Estados Unidos, Alemania, Canadá, Israel y el Reino Unido participantes en la «Operación Jericó»
Por por
Thierry Meyssan
Una
vez más, la administración Obama trata de cambiar por la fuerza un
régimen que se resiste a sus designios. El 12 de febrero de 2015,
un avión propiedad de Academi (ex Blackwater) disfrazado con
las insignias de las fuerzas armadas de Venezuela debía bombardear
el palacio presidencial de Caracas para eliminar físicamente al
presidente Nicolás Maduro. Los conspiradores tenían previsto poner en el
poder a la ex diputada María Corina Machado y hacerla aclamar
de inmediato por varios ex presidentes latinoamericanos.
Red Voltaire
| Damasco (Siria)
El presidente Obama con su consejero para Latinoamérica, Ricardo Zúñiga. Al fondo, la consejera de Seguridad Nacional, Susan Rice.
El presidente Obama había emitido un claro aviso. Lo puso por escrito en su nueva doctrina de defensa (National Security Strategy): «Estamos del lado de los ciudadanos cuyo pleno ejercicio de la democracia está en peligro, como los venezolanos».
Siendo Venezuela, desde la adopción de la Constitución de 1999, uno de
los Estados más democráticos del mundo, esa frase presagiaba lo peor
en materia de intentos destinados a impedir su marcha por el camino de
la independencia y la redistribución de la riqueza nacional.
Era el 6 de febrero de 2015. Washington terminaba de planificar el
derrocamiento de las instituciones democráticas de Venezuela. El golpe
de Estado estaba planificado para el 12 de febrero.
La «Operación Jericó» contaba con la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), bajo la responsabilidad de Ricardo Zúñiga. Este «diplomático»
es el nieto de otro Ricardo Zúñiga, el presidente del Partido Nacional
de Honduras que organizó los golpes militares de 1963 y de 1972 a favor
del general López Arellano. El Ricardo Zúñiga que ahora trabaja en la
Casa Blanca dirigió desde 2009 hasta 2011 la estación de la CIA en
La Habana, donde reclutó agentes y los financió para fabricar una
oposición contra Fidel Castro a la vez que negociaba la reanudación de
las relaciones diplomáticas con Cuba, finalmente anunciada en 2014.
Como siempre en ese tipo de operaciones, Washington se esfuerza por
no parecer implicado en los acontecimientos que sin embargo dirige. La
CIA organiza y dirige a los golpistas a través de organizaciones
supuestamente no gubernamentales: la NED (National Endowment for Democracy) y sus dos tentáculos de derecha, el International Republican Institute (IRI) y de izquierda, el National Democratic Institute (NDI); la Freedom House y el International Center for Non-Profit Law.
Además, Estados Unidos siempre recurre a sus aliados utilizándolos
como contratistas en ciertos aspectos del putsch. Esta vez participaron
al menos Alemania –a cargo de la protección de los ciudadanos de los
países de la OTAN durante el golpe–, Canadá –a cargo del control del
aeropuerto internacional civil de Caracas–, Israel –encargado de
garantizar los asesinatos de varias personalidades chavistas– y el Reino
Unido –a cargo de la propaganda de los golpistas. Finalmente, también
moviliza sus redes políticas para que reconozcan a los golpistas:
en Washington, el senador Marco Rubio; en Chile, el ex presidente
Sebastián Piñera; en Colombia, los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y
Andrés Pastrana; en México, los ex presidentes Felipe Calderón y Vicente
Fox; en España, el ex presidente del gobierno José María Aznar.
Para justificar el putsch, la Casa Blanca había estimulado grandes
empresas venezolanas a retener en sus almacenes enormes cantidades de
productos de primera necesidad. La no distribución de esos productos
tenía como objetivo provocar grandes colas ante los comercios y el
estallido de motines estimulados por la acción de provocadores
infiltrados entre los consumidores descontentos. La maniobra fracasó
ya que, a pesar de la escasez artificialmente provocada durante enero y
febrero y de las colas ante las tiendas, los venezolanos nunca llegaron a
atacar los comercios.
Para reforzar el sabotaje económico, el presidente Obama había
firmado, el 18 de diciembre de 2014, una ley que impone sanciones contra
Venezuela y contra varios de sus dirigentes. Oficialmente, Washington
decía querer sancionar a las personalidades responsables de la represión
contra manifestaciones estudiantiles. En realidad, desde el inicio del
año, Washington estaba pagando un salario -4 veces superior al ingreso
medio de los venezolanos– a los miembros de pandillas que se dedicaban a
agredir a las fuerzas del orden. Estos falsos estudiantes asesinaron a
43 personas en varios meses y sembraban el terror en las calles de
Caracas.
El ex número 2 de la ISAF en Afganistán, general Thomas W. Geary, actualmente al mando de la inteligencia del SouthCom.
La acción militar estaba bajo la supervisión del general Thomas W.
Geary, desde la sede del SouthCom en Miami, y de Rebecca Chavez, desde
el Pentágono. Como subcontratista de la parte militar del golpe aparecen
el ejército privado Academi (ex Blackwater); una firma actualmente
administrada por el almirante Bobby R. Inman (ex jefe de la NSA) y
John Ashcroft (ex secretario de Justicia de la administración Bush).
Según esa parte del plan, un avión militar Super Tucano,
matrícula N314TG, comprado por Academi en Virginia, en 2008, para
asesinar a Raúl Reyes, número 2 de las FARC colombianas, avión
falsamente identificado con las insignias de las fuerzas armadas de
Venezuela, debía bombardear el palacio presidencial de Miraflores y
otros objetivos entre los que se encontraban la sede del ministerio de
Defensa, la dirección de Inteligencia y la sede de TeleSur, el canal de
televisión multinacional creado por el ALBA. El avión se hallaba
en Colombia, el cuartel general de los putchistas había sido instalado
en la embajada de Estados Unidos en Bogotá –la capital colombiana– con
la participación del embajador estadounidense Kevin Whitaker y de su
segundo, Benjamin Ziff.
Varios oficiales superiores, activos y retirados, habían grabado de
antemano un mensaje a la Nación anunciando que habían tomado el poder
para restaurar el orden en el país. También estaba previsto que
suscribirían el plan de transición, publicado en la mañana del 12 de
febrero de 2015 en el diario El Nacional y redactado por el
Departamento de Estado estadounidense. El plan incluía la formación de
un nuevo gobierno, encabezado por la ex diputada María Corina Machado.
El golpe de Estado pondría en el poder a María Corina Machado.
El 26 de enero de 2015, la ex diputada recibía en Caracas a
sus principales cómplices extranjeros.
María Corina Machado fue presidenta de Súmate, la asociación
que organizó y perdió el referéndum revocatorio contra el presidente
Hugo Chávez Frías, en 2004, utilizando para ello –ya en aquel momento–
los fondos de la NED (National Endowment for Democracy) y los
servicios del publicista francés Jacques Seguela. A pesar de aquella
derrota, María Corina Machado fue recibida con honores por el presidente
George W. Bush en el Buró Oval de la Casa Blanca el 21 de marzo de
2005. Después de ser electa en 2011 como representante del Estado de
Miranda, el 21 de marzo de 2014 María Corina Machado se presentó ante la
Organización de Estados Americanos (OEA) como jefa de la delegación de
Panamá a ese foro continental y fue inmediatamente destituida de su
cargo de diputada por haber violado así los artículos 149 y 191 de la
Constitución de Venezuela.
Para facilitar la coordinación del putsch, María Corina Machado organizó en Caracas, el 26 de enero, un coloquio denominado «Poder ciudadano y Democracia hoy», en el que participaron la mayoría de las personalidades venezolanas y extranjeras vinculadas a la intentona golpista.
¡Mala suerte! La Inteligencia Militar venezolana estaba vigilando a
las personalidades sospechosas de haber fomentado un complot anterior
para asesinar al presidente Maduro. En mayo de 2014, el fiscal de
Caracas había acusado a María Corina Machado, el gobernador Henrique
Salas Romer, el ex diplomático Diego Arria, el abogado Gustavo Tarre
Birceño, el banquero Eligio Cedeño y el hombre de negocios Pedro M.
Burelli, quienes negaron haber escrito sus propios e-mails afirmando que
habían sido falsificados por la Inteligencia Militar. Por supuesto,
todos eran cómplices.
Al seguir la pista de estos conspiradores, la Inteligencia Militar descubrió la «Operación Jericó».
En la noche del 11 de febrero, los principales líderes de la
conspiración y un agente del Mosad israelí fueron arrestados y se
reforzó la protección aérea de la capital venezolana. Otros implicados
fueron arrestados el 12 de febrero. El día 20, las confesiones de
los arrestados permitieron la detención de otro cómplice: el alcalde de
Caracas, Antonio Ledezma.
El alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, era el agente de enlace
con Israel. Ledezma había viajado secretamente a Tel Aviv, el 18 de mayo
de 2012, para reunirse con el primer ministro israelí Benyamin
Netanyahu y con el ministro de Relaciones Exteriores Avigdor Lieberman
actuando como representante del jefe de la oposición venezolana,
Henrique Capriles Radonski.
El presidente Nicolás Maduro compareció de inmediato en televisión
denunciando a los conspiradores. Mientras tanto, en Washington, la
portavoz del Departamento de Estado hacía reír a los periodistas que
recordaban el golpe de Estado organizado por Obama en 2009 en Honduras o
más recientemente, en enero de 2015, en la intentona golpista de
Macedonia, al declarar: «Esas acusaciones, como todas las anteriores,
son ridículas. Es una política de hace tiempo, Estados Unidos no apoya
las transiciones políticas por medios no constitucionales.
Las transiciones políticas deben ser democráticas, constitucionales,
pacíficas y legales. Hemos visto varias veces que el gobierno venezolano
trata de desviar la atención de sus propias acciones acusando a
Estados Unidos u otros miembros de la comunidad internacional por los
acontecimientos en el interior de Venezuela. Esos esfuerzos reflejan
falta de seriedad de parte del gobierno de Venezuela al enfrentar la
grave situación que está confrontando.»
Para los venezolanos, este golpe de Estado abortado plantea un grave
dilema: ¿Cómo mantener la democracia cuando los principales líderes de
la oposición están en la cárcel por haber preparado crímenes en contra
de la democracia?
Para quienes aún creen, erróneamente, que Estados Unidos ha cambiado,
que ese país ha dejado de ser una potencia imperialista y que ahora
defiende la democracia en el mundo, la «Operación Jericó» es un obligado tema de reflexión.
Estados Unidos contra VenezuelaEn 2002, Estados Unidos organizó un golpe de Estado contra el presidente democráticamente electo Hugo Chávez Frías [1] y posteriormente asesinó al juez venezolano a cargo de la investigación, Danilo Anderson [2].
Intelectual francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la
conferencia Axis for Peace. Sus análisis sobre política exterior se
publican en la prensa árabe, latinoamericana y rusa. Última obra
publicada en español: La gran impostura II. Manipulación y desinformación en los medios de comunicación (Monte Ávila Editores, 2008).
http://www.voltairenet.org/article186818.html
