13 febrero 2012

El País, Perú y Ollanta Humala.

Pascual Serrano


El sábado 21 de enero encontramos a toda página en El País una publicidad especialmente curiosa que nos ayudará a comprender algunas cuestiones. El anuncio parece informar de un encuentro denominado “Invertir en Perú” y, aunque señala la fecha, el 26 de enero en Madrid, no indica ni la hora ni el lugar exacto. En cambio, sí especifica las intervenciones que habrá en el encuentro. Por parte de Perú, los ministros de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y Turismo. Por parte de España, el ministro de Economía y directivos de Repsol, Teléfonica y BBVA. Se indica también que el evento lo clausura el presidente de la República del Perú, Ollanta Humala. En la foto del anuncio, sin ningún pudor, presentan un montaje del Machu Picchu rodeado de tres horribles edificios insertados a golpe de Photoshop en los Andes que, se sobrentiende, son sedes de cada una de las tres multinacionales citadas. La publicidad aparece pagada -como no- por Telefónica, BBVA y Repsol, con sus tres logos en la parte inferior de la página. Pero también por dos periódicos, el peruano La República y el español El País, lo que vuelve a mostrarnos la estrecha relación en objetivos comerciales entre periódicos y multinacionales.

Un encuentro de este tipo, es decir, de multinacionales españolas con el staff ministerial de un gobierno latinoamericano, bendecido por la clausura de su presidente es, sin ninguna duda, el mejor escenario para los poderes económicos. De ahí el entusiasmo de multinacionales y medios de comunicación en pagar una página de publicidad. Sin duda un gesto así por parte de un gobierno y su presidente debe ser adecuadamente correspondido por el diario El País, diligente brazo mediático de los grupos multinacionales españoles, entre otras razones porque o son accionistas de la empresa (caso de Telefónica) o porque son acreedores de sus préstamos impagados y vencidos hace ya mucho tiempo (caso del BBVA), o porque son poderosos anunciantes (caso de Repsol). Por ello, al día siguiente, aparece en la edición del domingo un “Diálogo con el presidente de Perú” de cuatro páginas y firmado nada menos que por el consejero delegado de Prisa, Juan Luis Cebrián. Se anuncia ya desde portada con un titular que ya comienza a devolver favores: “Ollanta Humala, el buen guerrero”. Humala intentó un levantamiento militar en el año 2000 pero, a diferencia de Hugo Chávez, el periódico El País nunca le llama ahora ex golpista. El consejero delegado de Prisa se ve obligado a explicarlo al inicio de la entrevista: “Yo tenía de él una imagen estereotipada de que la mayoría de los medios occidentales y la casi totalidad de su país habían difundido: un militar golpista, un Chávez a la peruana que había cambiado al exuberancia caribeña por la severidad del inca, pero que en el fondo constituía la misma amenaza para la democracia que la representada por cualquiera de los otros caudillos latinoamericanos de nuevo cuño”. Pobre Juan Luis Cebrían, víctima desinformada de los medios occidentales, él, ex director y consejero delegado del más importante grupo mediático occidental en español.

Qué lejos queda aquel 30 de marzo de 2006 cuando el entonces candidato presidencial Ollanta Humala era amigo de Hugo Chávez y el diario El País le dedicaba un reportaje titulado “Viaje al feudo del caudillo peruano”. Entonces escribían cosas así; “el ex teniente coronel vuelve a Tacna, la última ciudad peruana antes de pasar a Chile. Muy cerca de allí, en Locumba, en octubre de 2000, al mando de 69 reclutas, se sublevó contra Alberto Fujimori”, “Tacna es el corazón del movimiento de un candidato cuya vida política comenzó hace apenas 11 meses y cuya familia pone los pelos de punta a muchos peruanos”, “La familia, su militarismo y su falta de experiencia han sido sus flancos más cuestionados por sus principales rivales”, “Por la noche, en el mitin, la parafernalia castrense lo invade todo. Los llamados reservistas, muchos ex combatientes contra la guerrilla de Sendero Luminoso y en la guerra contra Ecuador (1995), vestidos con una camiseta negra con inscripciones en amarillo y pantalones de combate, se ocupan de la seguridad del Comandante”.

A Juan Luis Cebrián se le olvidó añadir el domingo 22 de enero que esa imagen estereotipada de golpista a lo Hugo Chávez se esfumó cuando tuvo a Humala invitando a las multinacionales españolas a su país. Y más todavía si el presidente aprueba que los libros de texto de los colegios peruanos sean de la editorial Santillana, eso merecería otra gran entrevista. O quizás ya fue ese el pago por la del 22 de enero.

Hace años un ministro cubano me preguntó de forma discreta y confidencial, cómo debía hacer su gobierno para que el diario El País informara con veracidad de la realidad cubana. Yo le dije que eso era muy sencillo de conseguir. Bastaba con que privatizaran su servicio telefónico y se lo dieran a Telefónica, su sistema eléctrico a Endesa o Iberdrola, la gestión de sus pensiones, sus servicios de seguros y financieros al BBVA o al Banco de Santander, los libros de texto de sus colegios deberán ser de Santillana y los de Alfaguara sin coste alguna en la importación y facilidades para la distribución. En esa línea, y verán qué amables comenzarían a ser las informaciones y editoriales del diario El País. Esa política es la que tenía Argentina en el año 2000. Sufrió una crisis formidable que dejó a los ciudadanos en la indigencia, pero El País nunca criticó las políticas de aquellos gobiernos. Parece que ha sido Ollanta Humala quien escuchó mis irónicas recomendaciones.

Un último detalle. Finalmente entramos en la página web del diario donde se da más información del encuentro y pudimos conocer el lugar: El Casino de Madrid, en la calle de Alcalá. Sin duda el lugar más adecuado, un casino.

http://www.pascualserrano.net/

12 febrero 2012

¿Por qué la Reforma Laboral del PP es el mayor ataque a los derechos de la clase trabajadora desde la transición?.

Teo Navarro
Rebelión
En un primer análisis de urgencia basta con analizar el contenido de las medidas anunciadas hoy por la ministra de Trabajo en nombre del gobierno para poder concluir, sin el menor atisbo de exageración, que estamos ante la mayor agresión a los derechos de la clase trabajadora desde la transición.
Desde aquellos lejanos Pactos de la Moncloa (1977) y Estatuto de los Trabajadores (1980), que ya empezaron hace más de tres décadas a liquidar algunos de los derechos (despido libre y rebaja de la indemnización por despido o incrementos salariales según la inflación prevista), duramente conquistados por la clase trabajadora con su poderosa lucha durante la etapa final del franquismo, hasta hoy han sido nueve las reformas laborales que los partidos del capital en el gobierno (UCD, el PSOE o el PP) han aprobado.
Con ellas han ido imponiendo una creciente desregulación, flexibilidad y precariedad laboral, ya sea de forma pactada con los dirigentes de CCOO y UGT, con su pasividad cómplice o con una respuesta timorata e inconsecuente por su parte como el 29-S. De hecho, han sido los incalificables burócratas de CCOO y UGT quienes han allanado el camino a la reforma del PP con su pacto previo con la patronal donde aceptaban, entre otras cosas, el retroceso de los salarios por tres años más, con la que está cayendo sobre los trabajadores.
La reforma que hoy ha anunciado el gobierno supone, en ese contexto, un salto cualitativo por varias razones, entre las que cabe destacar:


- Es la mayor agresión conocida a la negociación colectiva: además de hacer prevalecer los convenios de empresa sobre los de nivel superior, aumenta el poder empresarial al facilitar las cláusulas de descuelgue –ya aceptadas por CCOO y UGT— y cargarse la “ultraactividad” de los convenios (dejan de prorrogarse automáticamente pasados dos años después de haber vencido). Todo ello facilitará que los empresarios puedan imponer unilateralmente peores condiciones salariales y laborales a los trabajadores, limitando su capacidad de respuesta.


- Se suprime la autorización administrativa previa en los EREs, es decir, los empresarios podrán realizar despidos colectivos sin ninguna traba, y se extienden además al sector público la posibilidad de realizarlos. Esta era una vieja aspiración también de la patronal, como las anteriores.


-El despido se abarata drásticamente por varias vías: se generaliza el despido improcedente a 33 días por 24 mensualidades (desapareciendo el despido de 45 días por 42 mensualidades) y se imponen nuevas causas para el despido justificado (bastará que una empresa vea reducidos sus ingresos durante tres meses consecutivos) que facilitarán que la mayoría de despidos sean objetivos (20 días por 12 mensualidades).


-Se abre un nuevo y amplio abanico de bonificaciones a la patronal por contrataciones, es decir, se restan ingresos a la Seguridad Social (salario indirecto y diferido de los trabajadores) y, puestos a regalar dinero de los trabajadores al capital, se establece que los patronos puedan cobrar una parte de la prestación de desempleo de un parado (el 50% durante 12 meses) por contratarlo, mientras seguirá diciendo que escasea el dinero para pagar las pensiones o la prestación de desempleo.


-Se mantienen las formas más precarias de contratación –contrato de aprendizaje—y el límite a 24 meses en el encadenamiento de contratos temporales es poco menos que un chiste si tenemos en cuenta que se precariza todo el empleo, ya que se abarata el despido, igualando a la baja los contratos indefinidos con los temporales. Eso al margen del fraude patronal generalizado.


-Las ETT’s pasan a tener un papel central como agencias de colocación, lo que en la práctica supone la privatización del INEM por la vía de desviar su actividad hacia esas empresas de traficantes de trabajadores.


-En el mismo sentido, de reducir derechos de los trabajadores y culpabilizarlos, aprovechando para privatizar lo público, se endurece la “lucha contra el absentismo” laboral, dando mayor poder de control a las mutuas patronales, y se pretende que los parados con prestación realicen “trabajo social para la comunidad”, es decir, se les culpabiliza de su situación (cobran del Estado sin hacer nada) y se les utiliza para cubrir servicios públicos que corresponderían al Estado.


-Poco se puede decir de la broma de mal gusto (¡un nuevo derecho!) sobre el derecho de los trabajadores indefinidos a 20 horas anuales de formación a cargo de la empresa. Supondrán millones de horas de formación y resulta sospechoso que “los centros de formación acreditados ejecuten directamente los planes de formación”: parece evidente que a CCOO y UGT no les disgustará este punto teniendo en cuenta su implantación en esa actividad.


Es una reforma laboral contra la clase trabajadora, los verdaderos productores de riqueza y la inmensa mayoría de la sociedad, en beneficio del capital. Y ningún trabajador o trabajadora (activo o parado, indefinido o temporal, del sector público o del privado, autóctono o inmigrante, joven o mayor) escapa a sus efectos, independientemente de la conciencia o el conocimiento que pueda tener sobre ello.
Ni que decir tiene, por lo tanto, que tamaña agresión exige una respuesta lo más unitaria, amplia y sostenida en el tiempo que sea posible, si se quiere tener posibilidades reales de echarla abajo, partiendo de la convocatoria de una huelga general, como ya se ha hecho en Galiza, como primer paso en esa dirección. Una huelga general que debe partir de la explicación de los efectos de esta agresión para movilizar todo el potencial de lucha. Una agresión que hay que ver, además, como parte de la enorme ofensiva del capital y sus gobiernos contra los derechos también sociales de la mayoría social trabajadora, sobre la que quiere descargar la crisis ocasionada por el capital. A esa tarea debieran volcarse el sindicalismo de clase y alternativo, el activismo sindical y los movimientos sociales comprometidos con los intereses populares.

Químicamente tóxico.



A principios de este año, el gobierno aprobó la siembra piloto de 63 hectáreas de maíz transgénico en Sinaloa, a favor de la trasnacional Monsanto. El titular de Sagarpa, responsable por esta decisión que pone en riesgo el patrimonio genético alimentario más importante del país, declaró en una reunión con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y organizaciones de productores, ambientalistas y sociales, que no conocía los detalles de los dictámenes técnicos, pero que se tomarían medidas de bioseguridad, como plantar maíz transgénico amarillo y no blanco que es el de mayor consumo humano –manifestando su sorprendente ignorancia de que el cruzamiento y contaminación entre estas variedades es totalmente viable y seguramente ocurrirá– y agregando que en materia de transgénicos no somos químicamente puros, tenemos intereses económicos y políticos (Greenpeace México, 19/1/2012).
En realidad, esto último es lo único que cuenta en materia de transgénicos: los intereses económicos de cuatro multinacionales que controlan virtualmente ciento por ciento de los transgénicos en el mundo (Monsanto monopoliza más de 80 por ciento y todas son fabricantes de venenos) y los de los políticos con que éstas se relacionan, por decirlo de algún modo. Por supuesto no son químicamente puros, son puramente tóxicos.
México no necesita transgénicos en ninguna situación: el maíz transgénico produce igual o menos que los híbridos, usa más agroquímicos que cada vez son más tóxicos, conlleva nuevos problemas a la salud y al ambiente, las semillas son más caras y están todas patentadas a favor de unas cuantas multinacionales. Es la única semilla que contamina a las demás. Aunque el maíz híbrido también emite polen y se cruza con las variedades nativas campesinas, se trata de cruzas entre maíces, que la sabiduría campesina puede incluso aprovechar, o si no le sirve, descartarla. En el caso de los transgénicos, la cruza no es solamente entre maíces, es con otras especies que han sido manipuladas, como bacterias, virus y genes de plantas y animales que nunca se cruzarían naturalmente con el maíz, por lo que implican impactos desconocidos y con riesgos devastadores para la biodiversidad natural y la del maíz. La contaminación es inevitable y como son genes patentados, se convierte en un delito para las víctimas, que deben pagar a las empresas por un absurdo uso indebido de patentes. Los transgénicos también han puesto en crisis a miles de familias dedicadas a la apicultura, al contaminar la miel con transgénicos, impidiendo su exportación a Europa, el mayor comprador.
Pese a estos datos contundentes, el gobierno ha autorizado más de un centenar de siembras experimentales y ahora comienza a escalar las de fase piloto. La diferencia entre ambas es que las siembras piloto son en mayor extensión, a campo abierto y lo cosechado se puede comercializar. No se trata realmente de experimentos, lo único que el gobierno observa son las supuestas características agronómicas de los cultivos según las empresas, no la contaminación genética ni los impactos sobre la biodiversidad, que es lo esencial y diferente en México, ya que es centro mundial de origen del maíz. La UCCS mostró además que la contaminación puede alcanzar enormes distancias: siembras piloto de algodón transgénico contaminaron algodón nativo silvestre a miles de kilómetros de las siembras originales. (http://www.uccs.mx/, comunicado 27/01/12).
El 7 de febrero 2012, la Unión de Científicos Preocupados de Estados Unidos publicó un documento mostrando que al contrario de lo que dice Monsanto y sus organizaciones pantalla (como Agrobio México), la experiencia de 15 años demuestra que las semillas transgénicas han promovido la resistencia a agrotóxicos en malezas y plagas, han aumentado exponencialmente el volumen de agroquímicos y tóxicos, cada vez más fuertes y peligrosos, han contaminado genéticamente y dañado a los cultivos orgánicos, hacen muy difícil las alternativas y usaron decenas de millones de dólares en propaganda para persuadir a los políticos que les permitan continuar pese a impactos y malos resultados. También desplazaron y abusaron de la investigación agrícola pública, y en lugar de alimentar al mundo como autoproclaman las empresas, impiden las verdaderas soluciones para ello.
Casi al mismo tiempo, se aprobó en Estados Unidos el primer maíz transgénico con resistencia al agrotóxico 2, 4-D, uno de los componentes del agente naranja, arma química desarrollada por Monsanto y Dow y usada en la guerra de Vietnam, compuesto cancerígeno que después de tres generaciones, sigue teniendo secuelas en los descendientes de las víctimas y en la naturaleza.
Este es el camino inevitable al que llevan los transgénicos: aumento a gran escala de químicos cada vez más tóxicos, de altísimo impacto en la salud y el ambiente, ya que las malezas e insectos se vuelven resistentes. Es una guerra sin fin y un gran negocio para los que fabrican venenos.
Todo esto lo saben los que toman las decisiones, pero intencionalmente no atienden ninguno de los muchos argumentos científicos, sociales, culturales, legales, de los pueblos, contra los transgénicos. Por ello se abrió una audiencia sobre maíz y soberanía alimentaria en el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tendrá un proceso de análisis, testimonios y denuncias en los próximos dos años, para juzgar ante el mundo esta historia de impunidad y violencia que pretende erradicar la autonomía de los pueblos campesinos e indígenas y toda forma de producción independiente de alimentos.