donde se da más información del encuentro y pudimos conocer el lugar: El Casino de Madrid, en la calle de Alcalá. Sin duda el lugar más adecuado, un casino.

http://www.pascualserrano.net/

¿Por qué la Reforma Laboral del PP es el mayor ataque a los derechos de la clase trabajadora desde la transición?.

Teo Navarro
Rebelión
En un primer análisis de urgencia basta con analizar el contenido de las medidas anunciadas hoy por la ministra de Trabajo en nombre del gobierno para poder concluir, sin el menor atisbo de exageración, que estamos ante la mayor agresión a los derechos de la clase trabajadora desde la transición.
Desde aquellos lejanos Pactos de la Moncloa (1977) y Estatuto de los Trabajadores (1980), que ya empezaron hace más de tres décadas a liquidar algunos de los derechos (despido libre y rebaja de la indemnización por despido o incrementos salariales según la inflación prevista), duramente conquistados por la clase trabajadora con su poderosa lucha durante la etapa final del franquismo, hasta hoy han sido nueve las reformas laborales que los partidos del capital en el gobierno (UCD, el PSOE o el PP) han aprobado.
Con ellas han ido imponiendo una creciente desregulación, flexibilidad y precariedad laboral, ya sea de forma pactada con los dirigentes de CCOO y UGT, con su pasividad cómplice o con una respuesta timorata e inconsecuente por su parte como el 29-S. De hecho, han sido los incalificables burócratas de CCOO y UGT quienes han allanado el camino a la reforma del PP con su pacto previo con la patronal donde aceptaban, entre otras cosas, el retroceso de los salarios por tres años más, con la que está cayendo sobre los trabajadores.
La reforma que hoy ha anunciado el gobierno supone, en ese contexto, un salto cualitativo por varias razones, entre las que cabe destacar:

- Es la mayor agresión conocida a la negociación colectiva: además de hacer prevalecer los convenios de empresa sobre los de nivel superior, aumenta el poder empresarial al facilitar las cláusulas de descuelgue –ya aceptadas por CCOO y UGT— y cargarse la “ultraactividad” de los convenios (dejan de prorrogarse automáticamente pasados dos años después de haber vencido). Todo ello facilitará que los empresarios puedan imponer unilateralmente peores condiciones salariales y laborales a los trabajadores, limitando su capacidad de respuesta.

- Se suprime la autorización administrativa previa en los EREs, es decir, los empresarios podrán realizar despidos colectivos sin ninguna traba, y se extienden además al sector público la posibilidad de realizarlos. Esta era una vieja aspiración también de la patronal, como las anteriores.

-El despido se abarata drásticamente por varias vías: se generaliza el despido improcedente a 33 días por 24 mensualidades (desapareciendo el despido de 45 días por 42 mensualidades) y se imponen nuevas causas para el despido justificado (bastará que una empresa vea reducidos sus ingresos durante tres meses consecutivos) que facilitarán que la mayoría de despidos sean objetivos (20 días por 12 mensualidades).

-Se abre un nuevo y amplio abanico de bonificaciones a la patronal por contrataciones, es decir, se restan ingresos a la Seguridad Social (salario indirecto y diferido de los trabajadores) y, puestos a regalar dinero de los trabajadores al capital, se establece que los patronos puedan cobrar una parte de la prestación de desempleo de un parado (el 50% durante 12 meses) por contratarlo, mientras seguirá diciendo que escasea el dinero para pagar las pensiones o la prestación de desempleo.

-Se mantienen las formas más precarias de contratación –contrato de aprendizaje—y el límite a 24 meses en el encadenamiento de contratos temporales es poco menos que un chiste si tenemos en cuenta que se precariza todo el empleo, ya que se abarata el despido, igualando a la baja los contratos indefinidos con los temporales. Eso al margen del fraude patronal generalizado.

-Las ETT’s pasan a tener un papel central como agencias de colocación, lo que en la práctica supone la privatización del INEM por la vía de desviar su actividad hacia esas empresas de traficantes de trabajadores.

-En el mismo sentido, de reducir derechos de los trabajadores y culpabilizarlos, aprovechando para privatizar lo público, se endurece la “lucha contra el absentismo” laboral, dando mayor poder de control a las mutuas patronales, y se pretende que los parados con prestación realicen “trabajo social para la comunidad”, es decir, se les culpabiliza de su situación (cobran del Estado sin hacer nada) y se les utiliza para cubrir servicios públicos que corresponderían al Estado.

-Poco se puede decir de la broma de mal gusto (¡un nuevo derecho!) sobre el derecho de los trabajadores indefinidos a 20 horas anuales de formación a cargo de la empresa. Supondrán millones de horas de formación y resulta sospechoso que “los centros de formación acreditados ejecuten directamente los planes de formación”: parece evidente que a CCOO y UGT no les disgustará este punto teniendo en cuenta su implantación en esa actividad.

Es una reforma laboral contra la clase trabajadora, los verdaderos productores de riqueza y la inmensa mayoría de la sociedad, en beneficio del capital. Y ningún trabajador o trabajadora (activo o parado, indefinido o temporal, del sector público o del privado, autóctono o inmigrante, joven o mayor) escapa a sus efectos, independientemente de la conciencia o el conocimiento que pueda tener sobre ello.
Ni que decir tiene, por lo tanto, que tamaña agresión exige una respuesta lo más unitaria, amplia y sostenida en el tiempo que sea posible, si se quiere tener posibilidades reales de echarla abajo, partiendo de la convocatoria de una huelga general, como ya se ha hecho en Galiza, como primer paso en esa dirección. Una huelga general que debe partir de la explicación de los efectos de esta agresión para movilizar todo el potencial de lucha. Una agresión que hay que ver, además, como parte de la enorme ofensiva del capital y sus gobiernos contra los derechos también sociales de la mayoría social trabajadora, sobre la que quiere descargar la crisis ocasionada por el capital. A esa tarea debieran volcarse el sindicalismo de clase y alternativo, el activismo sindical y los movimientos sociales comprometidos con los intereses populares.

Químicamente tóxico.

Silvia Ribeiro
La Jornada (México)

A principios de este año, el gobierno aprobó la siembra piloto de 63 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, a favor de la trasnacional Monsanto. El titular de Sagarpa, responsable por esta decisión que pone en riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país, declaró en una reunión con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y organizaciones de productores, ambientalistas y sociales, que no conocía los detalles de los dictámenes técnicos, pero que se tomarían medidas de bioseguridad, como plantar maíz transgénico amarillo y no blanco que es el de mayor consumo humano –manifestando su sorprendente ignorancia de que el cruzamiento y contaminación entre estas variedades es totalmente viable y seguramente ocurrirá– y agregando que en materia de transgénicos no somos químicamente puros, tenemos intereses económicos y políticos (Greenpeace México, 19/1/2012).
En realidad, esto último es lo único que cuenta en materia de transgénicos: los intereses económicos de cuatro multinacionales que controlan virtualmente ciento por ciento de los transgénicos en el mundo (Monsanto monopoliza más de 80 por ciento y todas son fabricantes de venenos) y los de los políticos con que éstas se relacionan, por decirlo de algún modo. Por supuesto no son químicamente puros, son puramente tóxicos.
México no necesita transgénicos en ninguna situación: el maíz transgénico produce igual o menos que los híbridos, usa más agroquímicos que cada vez son más tóxicos, conlleva nuevos problemas a la salud y al ambiente, las semillas son más caras y están todas patentadas a favor de unas cuantas multinacionales. Es la única semilla que contamina a las demás. Aunque el maíz híbrido también emite polen y se cruza con las variedades nativas campesinas, se trata de cruzas entre maíces, que la sabiduría campesina puede incluso aprovechar, o si no le sirve, descartarla. En el caso de los transgénicos, la cruza no es solamente entre maíces, es con otras especies que han sido manipuladas, como bacterias, virus y genes de plantas y animales que nunca se cruzarían naturalmente con el maíz, por lo que implican impactos desconocidos y con riesgos devastadores para la biodiversidad natural y la del maíz. La contaminación es inevitable y como son genes patentados, se convierte en un delito para las víctimas, que deben pagar a las empresas por un absurdo uso indebido de patentes. Los transgénicos también han puesto en crisis a miles de familias dedicadas a la apicultura, al contaminar la miel con transgénicos, impidiendo su exportación a Europa, el mayor comprador.
Pese a estos datos contundentes, el gobierno ha autorizado más de un centenar de siembras experimentales y ahora comienza a escalar las de fase piloto. La diferencia entre ambas es que las siembras piloto son en mayor extensión, a campo abierto y lo cosechado se puede comercializar. No se trata realmente de experimentos, lo único que el gobierno observa son las supuestas características agronómicas de los cultivos según las empresas, no la contaminación genética ni los impactos sobre la biodiversidad, que es lo esencial y diferente en México, ya que es centro mundial de origen del maíz. La UCCS mostró además que la contaminación puede alcanzar enormes distancias: siembras piloto de algodón transgénico contaminaron algodón nativo silvestre a miles de kilómetros de las siembras originales. (http://www.uccs.mx/, comunicado 27/01/12).
El 7 de febrero 2012, la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos publicó un documento mostrando que al contrario de lo que dice Monsanto y sus organizaciones pantalla (como Agrobio México), la experiencia de 15 años demuestra que las semillas transgénicas han promovido la resistencia a agrotóxicos en malezas y plagas, han aumentado exponencialmente el volumen de agroquímicos y tóxicos, cada vez más fuertes y peligrosos, han contaminado genéticamente y dañado a los cultivos orgánicos, hacen muy difícil las alternativas y usaron decenas de millones de dólares en propaganda para persuadir a los políticos que les permitan continuar pese a impactos y malos resultados. También desplazaron y abusaron de la investigación agrícola pública, y en lugar de alimentar al mundo como autoproclaman las empresas, impiden las verdaderas soluciones para ello.
Casi al mismo tiempo, se aprobó en Estados Unidos el primer maíz transgénico con resistencia al agrotóxico 2, 4-D, uno de los componentes del agente naranja, arma química desarrollada por Monsanto y Dow y usada en la guerra de Vietnam, compuesto cancerígeno que después de tres generaciones, sigue teniendo secuelas en los descendientes de las víctimas y en la naturaleza.
Este es el camino inevitable al que llevan los transgénicos: aumento a gran escala de químicos cada vez más tóxicos, de altísimo impacto en la salud y el ambiente, ya que las malezas e insectos se vuelven resistentes. Es una guerra sin fin y un gran negocio para los que fabrican venenos.
Todo esto lo saben los que toman las decisiones, pero intencionalmente no atienden ninguno de los muchos argumentos científicos, sociales, culturales, legales, de los pueblos, contra los transgénicos. Por ello se abrió una audiencia sobre maíz y soberanía alimentaria en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tendrá un proceso de análisis, testimonios y denuncias en los próximos dos años, para juzgar ante el mundo esta historia de impunidad y violencia que pretende erradicar la autonomía de los pueblos campesinos e indígenas y toda forma de producción independiente de alimentos.

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC
Fuente:http://www.jornada.unam.mx/2012/02/11/index.php?section=opinion&article=029a1eco

¿Qué pasa en Siria?.

DALIA GONZÁLEZ DELGADO (Diario Granma).

Qué pasa en Siria, y sobre todo, qué pasará en los próximos días, son preocupaciones de gran parte de la comunidad internacional.
Los debates recientes en el Consejo de Seguridad de la ONU fueron un avance, mostraron posiciones. Estados Unidos, la Unión Europea y la Liga Árabe piden un cambio de régimen (palabra mágica solo utilizada, curiosamente, para referirse a los países que no se someten al designio imperial).
El plan es el siguiente: establecer apresuradamente un consejo de transición como único representante del pueblo sirio, sin considerar si tiene verdadero apoyo dentro de ese país; introducir insurgentes armados desde Estados vecinos; imponer sanciones; montar una campaña mediática para denigrar cualquier esfuerzo sirio de reforma; tratar de instigar divisiones dentro del ejército y de la elite; y el presidente Bashar al Assad terminará por caer.
Quieren repetir el guion libio, pero el escenario es otro. Esta vez, con una posición más firme, Rusia y China sí vetaron la resolución contra Damasco. Además, en Siria hay un ejército muy fuerte y una población con un sentimiento nacional muy arraigado.
Las manifestaciones populares que se iniciaron en ese país se produjeron por problemas internos. Las estructuras de seguridad cometieron excesos. El propio Gobierno lo ha reconocido y está tratando de enmendar sus errores. Un ejemplo de esto es la amnistía para los presos. Pero lamentablemente, como explica el investigador cubano Ernesto Gómez Abascal, parte de la justa oposición fue secuestrada por intereses extranjeros.
¿Por qué Siria? Las guerras en Oriente Medio han perseguido fines económicos, pero esta explicación por sí sola sería demasiado simplista.
Para los analistas está claro que la imposición en Siria de un poder servil a las potencias occidentales significaría una puñalada por la espalda contra el movimiento popular de Líbano y contra la resistencia palestina. Hasan Nasrallah, líder de Hezbollah (principal fuerza militar libanesa que luchó contra la invasión de Israel en el 2006) lo denunció a comienzos de diciembre: "Lo que quieren no son reformas políticas ni la lucha contra la corrupción, sino un régimen de traición árabe que se entregue a Estados Unidos e Israel".
Abascal coincide con esta opinión: "La guerra contra Siria persigue claros objetivos políticos y geoestratégicos, pues este país, desde hace tiempo, forma parte del eje antimperialista compuesto por Irán; el poder de Hezbollah y las fuerzas patrióticas en Líbano".
"Quieren imponer en Damasco un gobierno títere para después acometerla contra Líbano y finalmente, en condiciones de mayor aislamiento regional, lanzarse contra Irán".
Un gobierno prooccidental en Siria debilitaría también la influencia de Rusia, "que no podría continuar disponiendo de las facilidades que ahora tiene su flota de guerra en el Puerto de Tartús, única base de atraque y abastecimiento de sus barcos en el Mediterráneo", explica Abascal.
Ya es costumbre la injerencia de Estados Unidos y el respaldo de la Alianza Atlántica, pero ¿y la Liga Árabe?
Primero es necesario personalizar. Esta organización está en las manos de las seis monarquías del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), especialmente Arabia Saudita y Catar.
Ya la primera dijo que reconocería al autoproclamado Consejo Nacional Sirio (CNS) como "representante oficial" del pueblo sirio, según declaraciones del ministro de Exteriores saudí, príncipe Saud al-Faisal. Y el rey Abdullah ha dejado muy claras sus intenciones: "Nada debilitaría más a Irán que la pérdida de Siria".
Asimismo, en el periódico The Times del Reino Unido han aparecido informaciones de que Arabia Saudita y Catar empezarán a financiar al CNS, organización que, por cierto, nació en Turquía, único miembro islámico de la OTAN. Desde las fronteras turcas, además, se han infiltrado grupos armados de lo que califican como "Ejército Libre de Siria".
No nos engañemos, el eje OTAN/CCG + Israel no trata de ayudar, pues la solución nunca puede ser una intervención extranjera; ni una agresión armada, ni la aplicación de sanciones que en definitiva afectan al pueblo sirio.
Los problemas de ese país los debe resolver su propio pueblo. Incluso los opositores legítimos al Gobierno así lo reconocen. Kadri Jamil, presidente del Partido de la Voluntad Popular, plantea que "la solución es la formación de un Gobierno de unidad nacional, sin injerencias, con la implicación de los partidos políticos existentes y los próximos a crearse. Pero la participación del Consejo Nacional Sirio es imposible. Ellos no tienen ninguna representación en el país. Está compuesto por extranjeros que nada tienen que ver con nosotros".
"La oposición que está operando desde fuera no es nacionalista. Responde a intereses occidentales que quieren influir en el país. Las interferencias extranjeras no solucionarán los problemas internos".

En el 35 aniversario del asesinato de los abogados de Atocha.

Secretaría de Comunicación del PCE.

Hoy 24 de enero conmemoramos el 35 aniversario de los Abogados de Atocha. Aquel fatídico día de 1977, un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpieron en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas presentes.En este acto terrorista fallecieron los abogados, Javier Sauquillo, Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Serafín Holgado y el sindicalista Ángel Rodríguez Leal y resultaron heridos de gravedad Alejandro Ruiz Huertas, Mª Dolores González, Luís Ramos y Miguel Sarabia.Durante estos años desde el PCE hemos venido recordándolos, así como impulsando actos y propuestas para que su lucha y lo que esta supuso al movimiento obrero, la democracia y la libertad sea conocida.Este 35 aniversario lo recordamos inmersos en una ciclo de retroceso de derechos de la clase trabajadora con la excusa de la crisis, derechos que no fueron una concesión del régimen asesino de Franco, ni de los gobiernos de la transición, sino fruto de las luchas del movimiento obrero en las que muchos se dejaron la vida, hoy se hace necesario recordar aun más a los que lucharon por la libertad y los derechos sociales.