24 junio 2012

Paraguay: otro golpe gestado por el Imperio.

escrito por Carlos Aznárez



Finalmente la derecha oligárquica paraguaya ha conseguido su objetivo: el presidente Lugo ha sido derrocado sin pena ni gloria. Sobre todo esto último.
Este golpe palaciego, ejecutado en tiempo récord, no es sólo el producto de una maniobra de los sectores más retrógrados de la política local, firmemente anclados en las ideas de la dictadura stronissta, que gobernó el país durante 35 años y alargó su presencia en los gobiernos que le sucedieron, sino que aparece como el resultado de una estrategia ofensiva que el imperialismo norteamericano viene desarrollando en todo el continente.
¿Por qué decimos esto? Si por un momento observamos el mapa latinoamericano, y vemos las últimas iniciativas encaradas por el Comando Sur, al ir instalando bases en cada uno de los países que consideran claves para desarrollar sus tareas injerencistas, nos daremos cuenta que lo del Paraguay es la consecuencia lógica de un nuevo operativo de ocupación territorial. A los antiguos enclaves militares donde flamea la bandera norteamericana y se confunden instructores gringos con tropas del país que los acoge, se han ido sumando ahora la bases de "ayuda humanitaria" que abren el camino -con abiertas complicidades locales- a la presencia explícita o encubierta de los invasores.
A esto se le suman los distintos reveses electorales a manos de la derecha que vienen produciéndose en varios países en los dos últimos años, como consecuencia de la reacción imperial frente al saludable ejercicio para los pueblos de haber instalado durante más de una década, por el voto directo, a gobiernos revolucionarios y progresistas. Pero si hoy sacamos la cuenta de cuántas de esas experiencias quedan en pie, nos sorprenderíamos. Ya gobierna la derecha en Chile, Paraguay, Panamá, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Colombia y México, mientras se encuentran en un proceso de transición -por debilidad ideológica o por simple traición a sus postulados originales- Perú y El Salvador, cuyos mandatarios no dejan de halagar a Washington en detrimento de la alianza antiimperialista forjada en los países del ALBA.
 
Es en este marco entonces, que sobreviene el golpe en Paraguay. Pero aquí hay otro elemento que no puede dejar de mencionarse. Y es el papel que ha jugado el propio presidente Lugo. Por un lado, a la hora de gestar la alianza que lo llevó al Gobierno, quedaba claro que ésta se manifestaba en dos importantes sectores: por un lado el movimiento popular nutrido especialmente del combativo campesinado paraguayo, ese mismo que significó un dolor de cabeza para el dictador Stroessner y los latifundistas del Partido Colorado. En el otro andarivel de la misma coalición, estaba el centroderechista Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Un nucleamiento que en esencia sigue sosteniendo los postulados ideológicos de su casa matriz, los colorados stronisstas. Ellos precisamente colocaron en un sitio clave, la vicepresidencia, a Federico Franco, el Judas que ahora se ha hecho con el poder como consecuencia del golpe parlamentario, militar, judicial y eclesiástico.
 
Siempre se sostuvo, desde las filas del luguismo que esa coalición electoral era necesaria, porque si no resultaría imposible vencer a la oligarquía del Partido Colorado, el problema es que una vez en el gobierno, las concesiones se hicieron ostensiblemente inclinadas hacia ese sector. El propio Lugo, que cuando era Obispo en San Pedro, se había juramentado a conseguir la reforma agraria y otras reivindicaciones para "su pueblo campesino ", fue dándole lentamente la espalda a estas demandas. Más aún, no dudó en generar nuevos proyectos de ley para reprimir a quienes le cuestionaban sus promesas incumplidas.
Antes de llegar a la reciente masacre de Curuguaty, hubo numerosos y graves hechos de violencia estatal contra el campesinado, que después de un primer año de espera y frustración, se decidió a hacer lo que marca la historia del Paraguay contemporáneo: ocupar tierras para sobrevivir en un país donde el 20% de las familias agrarias de la oligarquía son dueñas del 80% del territorio. Situación que se ha ido agravando por la falta de respuesta estatal ante la invasión que producen desde Brasil los pulpos sojeros (denominados "brasiguayos") que no dudaron en expulsar a los campesinos paraguayos de las pocas hectáreas que les pertenecían.
 
Para detener las demandas y protestas campesinas, Lugo se vio presionado a aceptar las recetas del Imperio, gestadas por la oligarquía colorada latifundista. Así fueron aprobadas la ley antiterrorista y la militarización del norte paraguayo, con la consiguiente detención arbitraria de cientos de campesinos, o la criminalización permanente de aquellos dirigentes históricos que exigían detener la represión. Para "capacitar" aún más a la policía paraguaya, Lugo se abrazó con su colega Uribe Vélez, y comenzó un trasiego de instructores del temible DAS colombiano, justamente en el momento en que los países del ALBA demandaban al gobierno colombiano por dar luz verde a nuevas bases norteamericanas en su territorio.
 
Lugo fue eligiendo, por debilidad o por falta de voluntad política, ejercer un mando muy condicionado. Si bien de fronteras para afuera parecía comulgar con el pensamiento rebelde de los países que enfrentan a diario al Imperio, en el quehacer local se enredaba constantemente en una telaraña que lo fue alejando de quienes más lo apoyaron.
Lo ocurrido en Curuguaty desbordó el vaso. La policía stronissta que Lugo no supo o no pudo depurar, montó un operativo represivo -como otros tantos, salvo que en éste se encontró con resistencia campesina- y el resultado fue una masacre. Frente a esos graves hechos, Lugo se preocupó más en calmar los reclamos del latifundista colorado Blas Riquelme y en dar los pésames por los policías muertos, que en consolar a los familiares de los once campesinos asesinados y en algunos casos, previamente torturados. Más aún, en declaraciones pronunciadas en las primeras horas, no dudó en criminalizar a quienes ocupaban tierras -sabiendo que las mismas eran mal habidas- como resultado de demandas históricas nunca tenidas en cuenta. De los hechos de Curugaytí quedaron también numerosos detenidos, que también fueron torturados, y a los que ahora se los acusa de homicidio.
 
Si faltaba algo para demostrar que el ex presidente -el que legítimamente había sido elegido por los sectores populares- ya no gobernaba, vinieron las designaciones de un nuevo ministro del Interior y el jefe de policía, ambos comprometidos con la corrupción y la represión generada durante años por el partido Colorado.
Con todos estos ingredientes, y la decisión de sus aliados del PLRA de darle definitivamente la espalda, la caída de Lugo fue cuestión de horas. A pesar de ello, demostrando una vez más la nobleza del sufrido pueblo paraguayo, miles de campesinos cortaron rutas y se movilizaron hacia Asunción, rechazando el juicio político a un Presidente en el que ya no confiaban pero que preferían una y mil veces antes de que retornaran los herederos de Stroessner. Ante esa patriada de urgencia, Lugo vuelve a fallarle a su pueblo y literalmente se suicida. No resiste ni llama a resistir. Acepta mansamente, al revés de lo que hizo su colega Zelaya, la resolución de los golpistas, con la excusa baladí de no violentar la justicia. Ni siquiera opta por jugar la carta posible, de amotinarse, sabiendo que contaba no sólo con el respaldo del pueblo en la calle sino que también lo favorecía la unánime solidaridad de los gobiernos de la UNASUR.
 
Ahora que la suerte ya está echada y que Paraguay se ha convertido en una nueva Honduras, seguramente el campesinado y los trabajadores del Paraguay, habrán de sufrir las peores consecuencias de lo que se ha gestado, pero como lo han hecho a lo largo de décadas, están obligados a volcar toda su imaginación en nuevas fórmulas de resistencia.
En Paraguay, el imperialismo ha vuelto a probarse a sí mismo lo fácil que le resulta derrocar un gobierno, y deja la advertencia de que no cejará de intentarlo en otros países del continente. A la vez, estos hechos ofrecen varias consecuencias que es indispensable tomar en cuenta:
 
1) Las limitaciones de gobiernos que no se deciden a avanzar, de la mano de sus pueblos, en el enfrentamiento contra el Imperio (como bien lo han hecho Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, o como siempre ha demostrado Cuba socialista). En ese sentido, de poco sirven los coqueteos o licencias que se otorgan en el continente a las trasnacionales, que actúan como quinta columna de los intereses del capitalismo salvaje;
 
2) No es posible gobernar si no se depuran (o por lo menos se lo intenta) las instituciones centrales que durante años han respondido a la derecha oligárquica y pro-imperialista de cada país. Justicia, Fuerzas Armadas, Iglesia, Medios de comunicación, terminan siendo el acicate desde el cual se desestabilizan los procesos de cambio en el continente. Las experiencias paraguaya y hondureña son el mejor ejemplo de ello.
 
3) De nada sirve, en la necesidad de llegar al poder, gestar alianzas contra natura. Tarde o temprano, esa posibilidad golpea como un boomerang en la cabeza de quienes la gestaron.
En Paraguay empieza otra etapa, en la que la solidaridad latinoamericana -la popular y también la diplomática- no debe ceder en la idea de apoyar las demandas de los más humildes en su lucha por la tierra y contra el latifundio, en exigir el cese de la represión y el paramilitarismo, en reclamar la salida del país de los personeros imperialistas de la USAID y el cierre de la base yanqui en Mariscal Estigarribia. También es de suma urgencia en la actual coyuntura, conseguir, con la presión internacional, la inmediata libertad de las y los presos políticos que desde hace años se hacinan en las cárceles del país, entre ellos los seis campesinos extraditados desde Argentina, a los que la injusticia paraguaya quiere condenar a prisión de por vida. Para ellos, en lo inmediato, se hace imprescindible solicitar que puedan ser visitados por organismos de Derechos Humanos para comprobar su estado de salud, porque no es para nada exagerado imaginarse que sobre sus cuerpos, se descargue todo el odio de la oligarquía paraguaya ahora en el Gobierno

16 junio 2012

Violento desalojo de campesinos en Paraguay dejó al menos 16 muertos.

El ministro del Interior, Carlos Filizzola, descartó la posibilidad de declarar el estado de sitio en el país como consecuencia del violento enfrentamiento entre policías y campesinos, cuyo saldo parcial arrojó 7 policías y 9 trabajadores rurales muertos, además de 80 heridos. Luego de reconocer que "hay siete bajas en el lado de la policía y por lo menos nueve entre los ocupantes", Filizzola, desde la residencia presidencial de Asunción, descartó que el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) tenga alguna vinculación con el enfrentamiento entre 150 campesinos y 300 policías, y acusó a los ocupantes de haber iniciado los disparos: "Hubo disparos de parte de ellos, la Policía tuvo que responder", subrayó, y agregó que "se actuó en base a una orden judical. Hemos actuado como la ley manda. Sabíamos que había armas, sobre todos rifles, escopetas y armas cortas. Por eso enviamos al lugar a 300 efectivos para cumplir con el desalojo", explicó. Relató que cuando los jefes policiales fueron para negociar con los líderes campesinos, "fueron recibidos a balazos", momento en que se registraron las bajas. Los ocupantes del terreno, una reserva natural propiedad del empresario Blas Riquelme, se dispersaron y se internaron en una zona boscosa pero fueron rodeados por la fuerza. "Seguimos allí con 321 efectivos, en el lugar, apoyados por helicópteros", advirtió Filizzola. La propiedad de Riquelme, empresario del sector de los supermercados, está en una región ocupada en gran parte por los llamados "brasiguayos", prósperos productores de soja brasileños, instalados desde hace 40 años en las tierras más fértiles del país, en la cuenca del río Paraná, en la zona fronteriza de Paraguay con la Argentina y Brasil. El presidente Fernando Lugo repudió los enfrentamientos y manifestó su "absoluto respaldo" a las fuerzas de seguridad en un breve comunicado y extendió sus pésames a los familiares de los policías fallecidos. Agregó que ordenó a las Fuerzas Armadas apoyar con sus efectivos el operativo policial "de acuerdo a la constitución y la ley". "Todas las áreas del gobierno están trabajando en este momento en líneas de acción para devolver la calma y la tranquilidad a Curuguaty", manifestó. El Senado, mientras tanto, convocó de urgencia a un plenario para debatir el establecimiento del estado de excepción en el departamento de Curuguaty, donde se registraron los hechos. El dirigente campesino José Rodríguez, estrechamente vinculado al presidente Lugo, alertó que el enfrentamietno "pudo haber sido un autoatentado de la policía" para justificar las muertes de los sin tierra. La Asociación Rural de Paraguay (ARP) calificó de "gravísimo" lo sucedido: "Estamos convocando a los miembros de la Rural para emitir un comunicado porque esto es gravísimo", denunció Germán Ruiz, titular de la ARP. Héctor Cristaldo, por su parte, de la Unión de Gremios de la Producción, señaló que urge un juicio político contra Fernando Lugo. Después de que se conociera el saldo parcial de los enfrentamientos, Blas Riquelme advirtió que "no vamos a ceder, vamos a usar todas nuestras fuerzas para que prime el derecho a la propiedad privada y de una unidad económica que está produciendo. Esta es una estancia modelo para mostrarle a cualquiera en nuestro país", agregó el empresario, cuyas tierras están entre las que reclaman las organizaciones de campesinos sin tierra.

15 mayo 2012

Las colonias del siglo XXI.

Entre paraísos fiscales y bases militares, los enclaves coloniales británicos en todo el mundo han sido centro de controversias internacionales

Resumen Latinoamericano/Marcha - De los 16 enclaves coloniales que aún persisten en el mundo, 11 están bajo la órbita del Reino Unido, incluidas nuestras Islas Malvinas. Para los británicos se trata de 'territorios de ultramar'; según la ONU son 'territorios no autónomos' y están en el centro del debate del Comité de Descolonización, creado para resolver los casos de estos 'países sin gobierno propio', como los define el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas en 1946. Además de Malvinas, el Reino Unido administra la economía y las relaciones internacionales de Anguila, a 240 km de Puerto Rico; Bermudas, en el Atlántico Norte; Gibraltar, en la península Ibérica; Islas Caimán, al noroeste de Jamaica; Islas Turcas y Caicos, al norte de Haití; Pitcairn, en la Polinesia; Islas Vírgenes Británicas, al este de Puerto Rico; Montserrat, al sudeste de Puerto Rico; Santa Elena, isla al oeste de la costa africana, y Tokelau, en el Océano Pacífico Sur.
En la mayoría de los casos se trata de pequeños archipiélagos o islas que juntas no llegan a sumar 350.000 habitantes pero que han dado de que hablar en la historia reciente de la potencia colonial. Sin representación parlamentaria, pero con un gobernador elegido por 'Su Majestad', estos enclaves coloniales británicos no aportan grandes recursos económicos -al contrario, en muchos casos se convierten en un gasto para la corona-, pero sí se han revelado como estratégicos para negociar con otras potencias -Estados Unidos obtuvo el arriendo de partes de territorios de Bermuda y de las Islas Turcas y Caicos para construir bases militares estratégicas en el Caribe-, y siete de ellos son considerados como paraísos fiscales según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En la mayoría de los casos, el modelo político permite un cogobierno entre un primer ministro, elegido por el voto de los habitantes de la colonia, y un gobernador impuesto por el Reino Unido. Sin embargo, en varias ocasiones este sistema ha fracasado y la balanza se inclinó hacia el lado de los intereses británicos.

Caribe, entre narcotráfico y paraísos fiscales
En 1985 la noticia del arresto de Norman Saunders, primer ministro de las Islas Turcas y Caicos y su ministro de Desarrollo, Stafford Missick, generó fuertes repercusiones en el Reino Unido. En Miami se lo acusó de recibir 30.000 dólares de agentes encubiertos estadounidenses para que las islas se convirtieran en lugar de tránsito de los aviones que transportaban cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos. Fue el punto de partida para una serie de investigaciones que demostraron que las islas se convirtieron en uno de los principales puntos para el transporte del narcotráfico centroamericano. Bajo el mandato del ex gobernador Martin Bourke, en los años '90 se intensificó el rol de la isla en el comercio de drogas y el laxismo con que las autoridades enfrentaron el problema, causando la irritación de la corona -el excéntrico Bourke llegó a dar todos los detalles a la revista británica Offshore Finance Annual admitiendo no tener ningún plan para contrarrestar el delito-. En esos mismo años, el gobierno compartido entre el gobernador y un primer ministro elegido en elecciones, llegó a hundir los barcos de inmigrantes haitianos que se acercaban a las costas de las islas. Sin embargo, el principal atractivo de las Islas Turcas y Caicos es el extremadamente permisivo sistema tributario, que las convirtieron en una de las sedes favoritas de decenas de miles de empresas offshore. Con siete bancos para una población de 15.000 habitantes, las Islas Turcas y Caicos han profundizado en los últimos años su tendencia a hospedar todo tipo de negocios. A partir de una serie de denuncias de corrupción que envolvieron al ex primer ministro Michael Misick, el Reino Unido dictó una resolución que suspendió la participación de los isleños en el gobierno de la colonia y trasladó todo el poder al gobernador elegido por la reina. Esta actitud provocó la preocupación de los países agrupados en la Comunidad del Caribe (CARICOM), que además de denunciar el “intento de recolonización de las islas”, advirtieron acerca de que “a imposición del gobierno directo contraviene totalmente el desarrollo de las prácticas de buen gobierno, incluida la mejora de la gestión fiscal y administrativa, en las Islas Turcas y Caicos”.
Algo muy parecido es lo que pasa hoy en las Islas Caiman, otro enclave colonial británico que está en la cima del listado de paraísos fiscales junto con Suiza y Luxemburgo. De los más de 270 bancos activos en las islas, sólo 19 están habilitados para operar en las finanzas internas. El resto están dedicados a ofrecer servicios a empresas y particulares extranjeros. A través de una serie de reformas en la legislación de la isla, a partir de la comprobación de casos de lavado de dinero y financiación del narcotráfico, el Reino Unido promovió la circulación de la información fiscal de las islas hacia Londres, estando constantemente al tanto de los grandes movimientos financieros que allí ocurren.
A la lista de enclaves coloniales del Reino Unido considerados como paraísos fiscales, se le suman Anguila, Bermudas, Gibraltar, las Islas Vírgenes Británicas y Montserrat.

Resistencias
Las recientes presentaciones argentinas en diversos foros internacionales acerca de la soberanía de las Islas Malvinas, reavivaron la discusión acerca de la descolonización de los territorios sobre los cuales Gran Bretaña tiene injerencia directa. Sin embargo, son muy pocos los lugares donde haya una real disputa acerca de la soberanía, o existan movimientos que reclamen la independencia. La estrategia de la corona se basa en proclamarse como simple administradora de los intereses económicos de sus colonias, dejando a los residentes cierto margen de libertad política.
Así como en 1982, el Reino Unido planteó la necesidad de recuperar las Malvinas a través de la intervención militar, las fuerzas armadas británicas intervinieron para aplastar los intentos de independencia en otras colonias. En Anguila, en 1969, los paracaídistas ingleses sofocaron la rebelión surgida a partir de un referéndum que declaró a la isla independiente. Dos años más tarde se impuso una constitución que otorgaba cierta autonomía a la isla pero la mantenía bajo el dominio británico.
En las Bermudas, en 1973, el gobernador Richard Sharples y su ayudante de campo fueron asesinados por activistas del Black Beret Cadre, un grupo vinculado a los movimientos del Black Power que se desarrollaron en los años '70 en el Caribe y Norteamérica. En su declaración, el principal acusado del asesinato, Erskine Durrant "Buck" Burrows, aseguró que el objetivo era “buscar que la población, los negros en particular, tomen conciencia de la maldad y la perversidad del sistema colonial en la isla. En segundo lugar, el motivo era mostrar que estos colonos son personas comunes como nosotros que comen, duermen y mueren como cualquier otra persona y que no necesitamos vivir en el miedo y el temor”. Sin embargo en 1995 el 75% de la población votó en contra de la independencia en un referendum constituido ad hoc.

Junto con Malvinas, Gibraltar es quizás el único territorio que hoy vive una real disputa por la soberanía. El estado español reclama a Gran Bretaña la tenencia del Peñón situado en la punta más austral de la Península Ibérica, aunque las negociaciones, en este momento, han llegado a un punto muerto.
En este contexto, la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas se convierte en el principal escenario en que se lleva a cabo la batalla por la descolonización. Las islas son quizás el único enclave colonial británico con posibilidades de desarrollo desligado del turismo y la especulación financiera. La pesca, la ganadería y la reciente posibilidad de extraer petróleo de las costas de las Malvinas las convierten en la colonia más codiciada de las 11 que hoy sigue manteniendo el Reino Unido. De sostenerse la disputa en los ámbitos internacionales, la resolución podría sentar un precedente histórico para el resto, una posibilidad que la corona no parece querer transitar.

19 abril 2012

¡Bravo por Cristina¡.

Angel Guerra Cabrera-Diario La Jornada.


La decisión de nacionalizar el petróleo tomada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso trascendental en la conquista de la segunda independencia de Argentina y de toda América Latina. El hidrocarburo fue controlado por el Estado desde el primer gobierno de Hipólito Irigoyen hasta su privatización por el ultraneoliberal Carlos Ménem (1992).

El decreto enviado al Congreso por Cristina, cuya aprobación contará con importantes votos opositores, expropia casi la totalidad de las acciones de la nominalmente española Repsol en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) –el 51 por ciento–, declara de interés público el logro del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos y también las tareas de explotación, industrialización, transporte y comercialización. Asienta legalmente el fin de la primacía del capital sobre un recurso cuyo carácter finito, de seguridad nacional y objeto de desaforada especulación, así como su condición de palanca de desarrollo, exige como ninguno quedar bajo la total rectoría del Estado. YPF, fundada en 1922 por el legendario general Enrique Mosconi, su arquitecto y director durante ocho años, fue una entidad pública por la que los argentinos sintieron siempre un enorme orgullo, no sólo por su abastecimiento del mercado nacional sino su ostensible contribución al desarrollo económico y social y su condición de símbolo de soberanía.

Conviene recordar que las empresas de origen español han hecho su agosto en América Latina durante las décadas neoliberales mediante corruptos contubernios con personeros de los gobiernos que abierta, o solapadamente, han entregado sus bienes públicos y recursos naturales a la voracidad de aquellas. Algunas han comprado a precio de ganga para rápidamente convertirse en boyantes trasnacionales como es el caso de Repsol, que debe su trasformación en gran empresa al saqueo de Argentina, o de los bancos BBV o Santander, cuyas utilidades dependen de sus filiales en la región.

El gobierno argentino responsabiliza a Repsol con la caída de 54 y 97 por ciento respectivamente de la producción de crudo y gas entre 1998 y 2011, como resultado de su política de explotación máxima de los pozos ya existentes cuando se privatizó YPF. Repsol-YPF apenas invirtió en todo ese tiempo en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos e infraestructura pues remesaba a su casa matriz el grueso de los beneficios (13 mil 426 millones de dólares) y seguía una arbitraria política de precios, altamente lesiva para la economía argentina. Reconvenida por Buenos Aires anteriormente, la gota que colmó la copa fue la factura de combustibles que por valor de 9 mil 397 millones de dólares se vio obligado a importar el país austral en 2011, una grave amenaza para su balanza comercial. Con el alto crecimiento del PIB que ha mantenido nueve años y en medio de la profunda crisis energética y de la economía capitalista mundial, para Argentina es indispensable asegurar el autoabastecimiento e incluso la exportación de combustible, como argumenta el decreto. Cristina ha señalado que la medida forma parte de la integración y seguridad energética suramericana, que se sella, dijo, con el ingreso de Venezuela al Mercosur.

La iniciativa prevé el fomento de la inversión extranjera privada en el sector energético y las alianzas con empresa públicas de otros países. Es totalmente falso que ahuyentará de Argentina a los inversionistas como arguyen los neoliberales. Existe un enorme interés del capital internacional por asociarse con el país rioplatense, cuyas reservas de crudo no tradicional se calculan en 116 millones de barriles.

Argentina ha dicho que pagará a Repsol según sus leyes pero la trasnacional exige una cantidad desmesurada que ya Buenos Aires ha rechazado. El gobierno de Rajoy, en una trasnochada actitud colonialista, no ha cesado de lanzar amenazas contra la Casa Rosada. En lugar de hacer algo por mejorar la dramática situación de los españoles –que comienzan a emigrar a Argentina–, continúa hundiéndolos en una insondable catástrofe social. Pero eso sí, defiende a una empresa connotada evasora fiscal en España con mayoría de capital no español, que en nada beneficia a los habitantes del reino. Mientras Brasil, Venezuela, Uruguay y Bolivia han expresado su solidaridad con Argentina –como lo harán otros gobiernos y los pueblos de nuestra América– Washington se une a las derechas hispanoamericanas en la defensa de Repsol. ¿Por qué será?.

15 abril 2012

HA MUERTO LA ÚLTIMA BRIGADISTA, LISE LONDON.

Hace 4 meses tuvimos la ocasión, el placer, de escuchar su postrer testimonio escrito a través del artículo de Jesús Rodríguez publicado en El País. La conocíamos bien. Habíamos leído el relato de su vida y sus luchas en Roja primavera y Memorias de la Resistencia; la habíamos visto en los homenajes tributados a los interbrigadistas en 1996, 2001, 2006 y en otras fechas; presentíamos su figura a través de internet, de los múltiples libros y relatos de aquellos tiempos… Ella fue una más de los 35.000 voluntarios que llegaron aquí de todos los rincones del mundo. Una más de aquella legión de trabajadores que sintieron que en España se libraba la libertad del mundo. Como acertó a expresarlo su compañero, Artur London: “En Madrid, el checo iba a luchar por Praga; el francés, por París; el austriaco, por Viena; el alemán, por liberar su país de Hitler, y el italiano, por expulsar a Mussolini de su país".




A la izquiera, portada del primer volumen de sus memorias. Derecha: Lise London, junto a Moe Fishman, presidente de VALB, en el homenaje que se rindió a los brigadistas en el cementerio de Fuencarral en octubre de 2001.

Elisa Ricol, su nombre original, había nacido en Montceau-les-Mines, un pueblo minero cercano a Lyon, el 15 de febrero de 1916. Su padre, un campesino sin tierras de Cuevas de Cañart (Teruel), había tenido que emigrar a Francia en 1900 y allí nacieron sus tres hijos. Víctima de su trabajo en las canteras, en las minas y en la construcción de túneles, adquirió la temida silicosis. Los hijos tuvieron que ponerse pronto a trabajar, lo que no impidió que se olvidaran de su deber de adquirir una formación digna. “Mi padre, que no conocía nada de las teorías socialistas, tenía la reacción del obrero consciente: sentía el orgullo del trabajador. Creía en un mundo más justo y más fraternal. Quizá por ello la libertad, la fraternidad y la igualdad han sido mi divisa”.

Ese impulso adquirido en el hogar llevó a la inquieta Lise a implicarse en las luchas sociales y políticas de su tiempo y, pronto, a enrolarse en las Juventudes Comunistas. Marchó a Moscú a trabajar en la Comintern como mecanógrafa, donde conoció a su compañero de toda la vida, Artur London. Desde allí partieron ambos hacia España, para luchar por la República en las Brigadas Internacionales. Al término de la guerra de España se enfrentaron a la guerra que los demócratas franceses y británicos con gran miopía y fariseísmo habían pretendido no ver, o conjurar, con su política de no-intervención. Esa guerra que los republicanos españoles y sus aliados habían querido evitar con su frustrada pero digna y heroica apuesta por la derrota del fascismo en España.

Un día de 1942, Lise se subió a una tarima y, delante de un mercado parisino donde se arracimaban un millar de mujeres, les dirigió las siguientes palabras: “La ocupación, con todas sus desgracias, restricciones y asesinatos que comporta, ya ha durado suficiente… ¡Tenemos que actuar! ¡Tenemos que negarnos a trabajar para la máquina de guerra alemana! Si lo aceptamos, ponemos en peligro nuestras vidas y la de nuestras familias… Mujeres, tenéis que impedir que nuestros maridos e hijos se vayan a trabajar a Alemania. Los tenéis que esconder en el campo. Ha llegado el momento de empezar la lucha armada contra los nazis para echarlos del país”. Fue en esa guerra donde la pareja Lise y Artur London volvieron a demostrar su compromiso en la lucha por la libertad al implicarse en la Resistencia francesa que los llevó a los campos de concentración.

La derrota final del fascismo no fue el fin de sus penalidades. Tras los primeros años de construcción de la nueva Checoslovaquia socialista, Artur London, que ocupaba el puesto de Viceministro de Asuntos Exteriores, fue acusado -junto con otros compañeros “españoles” de las BI- de conspirar contra el Estado. Este proceso desveló a esta pareja, como a muchos otros comunistas convencidos, su error al haber identificado sus ideales con un líder, Stalin, o con un Estado, la Unión Soviética. Pero, al contrario que tantos otros, no renunciaron a ellos.

Por eso, cuando a sus 95 años Jesús Rodríguez le evocó su experiencia en las Brigadas Internacionales, Lise no vaciló en afirmar que “fue el mejor momento de mi vida. Siempre han estado en mi recuerdo. Todo me lleva a las Brigadas, a los viejos amigos; sueño con ellos. España fue un ideal, nuestro ideal más querido, y sigue siendo válido”. Y ante la pregunta del periodista sobre si todas aquellas lucha y sufrimientos valieron la pena, Lise “se incorpora, se echa la mano al corazón, me mira a los ojos y le brotan sus ancestros aragoneses: "¡Por supuesto! Combatimos por la libertad. ¡Valió la pena!"

Aquel fue el ideal de una generación que ellos llamaron la “generación española”. Los jóvenes de entonces lucharon por lo que creían que podría hacer avanzar al mundo hacia una mayor libertad y justicia. Hubo errores, cómo no. Pero hubo honestidad, generosidad, dignidad. Algo que hoy en día se echa mucho en falta. Por eso sigue vigente su llamado a proseguir su trabajo: “Quisimos cambiar el mundo y no lo conseguimos… Queda la tarea de cambiarlo”.

Así que, en recuerdo de Lise, y de todos sus compañeros, continuemos su lucha.

Fuente: www.brigadasinternacionales.org

11 abril 2012

Por qué hay que anular la deuda ilegítima.

Damien Millet y Eric Toussaint

La crisis sacude a la Unión Europea hasta sus cimientos. Para muchos países la soga de la deuda pública se cierra en torno a sus cuellos, presos de los mercados financieros. Con la complicidad activa de los gobiernos, de la Comisión europea, del Banco Central Europeo y del FMI, las instituciones financieras que originaron la crisis especulan con las deudas de los Estados y exigen el reembolso al precio de una austeridad salvaje. Se ha lanzado una ofensiva brutal contra una serie de derechos económicos y sociales de la mayoría de la población.

La reducción de los déficit públicos no debe hacerse reduciendo los gastos públicos sociales, sino por medio del incremento de los ingresos fiscales, la lucha contra el fraude fiscal y gravando más el capital, las transacciones financieras, el patrimonio y las rentas de los ricos. Para reducir el déficit es necesario también reducir radicalmente los gastos producidos por el reembolso de la deuda pública, cuya parte ilegítima se debe anular. El recorte de los gastos debe aplicarse también al presupuesto militar, así como a los gastos socialmente inútiles y peligrosos para el medio ambiente. A cambio es fundamental incrementar los gastos sociales, en particular para paliar los efectos de la depresión económica. También se deben incrementar los gastos en las energías renovables y en determinadas infraestructuras como los transportes públicos, los centros educativos o los centros públicos de salud. Una política de relanzamiento por la demanda pública y por la demanda de la mayoría de los hogares también generará una mayor recaudación de impuestos. Pero, más allá, la crisis debe ser la oportunidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá dar la espalda al productivismo, incluir el factor ecológico, erradicar las diferentes formas de opresión (racismo, patriarcado…) y promover la propiedad común.

Para eso es necesario construir un amplio frente anticrisis, tanto a escala europea como local, con el fin de agrupar las energías para crear una relación de fuerzas favorable a la puesta en práctica de soluciones radicales centradas en la justicia social y climática. La realización de una auditoría de la deuda pública efectuada bajo control ciudadano, combinada con una suspensión unilateral y soberana del reembolso de la deuda pública, permitirá llegar a la anulación o repudio de la parte ilegítima de la deuda pública y a una fuerte reducción del resto de la deuda.

En primer lugar no hay que mantener las lealtades a la deuda decididas por los acreedores, en particular debido a las severas contrapartidas que implican. El plan de reducción de una parte de la deuda griega que se ha puesto en marcha en marzo de 2012 se condiciona a la aplicación de otra dosis de medidas que pisotean los derechos económicos y sociales de la población griega y la soberanía del país (1). Según un estudio realizado por la Troika, a pesar de la reducción de la deuda concedida por los acreedores privados, el endeudamiento público de Grecia llegará ¡al 164% del PIB en 2013! (2). Por lo tanto hay que denunciar la operación de reducción de la deuda griega tal como se está haciendo en la actualidad y oponer una alternativa: la anulación de la deuda, es decir, su repudio por parte del país deudor, es un acto soberano unilateral muy fuerte.

¿Por qué el Estado endeudado debe reducir radicalmente su deuda pública procediendo a la anulación de las deudas ilegítimas? En primer lugar por razones de justicia social, y además por razones económicas que todos y cada uno pueden comprender y hacer suyas. Para salir bien de la crisis no es suficiente el relanzamiento de la actividad económica gracias a la demanda pública y de las familias. Porque si nos conformamos con ese tipo de política del relanzamiento unida a una reforma fiscal redistributiva, los ingresos fiscales suplementarios serían absorbidos ampliamente por el reembolso de la deuda pública. Las contribuciones que se impondrían a los más ricos y a las grandes empresas privadas se compensarían con largueza con la renta que sacan de las obligaciones del Estado de las cuales son, con mucho, los principales poseedores y beneficiarios (razón por la cual no quieren oír hablar de anulación de la deuda).

Por lo tanto está claro que es necesario anular una gran parte de la deuda pública. La amplitud de esa anulación dependerá del grado de conciencia de la población víctima del sistema de la deuda (a ese nivel, la auditoría ciudadana desempeña un papel crucial), de la evolución de la crisis económica y política y sobre todo de las relaciones de fuerza concretas que se construyan en la calle, en las plazas públicas y en los centros de trabajo a través de las movilizaciones actuales y futuras. En algunos países como Grecia, Portugal, Irlanda y Hungría, la cuestión de la anulación de la deuda es un asunto de plena actualidad. Para España e Italia está a punto de serlo. Y pronto este tema será un punto central del debate político en muchos países.

Las naciones que ya están sometidas al chantaje de los especuladores, del FMI y de otros organismos como la Comisión Europea, conviene que recurran a una moratoria unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta propuesta se hizo popular en los países más afectados por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en Dublín, una encuesta realizada a 500 personas indicaba que el 57% de los irlandeses encuestados se pronunció a favor de suspender el pago de la deuda (default, en inglés) antes que por la ayuda de emergencia del FMI y de Bruselas. «Default!, say the people» (¡Suspensión!, dice el pueblo) titulaba el Sunday Independent, principal semanario de la isla. Una moratoria unilateral de ese tipo debe combinarse con la realización de una auditoría ciudadana de las deudas públicas que debe permitir que se suministren a la opinión pública las pruebas y los argumentos necesarios para repudiar la parte de la deuda identificada como ilegítima. Como ha mostrado en CADTM en varias publicaciones, el derecho internacional y el derecho interno de los países ofrecen una base legal para una acción de ese tipo, soberana y unilateral.

La auditoría también debe permitir que se determinen las diversas responsabilidades en el proceso de endeudamiento y que se exija que los responsables, tanto nacionales como internacionales, rindan cuentas ante la justicia. En todos los casos particulares es legítimo que las instituciones privadas y las personas de altas rentas que poseen los títulos de esas deudas soporten la carga de la anulación, porque tienen una amplia responsabilidad en la crisis, de la que por añadidura se han beneficiado. El hecho de que deban soportar esa carga solo es una vuelta justa hacia una mayor justicia social. Por lo tanto es importante crear un registro de los poseedores de títulos con el fin de indemnizar de entre ellos a las personas con rentas bajas y medias.

Si la auditoría demuestra la existencia de delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, sus autores deberán ser condenados con severidad a pagar las reparaciones y no se les debe permitir que se libren de las penas de cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay que llevar ante la justicia a las autoridades que asumieron préstamos ilegítimos.

En cuanto a las deudas que no estén afectadas de ilegitimidad según la auditoría, convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en términos de reducción del stock y de las tasas de interés, así como una ampliación del período de reembolso. También sería útil realizar una discriminación positiva a favor de los pequeños poseedores de títulos de deuda pública que habría que reembolsar de forma normal. Por otro lado, la parte del presupuesto del Estado destinada al reembolso de la deuda deberá tener un tope en función de la solvencia económica, la capacidad de los poderes públicos de reembolsar y el carácter irreducible de los gastos sociales. Podemos inspirarnos en lo que hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial: El acuerdo de Londres de 1953, que consistía en particular en reducir el 62% del stock de la deuda alemana, estipulaba que la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el 5% (3). Se podría establecer una ratio de este tipo: la suma asignada al reembolso de la deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del Estado.

También es necesario crear un marco legal para evitar que se repita la crisis que empezó en 2007-2008: prohibición de socializar las deudas privadas, obligación de organizar una auditoría permanente de la política de endeudamiento público con participación ciudadana, imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el endeudamiento ilegítimo, anulación de las deudas ilegítimas, adopción de la regla de oro de que los gastos públicos que permiten garantizar los derechos humanos fundamentales son irreducibles y están por encima de los gastos relativos al reembolso de la deuda…

Los caminos alternativos no faltan.

Notas

(3) Véase http://www.cadtm.org/Le-CADTM-denon...

(2) Véase Les Echos, http://www.lesechos.fr/economie-pol... . Ver también Reuters, http://www.reuters.com/article/2012...

(3) Éric Toussaint, Banque mondiale…, op. cit., capítulo 4.

Damien Millet (profesor de Matemáticas, portavoz de CADTM France, www.cadtm.org ) y Eric Toussaint (doctor en Ciencias Políticas, presidente de CADTM Bélgica, miembro del Consejo científico de ATTAC France) han escrito AAA , Audit, Annulation, Autre politique , Seuil, 2012. También dirigieron el libro colectivo La Dette ou la Vie, Aden-CADTM, 2011, que recibió el premio del Libro Político en la Feria del Libro Político de Liège en 2011.

Fuente: http://www.cadtm.org/Pourquoi-annuler-la-dette

08 abril 2012

“En América Latina seguimos siendo países producto en función de la lógica de acumulación capitalista.”

Fernando
Arellano Ortiz
(Ex-ministro del Ecuador).

Cronicon.net
Históricamente el extractivismo “ha sido un mecanismo de saqueo, apropiación colonial y neocolonial” que en el caso de América Latina “ha conducido a una generalización de la pobreza, ha producido crisis económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades rentistas, profundizando la débil institucionalidad democrática, alentando la corrupción, desestructurando las sociedades y comunidades locales, y deteriorando gravemente el medio ambiente”, explica enfáticamente el exministro y expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta Espinosa.

Coautor del libro Más allá del Desarrollo del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo auspiciado por la Oficina de la Región Andina de la Fundación Rosa Luxemburg, Acosta Espinosa ha venido sosteniendo que en el caso de los países latinoamericanos, “somos pobres, porque somos ricos en recursos naturales”. Por ello plantea que el reto está en “repensar el desarrollo para lo cual es indispensable dejar atrás la lógica de una economía extractivista”, mediante la transición de “países producto a países inteligencia”.

Aunque fue uno de los fundadores del movimiento Alianza País que llevó en 2006 a la Presidencia de la República del Ecuador a Rafael Correa Delgado, desempeñándose además como su primer ministro de Energía, terminó por distanciarse como consecuencia de las divergencias con la política minero-energética del gobierno.

Si bien reconoce los avances en inversión social y en infraestructura vial que ha logrado la gestión del presidente Correa, su antiguo aliado le critica el hecho de que en tratándose de un gobierno progresista no haya propugnado por un cambio de la matriz productiva. “Seguimos siendo país producto, estamos en el mercado mundial en función de la demanda del capital metropolitano. Salimos de la dependencia petrolera y estamos abriendo la puerta a la dependencia minera”, se queja Acosta.

Y es que además de los efectos negativos en el ámbito medioambiental, este economista, investigador y catedrático universitario, ve en el modelo extractivista la intervención directa del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que han venido aupando en América Latina, desde los inicios de la época neoliberal en la década de los 90, la extracción masiva de recursos naturales, específicamente en los sectores minero y petrolero.

De esta manera, afirma, en la región se han venido dando esquemas altamente transnacionalizados generando un proceso sumamente complejo: “la desterritorialización del Estado. El Estado se desentiende (relativamente) de los enclaves petroleros o mineros, dejando por ejemplo, la atención de las demandas sociales a las empresas transnacionales. Esto conduce a un manejo desorganizado y no planificado de esas regiones que, inclusive, quedan en la práctica muchas veces al margen de las leyes nacionales”.

Lo anterior, agrega Acosta, “consolida un ambiente de violencia generalizada, pobreza creciente y marginalidad, que desemboca en respuestas miopes de un Estado policial, que no cumple sus obligaciones sociales y económicas”.

Como el mal denominado “desarrollo” no solucionó los problemas de justicia social y redistribución equitativa del ingreso, y por el contrario, fortaleció modelos tan destructivos como el extractivismo que en Latinoamérica viene desde la colonia, plantea la necesidad de visualizar procesos de construcción de alternativas coherentes y viables. En ese sentido, señala, se requiere “pensar un modelo más allá del desarrollo” que parta de transiciones que posibiliten la descolonización, la despatriarcalización y el ingreso a una etapa posextractivista.

Para profundizar en el tema, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net dialogó con Alberto Acosta durante su reciente visita a Bogotá para presentar el libro editado por la Fundación Rosa Luxemburg.

Acosta Espinosa es economista de la Universidad de Colonia, Alemania, con especialidad en economía energética, actualmente es investigador y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Quito. Fue uno de los impulsores de la campaña para dejar el petróleo en tierra en el Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica de su país. Es asesor de organizaciones sociales y jugó un rol de primera línea en el inicio del gobierno del presidente Correa como ministro de Energía y Minas, primero, y luego como presidente de la Asamblea Constituyente que elaboró la carta constitucional ecuatoriana de 2008.

Seguimos en la lógica sumisa de inserción al mercado internacional.

-Leyendo su libro "La maldición de la abundancia" se puede colegir que el auge del modelo extractivista con la explotación de recursos minero-energéticos en América Latina es una nueva etapa del modelo neoliberal, si se tiene en cuenta que sus impulsores son el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Es exacta esta lectura?

-Pongamos en orden las ideas. El extractivismo no es de nuevo cuño, no empieza en épocas recientes. El extractivismo surge hace más de 500 años cuando los países europeos en su expansión colonial nos involucraron a las regiones de fuera del viejo continente, a las que ello entre comillas “descubrían” como productores y exportadores de materias primas, y además como mercados para sus productos manufacturados, y de esta manera, como espacio de ampliación de sus lógicas imperialistas. Ese es el punto de partida. No es una casualidad que Cristóbal Colón cuando se acercaba a América en su diario de viaje mencioné 175 veces la palabra oro. Él decía que el oro es muy poderoso, se hace tesoro y sirve para sacar las ánimas del purgatorio, palabras más o menos del gran almirante. Lo que se buscaba era oro, como se busca en la actualidad. El capitalismo está en permanente búsqueda de recursos para garantizar su existencia: la acumulación del capital. Toda la época colonial fue de una etapa de extracción de recursos naturales, hay que recordar lo que pasó con Potosí, con las minas de plata en México, las esmeraldas en Colombia y toda esa explotación estaba en función de la acumulación del imperio español que terminó por financiar el desarrollo del capitalismo incipiente. Posteriormente, nuestros países latinoamericanos continuaron como repúblicas independientes dentro de la misma lógica, hemos sido naciones productoras y exportadoras de materias primas, que para ser más gráficos podríamos denominar como países producto en función de la lógica de acumulación del capitalismo metropolitano.

-¿Entonces, qué es lo que cambia ahora?

-Lo que vemos en la actualidad, y ahí vienen las diferencias, es que hay algunos países en donde sin renegar del extractivismo se están incorporando algunos elementos interesantes, nuevos, que pudieron haber aparecido en otras épocas.

-¿Como por ejemplo?

-Una mayor presencia del Estado en el control de la actividad petrolera y minera. No es una apuesta solo por una mayor inversión extranjera transnacional sino una mayor participación estatal de la renta, esto diferencia por ejemplo en este momento a Colombia de Ecuador; Venezuela de Perú. Colombia y Perú, así como otros países de la región siguen dentro de la lógica del extractivismo clásico; el presidente Santos habla de la locomotora minera. Mientras que en Ecuador si bien estamos atados al extractivismo tenemos una mayor participación del Estado, en la que se está reposicionando. Hay un retorno del Estado en el manejo económico, no solo en el ámbito político.

-¿Pero entonces cuál es su crítica al esquema de política pública en esta materia del gobierno del presidente Correa? Porque él le ha reclamado públicamente que usted lo tilda de “extractivista”…

-Establezcamos las diferencias. Primero me parece positivo el retorno del Estado pero ello no suficiente. El retorno del Estado no garantiza cambios revolucionarios; una mayor participación de la renta minera es interesante pero no suficiente. No tenemos un cambio de la matriz real, seguimos siendo país producto, estamos en el mercado mundial en función de la demanda del capital metropolitano. Salimos de la dependencia petrolera y estamos abriendo la puerta a la dependencia minera. Se asemeja mucho a las épocas cuando abrimos la puerta del petróleo cuando se acabó el banano, y cómo abrimos la puerta del banano cuando se acabó el cacao. Seguimos en la misma lógica sumisa de inserción del mercado internacional que es eminentemente depredadora, genera una devastación social y una devastación ambiental, de ese esquema no nos liberamos, continuamos, profundizamos. Lo que yo si puedo diferenciar es que en esta época hay un extractivismo clásico que también fue impulsado por los neoliberales y el neoextractivismo que es lo que tenemos en países como Ecuador, Venezuela, Bolivia, cuyo Estado redistribuye de mejor manera la renta minera o petrolera. En ese contexto no estamos procesando ningún esquema socialista.

-¿Es decir, lo que tenemos en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela para seguir con los ejemplos, es un Estado paternalista?

-Sí, un Estado paternalista. En esencia es el Estado paternalista tradicional porque tenemos una estructura económica que se sustenta en la renta, básicamente la renta de la naturaleza. Tenemos una sociedad que se estructura en función de relaciones clientelares, y tenemos unos gobiernos con prácticas autoritarias. En Ecuador, para traer el caso de mi país, no hay ningún proceso de revolución en el sentido estricto de la palabra, hay sí, transformaciones positivas, hay posiciones progresistas.

-¿Pero no es revolucionario una iniciativa como la que impulsó usted desde el Ministerio de Energía y Minas, la del parque natural de Yasuní para mantener bajo tierra millones de barriles de petróleo con el fin de combatir el cambio climático a cambio de una compensación económica internacional?

-Sí, hay iniciativas revolucionarias aisladas como esa, hay cosas positivas, sí, pero el propio Presidente de la República en una declaración pública el pasado 15 de enero de este año afirmó que “estamos haciendo mejor las cosas sin cambiar el modelo de acumulación, porque no es nuestro afán afectar a los ricos, nuestro afán es construir una sociedad justa y equitativa”. Y si uno se remite luego a las cifras y a los datos, efectivamente este es el gobierno que ha logrado impulsar la inversión social y la obra pública en infraestructura es magnífica, eso nadie lo discute, pero también es el gobierno que mayores ingresos petroleros ha tenido en toda la historia ecuatoriana, eso es una azar porque el precio del petróleo no lo controlamos nosotros. También hay que reconocerle como mérito propio que ha logrado una mayor recaudación tributaria, de cuatro mil millones de dólares en 2006 a cerca de diez mil millones de dólares en la actualidad, lo que está haciendo entonces es redistribuyendo el excedente petrolero, pero no hay por ejemplo una propuesta de reforma agraria, el presidente Correa ha dicho que no cree en ella, sino que, por el contrario, considera que el mecanismo para que los campesinos accedan a la tierra es el mercado. No hay, en consecuencia, una redistribución de tierras, o del agua, que está tremendamente concentrada. Los campesinos en Ecuador representan el 83 o 84% de los usuarios del agua de riego y controlan solo un 13% del caudal. Los grandes propietarios, los agronegocios, los terratenientes que representan 1% de las unidades productivas agrícolas controlan el 63% del agua. La Constitución es muy clara en su artículo 312 al prohibir toda forma de privatización del agua y no se está cumpliendo. Es más, Correa renegocia con empresas transnacionales para ampliar los plazos de concesión del agua en las ciudades de Guayaquil y Machala. Si nos remitimos a la concentración de la riqueza en los años del gobierno del presidente Correa hay una caída de ocho puntos del Coeficiente de Gini (que mide la desigualdad social), lo cual es importante, sin embargo en la época neoliberal también cayó ocho puntos. Lo paradójico es que la pobreza en Ecuador cayó más en la época neoliberal que en la época de Correa y este es el gobierno que mayor cantidad de ingresos ha tenido en toda la historia. Yo no niego el esfuerzo que hace este gobierno, está priorizando la inversión social y no el servicio de la deuda pública, sobre todo de la deuda externa, fantástico, fenomenal, pero los resultados no son sustantivamente importantes. En términos de concentración, por ejemplo, las diez empresas más grandes controlan el 96% de las ventas en el país; la banca el año pasado incrementó sus utilidades en 52%, es cierto que ha habido una mayor disponibilidad de recursos, ha habido más crédito, pero lo cierto es que la banca le esta apostando al consumo. Lo que sí hay en el Ecuador son unos síntomas hacia una transformación posneoliberal pero de ninguna manera estamos en una transición poscapitalista, e igual sucede en Bolivia y Venezuela.

-Hablemos entonces de alternativas…

-Lo que hay que pensar es en transiciones. No es una salida abrupta. Ecuador no va a salir de su dependencia petrolera dejando de producir crudo de la noche a la mañana, eso está claro, porque sino se cae el gobierno, pero no podemos seguir ampliando la frontera petrolera porque seguimos destrozando la amazonía sin resolver los problemas y ahí viene la Iniciativa Yasuní-ITT por ejemplo, que sí es revolucionaria pero no es apoyada adecuadamente por el gobierno. Lo primero que hay que hacer entonces es superar ciertas aberraciones que se acumularon a lo largo del tiempo. En Ecuador, en el ámbito petrolero, extraemos y exportamos crudo pero como no tenemos capacidad de refinación importamos derivados de petróleo, el año pasado 4 mil millones de dólares y tenemos un enorme potencial hidroenergético, geotérmico, solar, eólico que no aprovechamos, quemando los derivados del petróleo subsidiándolos. Luego tenemos que dar paso a una reformulación del tema agrario. Sin reforma agraria no vamos a poder resolver los problemas de equidad, de generación de empleo, garantizar la soberanía alimentaria como manda la Constitución. También habrá que pensar en otro tipo de actividades como el turismo por ejemplo, es mucho más viable en el corto y mediano plazo una vía como la de Costa Rica que una vía como la de Venezuela, Perú o Bolivia.

-¿La reflexión del científico social inglés David Harvey en el sentido de que lo que se está dando en el mundo es la “acumulación por desposesión” por parte de los países hegemónicos en perjuicio de los países del Sur es lo que estamos presenciando en América Latina?

-Sin lugar a dudas, una suerte de acumulación originaria del capital pero a nivel global, en el que el capitalismo chino está actuando con mucha fuerza. En ese sentido, continuamos en la misma senda, el extractivismo goza de muy buena salud.

Fuente original:http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/Ediciones70/nota3.htm

Salida roja Peña Ubiña

05 abril 2012

Elecciones en Francia.

Ignacio Ramonet

La elección presidencial es, en Francia, “la madre de todas las votaciones” y el punto incandescente del debate político. Tiene lugar cada cinco años. Es un sufragio universal directo a dos vueltas. En principio, cualquier ciudadano francés se puede presentar a la primera vuelta, que tiene lugar esta vez el 22 de abril. Aunque debe cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, contar con el apoyo de 500 cargos electos de al menos 30 departamentos (provincias) distintos. Si ningún candidato obtiene mayoría absoluta (más del 50% de los votos), se impone una segunda vuelta dos semanas después. Desde la instauración de la Quinta República en 1958, siempre ha habido una segunda vuelta. A ella acceden tan sólo los dos candidados que encabezan el primer turno. O sea, habrá que esperar hasta el próximo 6 de mayo para conocer el resultado. Entre tanto, toda la vida política gira en torno a ese acontecimiento central.

Por el momento, nadie tiene la partida ganada, aunque –según todas las encuestas– la final parece que se jugará entre dos candidatos: el presidente conservador saliente Nicolas Sarkozy, y el líder socialista, François Hollande. Pero quedan todavía varias semanas de campaña en las que muchas cosas pueden ocurrir. Y además, un tercio de los electores no ha decidido aún por quién votará...

Los debates se desarrollan en un contexto marcado por dos fenómenos principales: 1) la mayor crisis eco­nómica y social que Francia ha conocido en los últimos decenios; 2) una creciente desconfianza hacia el ­funcionamiento de la democracia ­representativa.

La Constitución sólo autoriza dos mandatos consecutivos. El presidente Sarkozy se declaró oficialmente el 15 de febrero pasado candidato a su propia sucesión. Desde entonces la poderosa maquinaria de su partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), se ha puesto briosamente en marcha. Y ha conseguido que ­todos los demás candidatos de la derecha (excepto el soberanista Nicolas ­Dupont-Aignan) se retiren de la ­contienda para dejarle como único representante de la corriente conservadora. La batalla sin embargo no será fácil. Todas las encuestas lo dan por derrotado en la segunda vuelta frente al candidato socialdemócrata François Hollande.

Sarkozy se ha vuelto muy impopular. En el extranjero, muchas personas no lo conciben porque únicamente perciben su imagen de líder internacional enérgico dirigiendo, junto con Angela Merkel, las Cumbres europeas o las del G-20. Además, en 2011, asumió también una postura de jefe militar y consiguió ganar dos guerras, en Costa de Marfil y en Libia. Por otra parte, en el aspecto del “glamour”, su matrimonio con la célebre ex modelo Carla Bruni, con quien acaba de tener una niña, contribuye a hacer de él un actor permanente de la prensa del corazón. De ahí la perplejidad de la opinión pública extranjera ante su eventual derrota electoral.

Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar, un principio político casi universal: no se ganan unas elecciones gracias a un buen balance de política exterior, por excelente que sea. El ejemplo histórico más conocido es el de Winston Churchill, el “viejo león” británico vencedor de la Segunda Guerra Mundial y derrotado en las elecciones de 1945... O el de Richard Nixon, el presidente estadounidense que puso fin a la guerra de Vietnam y reconoció a China popular, pero se vio obligado a dimitir para no ser destituido... Hay que añadir que otra ley parece haberse establecido en Europa estos últimos años en el contexto de la crisis: ningún gobierno saliente ha sido reelegido.

En segundo lugar, está el balance de su mandato, que es execrable. Además de los numerosos escándalos en los que se ha visto envuelto, Sarkozy ha sido el “presidente de los ricos” a quienes ha hecho regalos fiscales inauditos, mientras sacrificaba a las clases medias y desmantelaba el Estado del bienestar. Esa actitud ha alimentado las críticas de los ciudadanos que, poco a poco, se han visto engullidos por las dificultades: pérdida de empleo, reducción del ­número de funcionarios, retraso de la edad de jubilación, aumento del coste de la vida... No cumplió sus promesas. Y la decepción de los franceses se amplificó.

Sarkozy cometió también garrafales errores de comunicación. La noche misma de su elección en 2007 se exhibió en un célebre restaurante parisino de los Campos Elíseos festejándolo sin complejos en compañía de un puñado de multimillonarios. Aquella interminable juerga en el Fouquet’s quedó como el símbolo de la vulgaridad y la ostentación de su mandato. Los franceses no lo han olvidado y muchos de sus propios electores modestos jamás se lo perdonaron.

Con su hiperactivismo, su voluntad de estar presente en todas partes y de decidirlo todo, Sarkozy ha olvidado una regla fundamental de la Quinta República: el Presidente –que posee más poder que cualquier otro jefe de Ejecutivo de las grandes democracias mundiales– debe saber guardar las distancias. Dosificar con prudencia sus intervenciones públicas. Ser el señor de la penumbra. No quemarse por exceso de sobreexposición. Y es lo que le ha pasado. Su hipervisibilidad desgastó pronto su autoridad, y lo ha convertido en su propia caricatura, la de un dirigente permanentemente acalorado, impetuoso, excitado...

Ni una sola encuesta, hasta ahora, lo da como vencedor de ­estas elecciones. Pero Sarkozy es un guerrero dispuesto a todo. Y también, a veces, un golfo sin escrú­pulos, capaz de actuar como un auténtico aventurero. De tal modo que, desde que se lanzó a la cam­paña el mes pasado, con un descaro monumental no ha dudado en ­presentarse –él, que ha sido el “presidente de los ricos”– como “el candidato del pueblo” esgrimiendo argumentos próximos a la xenofobia para robarle votos a la extrema derecha. No sin eficacia electoral. Y en las intenciones de voto, inmediatamente ganó varios puntos hasta conseguir situarse por encima del candidato socialista...

Éste, François Hollande, es por el momento, el claro favorito de los sondeos. Todos, sin excepción, lo dan vencedor el 6 de mayo próximo. Poco conocido en el extranjero, Hollande es considerado por sus propios electores como un burócrata por haber sido durante más de once años (1997-2008) Primer secretario del Partido socialista. Contrariamente a su ex compañera Ségolène Royal, nunca fue ministro. Y su nombramiento como candidato de los socialistas no resultó evidente. Sólo fue designado después de unas durísimas elecciones primarias en el seno de su partido (a las que, por razones harto conocidas, Dominique Strauss-Kahn, el preferido de los electores socialistas, no pudo competir).

François Hollande es un social-liberal de centro, conocido por sus habilidades de negociador y su dificultad para tomar decisiones. Se le reprocha ser demasiado blando y mantener en permanencia la confusión. Su programa económico no se distingue netamente, en el fondo, del de los conservadores. Después de haber afirmado en un discurso electoral que “el enemigo principal” eran las finanzas, se apresuró a ir a Londres a tranquilizar a los mercados recordándoles que nadie había privatizado más y liberalizado más que los socialistas franceses. En lo que respecta al euro, a la deuda soberana o a los déficits presupuestarios, Hollande –que afirma ahora querer renegociar el Pacto fiscal – está en la misma línea que otros dirigentes socialdemócratas, ­como Yorgos Papandreu (Grecia), ­José Sócrates (Portugal) y José Luis Rodríguez Zapatero (España), quienes, después de haber abjurado de sus principios y aceptado las horcas caudinas de Bruselas, fueron electoralmente expulsados del poder.

La flacidez política de François Hollande aparece aún más flagrante cuando se le compara con el candidato del Frente de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Con el 14% de las intenciones de voto, éste está resultando la gran revelación de estas elecciones. Sus mítines son los que reúnen al mayor número de personas, y sus discursos, verdaderos modelos de educación popular, los que levantan el mayor entusiasmo. El domingo 18 de marzo, aniversario de la revolución de la Comuna de París, consiguió movilizar a unas 120.000 personas en la plaza de la Bastilla, cosa jamás vista en los últimos cincuenta años. Todo ello debería favorecer cierto giro a la izquierda de los socialistas y de François Hollande. Aunque las diferencias de líneas son abismales.

El programa de Jean-Luc Mélenchon, resumido en un librito titulado L’Humain d’abord! (¡Primero lo humano!) del que ya se han vendido centenares de miles de ejemplares, propone, entre otras medidas: repartir la riqueza y abolir la inseguridad social; arrebatarle el poder a los bancos y a los mercados financieros; una planificación ecológica; convocar una Asamblea Constituyente para una nueva República; liberarse del Tratado de Lisboa y construir otra Europa; iniciar la desmundialización...

El entusiasmo popular que está levantando Jean-Luc Mélenchon da una nueva esperanza a las clases trabajadoras, a los militantes veteranos y a la multitud de los jóvenes indignados. Es también una respuesta a una democracia en crisis donde muchos ciudadanos ya no creen en la política ni en el ritual de las elecciones.

Mientras se desinfla la extrema derecha y fracasa la tentativa de revivirla mediante el experimento de Marine Le Pen, estas elecciones presidenciales francesas podrían demostrar que, en una Europa desorientada y en crisis, sigue viva la esperanza de construir un mundo mejor.

Fuente: Le Monde Diplomatique.

27 marzo 2012

"¿POR QUÉ TE CALLAS AHORA?" LE PREGUNTA UN CORONEL DEL EJÉRCITO AL REY.

Por Amadeo Martinez Inglés, coronel del ejército español

Recordando la famosísima frase que le dirigiera el monarca español al Presidente venezolano Hugo Chávez, "¿Por qué no te callas?", el coronel del ejército español, Martinez Inglés, se la devuelve ahora al monarca en relación con el affair de presunta estafa multimillonaria protagonizada por su yerno Iñaki Urdangarin.


Sí, sí, regio suegro del atlético Urdanga; divino monarca enviado por el Espíritu Santo a este bendito país para velar por la democracia, la felicidad, la salud y el bienestar de sus sufridos ciudadanos; rey sin par que crees provenir del testículo derecho del emperador Carlomagno cuando en realidad lo haces de la pérfida bocamanga del genocida Franco.
Sí, tú, último representante en España de la banda de borrachos, puteros, idiotas, descerebrados, cabrones, ninfómanas, vagos y maleantes que a lo largo de los siglos han conformado la foránea estirpe real borbónica culpable del atraso, la ignorancia, la degradación, la pobreza, el odio y la miseria generalizada de centenares de generaciones de españoles; presunto (estamos en un Estado de derecho aunque no lo parezca) malversador de fondos públicos para pagar francachelas sexuales; corrupto máximo en un país donde, desgraciadamente, la corrupción se mama desde la cuna; impune muñidor de una descomunal fortuna personal que nadie en este país sabe de donde ha salido; vil autogolpista castrense en aquél recordado 23-F que organizaste in extremis para salvaguardar tu detestable corona franquista; fratricida confeso (o presunto asesino) en tu juventud; reo de un delito de alta traición a la nación española al pactar en 1975 con el Departamento de Estado norteamericano, ostentando interinamente la Jefatura del Estado español por enfermedad del dictador Franco, la entrega vergonzante a Marruecos de la totalidad de la antigua provincia española del Sahara Occidental (territorio bajo administración española, según la ONU) en evitación egoísta de una guerra con ese país que hubiera puesto en peligro tu tambaleante corona; corresponsable, en consecuencia, del espantoso genocidio posterior (más de tres mil víctimas) cometido por el rey alauí, Hassan II, para dominar el inmenso territorio abandonado por España... tú que mandas callar a voz en grito a jefes de Estado extranjeros.

¿Por qué callas ahora? ¿Por qué no hablas, y cuanto antes, a los españoles? Primero ¡faltaría más! de las andanzas presuntamente delictivas (los jueces hablarán próximamente) de tu deportivo yerno, ese caradura integral que se ha valido de su matrimonio (con el, seguramente, también delictivo consenso de su gentil esposa) y de la impunidad casi absoluta de que ha gozado hasta ahora la llamada familia real española, para apropiarse de millones de euros del erario público. Con la gentil colaboración de políticos y altos cargos de las derrochadoras y detestables administraciones públicas de este país (central y autonómicas).



Y en segundo lugar, supremo líder de la ya amortizada monarquía franquista del 18 de julio, y ya va siendo hora, háblanos de todas las irregularidades y presuntos delitos cometidos por tu regia persona, algunos de los cuales acabo de señalar y que este humilde mortal (o plebeyo, como quieras) ha denunciado repetidas veces en los últimos años ante las Cortes Españolas, única institución que puede entender de los mismos en base a la absoluta impunidad constitucional de la que gozas gracias a tu amado generalísimo, el tercer dictador más sanguinario de la historia europea después de Hitler y Stalin. Presuntos delitos de los que más tarde o más temprano tendrás que responder ante el pueblo español y que, no te quepa la menor duda, ocuparán algún día páginas y páginas en la triste historia de este país de la modélica transición y gaitas parecidas. Porque, amigo monarca, ya conoces los populares dichos: "A todo cerdo le llega su San Martín" y "El tiempo coloca a cada uno en su lugar". Y a ti, y a toda tu familia y parentela más o menos cercana de enchufados, vagos y maleantes de toda laya, parece ser que está a punto de llegaros esa suculenta y tradicional onomástica de ancestral raíz gastronómica a la vez que el justiciero "devenir temporal de la historia" os arrincona sádicamente contra vuestro propio latrocinio y contra vuestra y escandalosa corrupción; decidido a bajaros a todos a las negras profundidades del infierno político y social.

El largo tiempo del vino (Vega Sicilia, naturalmente) y las rosas de palacios y lujosas residencias veraniegas (más de siete lustros), gastándoos a espuertas el escaso dinero de los amados y tontorrones súbditos, toca a su fin. Y todos, absolutamente todos los componentes de esa tu despreciable familia real, tendréis que comparecer algún día ante la justicia; unos, como el atlético y descerebrado deportista de elite que creyó que le había tocado la bonoloto cuando la infantita de marras le eligió como dulce esposo de su particular cuento de hadas, muy pronto, porque las pruebas son irrefutables y porque, aunque torpe y lenta, la bella diosa ciega celtibérica de la balanza de oro, no podrá esta vez mirar para otro lado y tendrá que castigar como se merece tanto derroche, tanto latrocinio y tanta vagancia familiar e institucional; otros, como las infantitas borbónicas casadas o separadas temporalmente de sus parejas, que se dejan querer cobrando espectaculares sueldos millonarios de grandes empresas españolas y multinacionales y que, con tribunales o sin ellos, pronto tendrán que renunciar a tanta bicoca; y tú, todavía rey franquista de todos los españoles, aún protegido como estás por la larga mano del dictador y por la nefasta herencia constitucional de unos cuantos pelotas de intramuros del régimen (padres de la patria, qué risa) que parieron una Carta Magna a tu medida haciéndote divino e inviolable... no te confíes demasiado que el horno no está para bollos y muy pronto pintarán bastos en las calles y avenidas de muchas ciudades españolas.


¡Deja ya de hacerte el muerto! ¡Deja ya de emplear medios del Estado (aviones militares y demás) para acudir a grandes premios de Fórmula I o torneos internacionales de tenis a la par que eludes con total desvergüenza las escasas y ridículas obligaciones de tu medieval cargo...y habla! Cuéntanos a los españoles si conocías o no las presuntamente delictivas andanzas de tu todavía yerno, el Urdanga ése, y por qué te hiciste el sueco si, como es de cajón, las conocías. Y, también, nos pones al corriente de a cuanto asciende a día de hoy tu amañada fortunita, de como se desarrollaron (sin entrar en detalles morbosos, desde luego) tus pícaras alegrías amatorias con cargo a los fondos reservados del Estado español, de como transcurrió el tortuoso día (23-F del 81) en el que salvaste a todos los españoles... y de todas las demás guarrerías personales y familiares cometidas en tu ya largo reinado. Así los españoles nos iremos enterando de todo ello sin tener que acudir a Internet y los jueces y los diputados electos del Partido Popular del hoy "muy asustado y mudo Rajoy" podrán ir tomando nota. Para cuando haga falta, naturalmente...

24 marzo 2012

Opinión política del Perú actual.

Por Lorenzo Gonzalo/Cubainformación-Cubasolidaridad.- Andamos por Perú, donde un gobierno de discurso nacionalista y proyección social, asumió la dirección del Estado hace a penas un año y donde la opinión de muchos se parece más a una incógnita que a un pronóstico.

El mayor contraste del Presidente Ollanta Humala y su predecesor se pone de relieve por el estilo de dos personalidades muy distantes en sus conductas.

Alan García, quien ejerciera la Presidencia durante los cinco años anteriores a la elección de Humala, es un hombre de discursos que muchas veces limitan con una incontinencia verbal. Por otro lado la presentación de su imagen por la prensa, parece significarle un tema más importante, que las propias soluciones de las problemáticas sociales.

Ollanta por su parte no aparece en público, no habla, no opina y es breve cuando se manifiesta sobre alguna temática.

Este estilo de trabajo, no condicionado por una estrategia determinada sino por una cuestión netamente fundada en su personalidad, requiere ser asimilada por un público acostumbrado a saber del anterior Mandatario todos los días, sin entender quizás, si lo expresado en su discurso o declaración era bueno, malo, irrelevante o simple realización de un Yo personal.

Las fuerzas mayoritarias que votaron por Ollanta Humala fueron quienes viven en condiciones más deplorables o cuyos estilos de vida están muy lejanos de la suntuosidad que los rodea. La distancia usufructuaria entre un empleado, obrero de la construcción o el pequeño productor agrícola de un país subdesarrollado como Perú es brutal, comparada con la existente dentro de esos mismo sectores en los países desarrollados y aún en los emergentes.

Cuando uno visita la capital y luego se desplaza a las poblaciones, aun a ciudades importantes como Arequipa, se da cuenta que la asimetría en la distribución de la riqueza es inmensa.

El país ha logrado un desarrollo sostenido durante varios años, gracias a las grandes inversiones que se han desplazado de los mercados desarrollados hacia países como Perú, atraídos por sus condiciones naturales para las grandes producciones, especialmente la agrícola, de la misma manera que viene sucediendo también con la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, en cuanto a la distribución de las riquezas, la situación no ha sido igual a la de sus vecinos, donde la pobreza ha podido disminuir inversamente proporcional al crecimiento. Estos sectores del Perú, anclados en sus ingresos, contrastan a diario con el acelerado desarrollo, muchas veces suntuoso de las ciudades, especialmente en Lima, donde se concentra el 30% de la población del país.

De esos grupos humanos surgió el voto mayoritario del Presidente Ollanta Humala, quienes como en otras tantas oportunidades, al margen de posiciones ideológicas, son arrastrados por la promesa de una vida mejor. Pero como ocurre siempre con las grandes expectativas, una vez logrado el triunfo del representante estatal donde depositaron la confianza para materializar los requerimientos sociales insatisfechos, no paran en cuenta de que las soluciones no vienen de la noche a la mañana.

No sabemos qué va a hacer Ollanta, pero sabemos que de creer firmemente en los cambios prometidos, le llevará un tiempo para conjugar sus propósitos con las trabas creadas por múltiples intereses donde, los capitales especulativos, indecisos y temerosos, no son los únicos inconvenientes, sino también los entretejidos del poder, acostumbrados al enriquecimiento fácil o a usufructos que para ellos se han tornado en supuestos derechos.

Por lo pronto el país está tranquilo. No hay mayores problemas. Las protestas son esporádicas, pequeñas por lo general y la mayoría de ellas están conformadas por simpatizantes del Presidente, frustrados con una gestión que en realidad a penas ha podido comenzar. Como cosa interesante estos grupos expresan en general que la protesta no es para descalificarlo, sino para que no “se olvide de los humildes”. Las pocas izquierdas que aun pretenden orientar sus gestiones políticas basándolas en la confrontación de clases, apelan a la descalificación absoluta del empresario, la gran empresa y la masa de tecnócratas bien pagados. Ollanta, si alguna vez participó de esos criterios, resulta obvio que para bien, no los practica a estas alturas de los tiempos.

Por su parte el Presidente parece estimular las actividades de la clase media y apela a la cooperación de peruanos que quieren al país, han sido exitosos en sus gestiones empresariales y están concientes que problemas como la transportación pública, para poner un ejemplo, son de imperiosa necesidad para sostener el crecimiento mejorando el ambiente. Recientemente se manejan diferentes alternativas para acabar con los pequeños buses, pertenecientes a gremios transportistas, que lejos de solucionar los inconvenientes del tráfico lo dificultan. Se ha creado un sistema de transportación aprovechando la vía rápida y se estudia el desarrollo de trenes urbanos, de los cuales ya hay uno en funcionamiento.

Las protestas apelan a asuntos tan apremiantes como el precio del gas, lo cual estuvo en el centro de las promesas de la campaña por la presidencia. El otro aspecto es el alto costo del combustible, lo cual se traduce en un buen pretexto para que ciertos empresarios inescrupulosos incrementen el precio de productos básicos.

Pero todos estos aspectos parecen ser atendidos desde el silencio por el nuevo Presidente a quien unos acusan de haber olvidado a “los humildes” y de quien otros desconfían por su procedencia de luchador social y por sus arraigos familiares.

Ollanta Humala tiene dos relaciones sanguíneas que la prensa explota haciendo uso de la desinformación. Una de ellas es el padre, de tendencias nacionalistas que lindan con la xenofobia y con proyecciones fascistas. El otro es el hermano, quien asumió una actitud insurreccional en épocas del Presidente Toledo, en contravención absoluta con los nuevos tiempos que respetan los procesos constitucionales y a través de ellos llegan a ocupar el Poder. Tal es el caso de Venezuela, Ecuador Uruguay, Paraguay, Argentina, Nicaragua, Brasil, Bolivia y otros. Antauro, su hermano parece profesar las mismas ideas del padre de ambos, aunque no es el caso de Ollanta quien en ese sentido procura sentar distancia.

En tiempos de Fujimori, cuando éste provocó el autogolpe, militares como el Brigadier Sedó asumieron una actitud de confrontación, algo legítimo a la luz de las propias constituciones de origen liberal. También Ollanta participó en una insurrección cuando la corrupción rampante no hallaba otro camino que una asonada militar, combinada con un fuerte apoyo civil para detenerla y volver al cauce de la democracia. Pero el caso de su hermano Antara Humala, evidentemente no procuraba ese mismo objetivo.

Estas situaciones de familia son explotadas con malas intenciones por la prensa y alimenta la desconfianza en sectores poblacionales que de una u otra manera va a perder con el tiempo privilegios e impunidades, aunque esto necesariamente no implica que se afecten en sus riquezas.

Ollanta Humala parece un Presidente que se mueve con seguridad pero con extremo cuidado. Nos imaginemos que también estará conciente que un período de cinco años no es suficiente para encauzar ningún proyecto político social de envergadura y que la Constitución peruana no le permite un segundo período consecutivo. La solución sería cambiar la Carta Magna, pero esto implicaría algo que pudiera poner en duda sus concepciones democráticas y de seguro la prensa y los sectores que nunca lo han aceptado, capitalizarían a su favor este hecho para desacreditarlo frente al resto de la ciudadanía.

Estas interrogantes y sus convencimientos de llevar adelante sus propósitos renovadores, si existen realmente, deben estar presentes a la hora de decidir la mejor estrategia a seguir en estos primeros años.

Su compañera de luchas y relaciones sentimentales, su esposa Nadiene Heredia, resalta como el eslabón perdido que pudiera llenar el impedimento de una continuidad política plenamente garantizada. La prensa, hasta los días de hoy, no ha explotado aún esta posibilidad aunque sí es mencionada con mucha frecuencia.

Esperemos para ver. Por lo pronto, Perú marcha tranquilo, se desarrolla, embellece sus ciudades y esperemos que también logre alcanzar crecimiento, para lo cual, la inclusión social es un aspecto imprescindible y esencial.

18 marzo 2012

Los apoyos sociales a la huelga general del 29-M.

Antonio Antón-Rebelión.

Las direcciones confederales de CCOO y UGT han convocado una huelga general para el día 29 de marzo contra la reforma laboral del Gobierno del PP y su política de recortes sociales. Es una norma que facilita y abarata el despido, empeora las condiciones laborales y precariza el empleo; no crea empleo y prolonga la crisis; perjudica a la mayoría de la sociedad y desequilibra las relaciones laborales con un fuerte incremento del poder empresarial. Junto con las medidas de restricción del gasto público y el recorte de prestaciones y servicios públicos, trata de imponer una fuerte regresión en los derechos sociolaborales y consolidar unas condiciones de vida y empleo precarias para la mayoría y, especialmente, para los sectores más vulnerables.

La amplitud y la profundidad de esa política regresiva liberal-conservadora, su pretensión de generalización y persistencia, en una situación de agravamiento del desempleo y las consecuencias sociales de la crisis económica, exigen una respuesta social masiva y contundente. Es preciso un amplio respaldo popular, una firme participación ciudadana. Se trata de una acción de reafirmación democrática. Hay que poner un freno consistente a estas medidas antisociales para forzar su cambio.

Al descontento social por esta situación socioeconómica y de empleo, se añade el desacuerdo ciudadano con esta reforma laboral. Según encuestas de opinión (ver Barómetro de marzo de Metroscopia, El País, 4 de marzo de 2012), casi dos tercios (62%) de la población desaprueba la reforma laboral del Gobierno, porcentaje mucho más amplio entre los votantes del PSOE (91%); hay que destacar que incluso el 28% de los votantes del PP también la desaprueba. Por otro lado, la consideran adecuada sólo el 24% de la población (el 47% de los votantes del PP), mientras el 74% creen que no va a ayudar a crear empleo y el 61% que responde a presiones externas.

El Gobierno del PP, a pesar de su reciente victoria electoral, tiene un grave problema de legitimidad para imponer su agresiva reforma laboral. No calan sus argumentos de que son reformas equitativas y medios imprescindibles para la creación de empleo. Perjudica a las capas trabajadoras y desfavorecidas, y la gente desconfía, con razón, que esos sacrificios sean el camino para eliminar el paro y crear puestos de trabajo. Por tanto, en un primer aspecto, el grado de desacuerdo con esa medida, la mayoría ciudadana está con la posición de los sindicatos y en contra de la decisión gubernamental (y la mayoría parlamentaria). Ello ofrece una gran legitimidad social a los objetivos de la huelga general: retirar esta reforma laboral.

En el segundo aspecto, el tipo de respuesta ciudadana conveniente ante esta agresión, la posición de la población también es ambivalente, pero de signo distinto. Según la citada encuesta sólo el 28% del conjunto de la población justificaría una huelga general que forzará al Gobierno a cambiarla y suavizarla (8% entre los votantes del PP, y 45% entre los del PSOE -y se supone que todavía mayor entre los votantes del resto de la izquierda-). En sentido contrario, el 67% de la población (90% entre los votantes del PP y 50% entre los del PSOE) expresa que una huelga general no serviría de nada y podría empeorar aún más la situación económica. El argumento del Presidente Rajoy de que ‘no va a servir de nada’ y se va a aplicar toda la reforma tiene credibilidad, incluso entre la mitad de la actual base electoral PSOE, y es un motivo poderoso que utiliza la derecha para desactivarla. Esta sería la peor de las hipótesis.

No obstante, se pueden hacer diversas matizaciones. Primera, que la encuesta refleja la opinión del total de la sociedad (incluyendo empresarios, autónomos y capas directivas, así como personas inactivas); no hay datos desagregados, pero si se comparan con la situación similar del 29-S, el porcentaje de justificación entre la población asalariada aumentaría varios puntos más respecto de la media, es decir, podría alcanzar un tercio.

Segunda, tiene que ver con el tipo de pregunta y la interpretación de la respuesta. En esa encuesta se pone en primer plano el grado de ‘realismo’ sobre la eficacia inmediata de la huelga no sobre su legitimidad (o simpatía). Tampoco se asocia con otras motivaciones para apoyar la movilización social, por sus efectos positivos en diversos campos expresivos, de refuerzo de la ciudadanía y reequilibrio en las relaciones laborales, como expresión democrática de una indignación y un malestar social que hay que escuchar. No se pregunta si puede ser útil para todo ello. Pero tampoco es neutra o inútil en la apuesta por su cambio: la deslegitimación de la reforma abrirá un camino para que pierda fuerza y agresividad y se comience a generar su reversión. Forzar la respuesta sobre la actitud hacia la huelga por las posibilidades inmediatas de su modificación sustancial es reducir su significado a un utilitarismo extremo y cortoplacista, desconsiderando sus consecuencias de fondo para debilitarla y modificarla, así como toda la dimensión social, democrática y expresiva del sindicalismo, las clases trabajadoras y la ciudadanía activa. Por tanto, deducir que dos tercios de la población están en contra de la huelga es excesivo; con esos datos y a pesar de esa pregunta tan sesgada, un tercio de los asalariados está en contra de la reforma laboral y justifica la huelga general, y otro tercio también está en contra de la misma reforma pero cree que con los paros no la va a poder cambiar ya (y pueden tener consecuencias contraproducentes). La cuestión no es que esa valoración no sea realista, que parcialmente lo es sino que es unilateral. Ese factor no debe ser el determinante para la no participación porque hay más planos, realidades y objetivos para justificar y expresar el rechazo a esa reforma: su carácter injusto, la exigencia de su cambio y construir los cimientos para conseguirlo.

La tercera apreciación tiene que ver con una valoración realista de los apoyos sociales iniciales a la huelga general para superar algunas dificultades y fortalecer la participación y la simpatía hacia la misma. Ya se conoce el resultado de otra encuesta de primeros de febrero de la misma empresa Metroscopia (El País 12-2-2012) donde el 46% de la población (67% de los votantes del PSOE) estaría de acuerdo con la convocatoria de la huelga general. Es decir, más de la mitad de la población trabajadora asalariada y más de dos tercios del conjunto de la base electoral de las izquierdas la consideran justificada –dando por supuesto que del resto de votantes de la izquierda y parte de la abstención su apoyo sería superior-.

Por otra parte, tenemos la experiencia de la pasada huelga general del 29-S (un análisis detallado se encuentra en el libro Resistencias frente a la crisis de ed. Germanía-Valencia): una participación activa media en torno a un tercio de asalariados convocados (cerca de cinco millones) con mucha dispersión (en torno a dos tercios –y más- en los grandes centros industriales y urbanos, un tercio en medianas empresas y grandes centros de la administración pública y otros servicios, y mínima en las pequeñas empresas –y algunas grandes-, particularmente de servicios). La disponibilidad, la participación y la percepción están muy fragmentadas. En todo caso, es imprescindible una paralización significativa de la actividad productiva, urbana y comercial y una implicación de núcleos relevantes de las capas trabajadoras.

Existen muchas dificultades, empezando por el fuerte bloque de poder de la derecha y el mundo económico, su inmenso aparato institucional y mediático y su renovado apoyo electoral (aunque no para esto). En este aspecto hay que señalar la menor desventaja en los apoyos institucionales respecto de la anterior huelga, ya que la dirección del PSOE –y medios afines- ahora está en contra de esta reforma y ello puede contribuir a la mayor visualización de su rechazo. Además, hay que tener en cuenta factores estructurales (fragmentación del tejido productivo, capacidad coactiva empresarial, fragilidad de las capas trabajadoras…) y contextuales (imponente poder institucional a favor de estas políticas restrictivas, dificultades del sindicalismo, debilidad de las izquierdas…). Así, a pesar del fuerte descontento social y la legitimidad de sus objetivos, es difícil una participación activa mayoritaria en el conjunto, es decir, la incorporación masiva a los paros de las capas trabajadoras precarias e inseguras en las pymes, especialmente, de los servicios y de las capas asalariadas de mayor estatus y rentas. No obstante, con esas previsiones, existen garantías de una participación sustancial, al menos, del nivel similar al 29-S y a la de 2002. La amplia participación –centenares de miles- en las manifestaciones del 19-F y del 11-M así lo indica. En ese sentido, tiene la ventaja de coincidir con una convocatoria previa de los sindicatos nacionalistas en el País Vasco, Galicia y Navarra; permite disminuir viejos enfrentamientos entre sindicatos confederales y nacionalistas y garantizar una participación mucho más unitaria y generalizada en esas tres zonas.

En resumen, existe una disponibilidad básica y creciente entre la mayoría de los sectores progresistas y la ciudadanía indignada para la participación en esta contestación social; falta por asegurar esos objetivos mínimos de apoyos sociales explicando en profundidad las razones del conflicto. Pero, además, en estas semanas, se trata de frenar la previsible ofensiva del poder político y económico y, al mismo tiempo, ganar apoyos y ampliar su masividad y la simpatía hacia ella. El reto es superar ese listón de participación y restar credibilidad a la estrategia de las derechas.

Por tanto, la explicación a favor de la huelga general debe abundar, por un lado, en la legitimidad de su objetivo: echar atrás una reforma laboral agresiva y las medidas de recortes sociales, rechazadas por la mayoría ciudadana; por otro lado, explicar las ventajas de que salga bien, al mismo tiempo que las desventajas del fatalismo. Es difícil que simplemente con una huelga con ese nivel de participación se impida su aprobación definitiva en el Parlamento. La cuestión es que es posible cuestionarla, restarle credibilidad ante la sociedad y eficacia en su aplicación, y preparar condiciones para su modificación sustancial. Se habrá avanzado en el objetivo de su supresión, que quedará como una tarea firme a continuar. Además, la desventaja de la pasividad, la ausencia de movilización social contra ella, abonaría su consolidación (junto con las dos anteriores a las que refuerza) y la de todo el paquete restrictivo; se profundizaría la indefensión laboral en las empresas y el desequilibrio en las relaciones laborales.

La falta de una respuesta popular adecuada le permitiría a las derechas y los empresarios ampliar el carácter regresivo de esta reforma laboral y las demás reformas estructurales. El débil freno a esta política tendría efectos perniciosos para el fortalecimiento del sindicalismo y la renovación de las izquierdas, así como para la propia calidad democrática de las instituciones. En el plano cultural se favorecería la resignación colectiva y la simple adaptación individual; en el plano sociopolítico debilitaría al sindicalismo y el tejido asociativo progresista, así como perjudicaría la dinamización de la ciudadanía activa y la mejor participación democrática en la defensa de los derechos sociolaborales; supondría mayores riesgos de afianzamiento de la mentalidad conservadora y la involución autoritaria.

Por tanto, lo que el campo social progresista perdería de no hacerse (o no tener apenas seguimiento) es mucho más que los riesgos reales de esta respuesta contundente a la ofensiva del Gobierno del PP. La huelga general no será inútil; es un paso relevante imprescindible para resquebrajar toda la estrategia neoliberal regresiva, y necesita consistencia y continuidad. Esta apuesta, probablemente, no conseguirá la total paralización productiva del país ni una participación generalizada de toda la población, pero puede tener los apoyos sociales necesarios en los dos planos fundamentales: participación activa suficiente (en los paros y todas las actividades y manifestaciones de apoyo), y amplia legitimidad social, al contar con el rechazo de la mayoría ciudadana a esta reforma laboral. Es un acto de reafirmación democrática y estímulo de la participación ciudadana, de freno a la involución social y exigencia de otra política socioeconómica, laboral y de empleo.

En definitiva, es una huelga justa y legítima, el rechazo a la reforma laboral y los recortes sociales es apoyado por la mayoría de la sociedad; es un cauce de expresión de la indignación y el malestar social, y sus objetivos incluyen el freno a la involución social y la exigencia de rectificación de la política sociolaboral y de empleo. Supone la reafirmación del movimiento sindical en su capacidad dinamizadora y representativa, y un reequilibrio de la capacidad contractual de las capas trabajadoras en las empresas. Es un inicio, no el fin del camino. Es un freno a la ofensiva del Gobierno del PP que puede limitar su alcance regresivo. Puede conseguir el agrietamiento de la legitimidad de esa política de recortes sociolaborales y el reforzamiento de la izquierda social o la ciudadanía activa, que son condición para su cambio. Por tanto, se trata de construir las condiciones sociopolíticas y democráticas para un reequilibrio en las relaciones laborales y sindicales, el avance en los resultados reivindicativos y, como fondo, la reorientación de la gestión de la crisis hacia una salida más justa y equitativa.


Antonio Antón es profesor honorario de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.