25 junio 2011

Las falacias del neoliberalismo.

El monopolio del pensamiento económico por parte del neoliberalismo en España es casi absoluto. La falta de diversidad en los medios de información económica y en los medios de mayor difusión (tanto prensa, como radio y televisión) es abrumadora, lo cual explica que posturas claramente ideológicas, sin ninguna base empírica que los apoye, se presentan como verdades científicas sin que exista la oportunidad de cuestionarlas y mostrar su falacia o error. La impermeabilidad del dogma neoliberal a los datos es una de las consecuencias de un dominio casi total en la literatura económica, lo cual les permite sostener tesis altamente cuestionables o ampliamente erróneas sin haber sido sometidas a un escrutinio y debate con posturas críticas de la sabiduría convencional que reproducen.

Una de tales falacias es que la única manera posible de salir de la crisis en la que se encuentra España es a base de las políticas de recortes del gasto público social, reduciendo todavía más su escasamente desarrollado estado del bienestar. De esta manera se están imponiendo unos enormes recortes de tal gasto y del empleo público en el país que tiene el gasto público social (que financia las transferencias públicas –como las pensiones- y los servicios públicos –como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las escuelas de infancia, los servicios de ayuda a las personas con dependencia, la vivienda social, entre otros-) más bajo de la UE-15, el grupo de países de la UE con semejante desarrollo económico que el nuestro. Y todo ello justificado con el argumento de que hay que reducir el gasto público social a fin de salir de la crisis. El “gran debate mediático” se centra, pues, en como recortarlo, y ello a pesar de la enorme evidencia que existe de que estas medidas son totalmente contraproducentes, tal como muestra lo que está ocurriendo en Grecia y en Irlanda, donde tales recortes están empeorando espectacularmente la recuperación económica. En realidad, lo que debiera hacerse es la expansión muy marcada de ta gasto público para estimular la economía y la creación de empleo.

El error argumental de la sabiduría convencional.

Estos brutales (y no hay otra manera de definirlos) recortes se hacen para disminuir el déficit del Estado asumiendo erróneamente que tal reducción estimulará el crecimiento económico y la creación de empleo. El mecanismo por el cual lo primero (la reducción del déficit) llevará a lo segundo (el crecimiento económico y creación de empleo) es –según las tesis neoliberales- mediante la reducción de los intereses bancarios, es decir, el precio del dinero, lo cual, asumen los economistas neoliberales, facilitará el crédito; es decir los empresarios podrán conseguir más fácilmente dinero de los bancos e invertir más para crear empleo y los ciudadanos podrán también obtener préstamos y consumir bienes y servicios, y con ello estimular la economía creando ocupación. Tales autores también asumen que bajar los intereses quiere decir que el valor de la moneda –el euro, por ejemplo- disminuye y con ello los productos españoles y europeos son más baratos y pueden venderse más fácilmente, aumentando la competitividad de la economía española y de las economías de los países miembros de la Eurozona.

Miremos ahora los datos. Los intereses bancarios han sido muy bajos y, sin embargo, la economía está estancada, es decir, el crecimiento económico es muy bajo. ¿Dónde está la evidencia de que la bajada del déficit del Estado está estimulando la economía? El problema existente hoy en España no es que el déficit sea demasiado alto o que los intereses sean demasiado altos. El problema existente es que no hay suficiente demanda de bienes y servicios porque no existe la capacidad de consumo de la población, resultado de su excesivo endeudamiento (como consecuencia de la disminución de las rentas del trabajo como porcentaje de la renta nacional), causado, en parte, por el enorme crecimiento (9 puntos) del desempleo durante el periodo de crisis (2008-2011) el más elevado de la OCDE. Por otra parte, existe la dificultad de conseguir crédito debido a su falta de disponibilidad, resultado del deseo de los bancos de recapitalizarse, comprando deuda publica. Los bancos reciben dinero del Banco Central Europeo, a unos intereses bajísimos (1%) y con este dinero compran bonos del estado (que les proporcionan unos intereses del 6% al 12% o más).

De ahí que las políticas que tales economistas neoliberales están proponiendo y el gobierno (con el apoyo del PP) están realizando son profundamente erróneas y están provocando mucho dolor. Destruir empleo público quiere decir que, para que no tenga efecto económico, debe crearse en el sector privado un número igual al de empleos públicos destruidos. Pero este sector privado apenas está creando empleo. De ahí que destruir empleo público quiere decir destruir empleo en su conjunto, disminuyendo la demanda.

El estado no necesita a los mercados financieros. En realidad son los mercados financieros los que necesitan a los estados y a su deuda pública.

Existe otra falacia que se reproduce en los medios de difusión, de que hay que bajar el déficit porque, en caso contrario, los mercados financieros no prestarán dinero al Estado, al no fiarse de que los estados puedan devolverles el dinero. Pero el Estado puede conseguir dinero a partir de otras medidas. Una de ellas aumentando los impuestos. Si el estado español, en lugar de ingresar una cantidad equivalente al 34% del PIB, ingresara el 52% (como Suecia), el estado español (central, autonómico y municipal) obtendría 200.000 millones de euros más de los que consigue, cantidad más que suficiente para cubrir los déficits del estado (y los enormes déficits de gasto público social de España).

Otra medida de evitar el endeudamiento privado es que el Estado imprima dinero. España ya no puede hacerlo. Es lo que hacen los bancos centrales, como el Federal Reserve Board de EEUU. Pero, resultado del enorme poder de la banca en la Eurozona, el Banco Central Europeo sólo puede imprimir y prestar dinero a la banca privada, no a los estados, algo que es escandaloso y que justificaría una rebelión (incluso a base de masiva desobediencia civil) en contra del excesivo poder de la banca sobre la UE y sobre los estados.

La falsedad de que vivimos por encima de nuestras posibilidades.

Otro dogma impermeable a los datos es el de que vivimos por encima de nuestras posibilidades. La repetición de esta falsedad es masiva, cuando es muy fácil ver que tal aseveración no es sostenible. España se gasta mucho menos en su estado del bienestar de lo que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos. El PIB per cápita en España es ya el 94% del PIB per cápita promedio de la UE-15. En cambio, el gasto público social per cápita es sólo el 74% del gasto público social per cápita promedio de la UE-15. Si en lugar del 74% fuera el 94%, tendríamos 66.000 millones de euros más de lo que nos gastamos. El dinero, pues, existe. Lo que ocurre es que el Estado (sea central, autonómico o municipal) no lo recoge. Tal como indiqué en un párrafo anterior, los ingresos al estado español representan una cantidad equivalente al 34% del PIB, el porcentaje más bajo de la UE-15 (cuyo promedio es 44%). Y si miramos quién no paga impuestos, se puede ver por qué el Estado no los recoge. La mayoría de la población que está en nómina paga impuestos a nivel europeo. El trabajador de la manufactura, por ejemplo, paga el 74% de los impuestos que paga su homólogo en Suecia. El 1% de renta superior de España, sin embargo, paga sólo el 20% de lo que paga su homólogo en Suecia. Y ahí está la razón de que el Estado no lo recoja. Las fuerzas conservadoras y neoliberales han tenido una enorme influencia sobre el Estado. Y éste no se atreve a enfrentarse ni a los ricos ni a los poderes fácticos del país, sea la banca, sea la gran patronal. Esta cobardía explica también que a pesar de la enorme transferencia de fondos públicos a la banca (ver mi artículo “Los ricos y la deuda pública” Público 02.06.11) la banca no concede créditos a los pequeños empresarios y a los ciudadanos, retrasando la recuperación económica.

La supuesta rigidez del mercado de trabajo como causa del desempleo.

Otro dogma neoliberal es que el elevado desempleo en España se debe al excesivo poder de los sindicatos y excesiva protección de los trabajadores que tienen contratos fijos (los llamados insiders), haciendo imposible para los desempleados (a los que se les llama outsiders) conseguir trabajo. Lo que hay que hacer –según los neoliberales- es eliminar los contratos fijos y que el empresario pueda despedir más fácilmente. Se enfatiza, pues, que para crear empleo hay que facilitar que al trabajador se le pueda despedir más fácilmente. La paradoja neoliberal es que la mejor manera de crear empleo es facilitar la destrucción de empleo.

Pero tal teoría ignora elementos esenciales, confundiendo varios hechos. Uno es que la tasa de desempleo es distinta a la tasa de crecimiento de desempleo. Un país como España tiene un elevado desempleo porque no hay suficiente creación de empleo: es decir, no hay suficientes puestos de trabajo. Éste ha sido tradicionalmente el caso español y responde en gran parte al escaso desarrollo de su sector público y, muy en especial, de su estado del bienestar. Si España tuviera, por ejemplo, el porcentaje de la población adulta que tiene Suecia trabajando en los servicios públicos del estado del bienestar, España tendría cinco millones más de puestos de trabajo de los que tiene ahora (una cifra, por cierto, mayor que el número de desempleados en España). En otras palabras, si el estado del bienestar nuestro fuera como el sueco, no habría desempleo en España. Y ello podría pagarse con los 200.000 millones de euros que tendríamos de más si las políticas fiscales fueran como las de Suecia.

La otra tasa, distinta a la tasa de desempleo, es la del crecimiento del desempleo. Y ahí, tal crecimiento en España (de 9 puntos del 2007 al 2009) no tiene nada que ver (repito, nada que ver) con el grado de regulación del mercado ni con el supuestamente excesivo poder de los sindicatos. Los países que, junto con España, han visto crecer más su desempleo, son EEUU e Irlanda (7.2 y 4.7 puntos, respectivamente) que tienen unos mercados de trabajo completamente desregulados. En realidad, Alemania es uno de los países con mercados de trabajo más regulados y con sindicatos más fuertes y su desempleo no sólo no ha aumentado, sino que ha descendido (-1.2 puntos) durante el periodo de crisis (y ello a pesar de haber visto descender espectacularmente su PIB como consecuencia de la recesión mundial que ha afectado mucho a una economía basada en exportaciones). Y el hecho de que no haya aumentado el desempleo se debe a la cogestión de las empresas (con los trabajadores y sindicatos ocupando parte de los consejos de dirección de las empresas), pactando una reducción del tiempo de trabajo en las empresas en lugar de una reducción de los trabajadores.

Los indignados llevan razón.

El pensamiento neoliberal es la ideología de la banca, de la gran patronal y de las rentas superiores. Se presenta como conocimiento científico y se promociona a través de instituciones (tales como Fedea y los gabinetes de estudios de los grandes bancos y cajas de ahorro) patrocinadas por estos poderes fácticos o a través de instituciones públicas como el gabinete de estudios del Banco de España (que actúa más como un lobby de la banca que como lo que debiera ser: una institución pública que regula la banca). Tal ideología se reproduce también en gran parte de los departamentos de economía de las universidades, cuyos miembros consideran su máxima realización académica la publicación de artículos en revistas, financiadas por la banca y/o próximas a ella. Ni que decir que hay muchas y notables excepciones. Pero hoy, la mayoría de la cultura económica académica en España es de orientación neoliberal.

El monopolio que tal ideología tiene en los medios académicos y no académicos diluye el rigor que cualquier debate académico debiera tener. Su promoción tiene poco que ver con la fortaleza científica de sus argumentos (que es muy escasa), sino con el control de las cajas de resonancia e instrumentos de difusión al servicio de los grupos con mayor poder económico y financiero del país. Como bien dijo el economista John Kenneth Galbraith hace ya cincuenta años en EEUU, “la misión de los departamentos de economía de las universidades de EEUU parece ser la de reforzar el dominio de la clase dominante”. Lo mismo podría decirse ahora de España, donde incluso se llega a negar la existencia de tal dominio.

Y el establishment político está totalmente absorbido en esta ideología, una ideología, por cierto, altamente rentable a nivel personal, pues la gran mayoría de los diseñadores de las políticas económicas (Ministros de Economía y Finanzas, Secretarios y Directores Generales, asesores económicos en la Moncloa), independientemente de su coloración política, proceden y/o terminan trabajando para los grupos de poder, promotores del neoliberalismo. Este maridaje del poder financiero y del poder económico con el poder político viola la propia esencia de la democracia, pues supone la captura del Estado por tales grupos de poder. De ahí que haya que agradecer que los indignados se movilicen y agiten para denunciar las enormes insuficiencias de la democracia española, ejerciendo presión para que cambie y mejore. La situación actual, con los enormes costes en sufrimiento que genera, es auténticamente indignante. El movimiento 15-M tiene razón.

Vicenç Navarro
Artículo publicado en Sistema Digital

Lo que se nos viene.

Se ha dado solo el primer paso, vendrá luego lo más difícil sostenerse sin declinar. Hemos vivido uno de los peores procesos electorales de los que tengamos memoria. Los poderes mediáticos, caja de resonancia de intereses transnacionales, sumados a un sector de empresarios caracterizados por su egocentrismo errático, el Opus Dei y el aparato del Estado dirigido por el saliente presidente García, se comportaron a la altura de sus consabidas indecencias. Todo el poder mediatizado no pudo contra la conducta ética de los ciudadanos más pobres del Perú. Salvamos uno de los momentos más críticos de nuestra historia republicana frente al peligro de un regreso a la bancarrota moral de nuestra historia.

El ciudadano García debe responder por este delito con hedor fraudulento. Por el bien de la moral política y de la gobernabilidad, se deberá investigar y juzgar a quienes embadurnaron la contienda democrática llevándola hasta los límites del cinismo, la falsedad y la furiosa xenofobia. El proceso electoral que hemos vivido dio rienda suelta a la ley de la selva bajo el silencio de las autoridades responsables de garantizar una contienda limpia y democrática. Por el bien del futuro electoral de nuestro país, se debe sancionar a quienes permitieron todo un despliegue de incivilidad, mediante el uso perverso de medios de comunicación, de la publicidad y la propaganda. Imponer límites éticos seria una lección de generosidad de quienes, siendo victoriosos, garanticen y preserven el respeto a la libre voluntad ciudadana. Para esto se debe poner coto, mediante norma, a quien actué contra el libre ejercicio de la voluntad del pueblo elector.

El Perú en pleno ha sido testigo de todo un despliegue alienante contra el subconsciente colectivo, promocionando y distorsionando benévolamente al clan del dictador y publicitando machaconamente, al revés de la verdad, toda una corriente de falsificaciones, que creo una atmosfera perversa destinada a torcer la conciencia ciudadana conminándola mediáticamente a la aceptación de los crímenes cometidos en la década más vergonzante de nuestra historia.

Promovieron sentimientos xenófobos haciendo saltar la fractura socio cultural que arrastramos desde épocas coloniales, hicieron uso del macartismo más rudimentario de los años 50; el conocido dirigente fujimorista Sarava se atrevió a decir en un programa de televisión que Ollanta traería, como en Venezuela (¿?), la confiscación de todos los niños por el Estado, hecho que la periodista conductora del programa, ante tamaña patraña, se vio obligada a desmentirlo, sorprendida, por el nivel ramplón del furioso y patético macartista. Mintieron hasta la saciedad para crear la imagen de Ollanta como un militar asesino; trataron de vincularlo, como si fuera un delito, al presidente de Venezuela Hugo Chávez como el financiador de su campaña electoral y como mentor del proyecto nacionalista. Un proceso de cambio, como el que vive nuestro hermano país, no es repetible a otra realidad. Buscaron en el programa de gobierno líneas, indicios, algo que se parezca al comunismo para espantar. Sin percatarse que ya en las pasadas elecciones municipales de Lima Metropolitana el pueblo enterró esa patraña. Empapelaron el país con toneladas de infundios. Impusieron su “plan sábana” con apoyo descarado del saliente presidente García y de los poderes facticos adictos a la dictadura fujimontesinista. Al revés de toda razón, lo que pretendieron fue convertir a Ollanta Humala en Fujimori.

Con esta escalada mediática y perversa transformaron a todos sus electores en cómplices de los delincuentes y de todos los criminales que cumplen condenas en las cárceles de Lima. Al influir en su reflexión inteligente y al trastocarla por la demagogia electorera y amarillenta los publicistas mediáticos y sus mentores, hicieron daño a nuestros compatriotas imponiendo, contra la verdad, sus falsificaciones. La derecha recalcitrante ha puesto en evidencia el destino que jugarán. Solo sus intereses egocéntricos los anima. No poseen espíritu concertador ni interés por la democracia.

Ganar el progreso tiene un solo significado en nuestra patria y ello obliga a que el concepto distributivo y de soberanía nacional, sea puesta en marcha; sustento fundamental para salir del atraso en que ha colocado al Perú y a sus regiones más empobrecidas, los fundamentalistas del neoliberalismo que mal gobernaron nuestra patria.

Vendrá, como es lógico, lo más duro: empezar a transitar hacia el cambio, por el que se jugaron las amplias reservas morales que felizmente posee el Perú: los jóvenes, los trabajadores organizados en su CGTP, las organizaciones políticas que conforman la confluencia Gana Perú y el caudal de intelectuales que levantaron su voz de alerta ante la posibilidad negada al retorno ignominioso del clan mafioso del fujimorismo al ejercicio del poder del Estado. El camino esta diseñado, solo falta dar el primer paso: ¡Que gobierne Gana Perú, no los intrusos!

¿Quienes podrían oponerse?

¿Son sólidos los operadores del dictador Fujimori a juzgar por la votación alcanzada? ¿Tienen una organización política que les garantice desde la oposición oponerse para derrotar al régimen? ¿Tendrán poder de convocatoria y de movilización social? A juzgar por su composición, no. La derecha esta dispersa. Solo se unieron en las ánforas para arrebatarle al Perú su derecho a la soberanía, a disponer de sus recursos, al bienestar de su pueblo, fieles a su condición mercantilista de raigambre colonial. Ni PPK ni Castañeda poseen organizaciones partidarias que se aprecien como tal, son organismos sin doctrina, sin vida orgánica, poseen carácter electorero y clientelar. El único partido que podría haber hecho frente es el APRA, pero fue demolido previamente por García. El caudal electoral alcanzado por Keiko F. obedece a un engendro populachero alentado por las prebendas y el despilfarro populista. Los grupos fujimontesinistas constituyen una federación de apetencias y de cacicazgos. En los sectores de trabajadores organizados no cuentan, en los Frentes Regionales tampoco, sobre todo en las regiones más pobres. Las políticas aplicadas precisamente desde la dictadura han empobrecido a las capas medias pauperizándolas hasta el límite. Se aferrarán por tanto a los patrones mercantilistas, a los organizadores de asonadas golpistas, a los nuevos terratenientes agroindustriales, a los vende obreros, al Opus Dei, el poder mediático, a los vende patria.

Qué les queda

Avanzar imponiendo a sus operadores políticos vía “negociaciones”. Está claro, intentan a la mala, torcer el rumbo programático conducente al cambio. Y así como en la campaña electoral, proseguirán con sus alquilones la campaña ruin contra el Perú. Presionarán al electo presidente para alejarlo de sus compromisos primigenios con el único afán de convertirlo a imagen y semejanza de los anteriores gobernantes que terminaron victimados por sus propias mentiras al imponer un programa de gobierno distinto al que se comprometieron y por el cual fueron envestidos como presidentes. Tratarán de enfrentar unos contra otros y enviarán sus topos palaciegos a cercar a los gobernantes para adularlos y alimentar caudillismos que los divorcien de su pueblo. Los conocidos “propietarios del Perú” hacen la vista gorda frente a su derrota. Cegados por sus poderes egocéntricos asumen, desde sus parámetros medievales, que nada ha ocurrido en sus feudos. Pretenden hacernos creer que nuestra patria no necesita cambios, de ahí su presión y su beneplácito a cualquier signo de debilidad y de posibilidad de modificaciones programáticas. El Perú de los más pobres ya habló. No será fácil destruir sus esperanzas por una vida digna.

Lo que no debemos olvidar

Hace 43 años nuestra patria dio un gran salto bajo la dirección del proceso revolucionario comandado por el General Juan Velasco Alvarado. Fue un proceso genuino que dio paso a otros procesos militares progresistas en América Latina. La historia la conocemos quienes la peleamos desde las trincheras de nuestras militancias. Nuestro Partido se compró el pleito de ese proceso a pesar de las discrepancias de un sector de nuestra nueva izquierda. Pasada esa historia, que dio un gran impulso al Perú, hoy otras son las responsabilidades del conjunto de la izquierda peruana.

Luego de haber dejado en el camino, además, a Izquierda Unida, el balance de todo lo perdido convoca a la más intima reflexión que nos permita dilucidar cuales fueron los déficits que condujeron a la parálisis, en primer orden, del proceso revolucionario del año 68. Sabiendo que una debilidad fue la desunión de la izquierda peruana y la otra, fundamental, en la ausencia de un partido sólido fundado en la intimidad de su pueblo. Esa era la palanca que hubiera permitido darle continuidad y garantía al proceso. Esa deberá ser la gran tarea, ahora en otras condiciones, frente al surgimiento de nuevas organizaciones regionales, ambientalistas, de sobrevivencia, de pueblos originarios y andinos, de trabajadores del campo y la ciudad organizados en sus centrales. Esos serán factores de poder engarzados a sus bases reales. La otra tarea impostergable deberá ser la unión de las izquierdas en un solo destino apoyando y cuidando el proceso que se inicia en cumplimiento del mandato mayoritario e impostergable de nuestro pueblo.

Mayores luces y garantías nos brinda el ser parte de UNASUR, tal como se desprende del mensaje del electo presidente Ollanta Humala, quien afirma que reforzará tales nexos.

La garantía del proceso político peruano en esta nueva fase, obliga a que camine el conglomerado Gana Perú y que sume a otras organizaciones susceptibles de ser unidas, y deberá abocarse al fortalececimiento orgánico y participativo de nuestra ciudadanía, nuestro pueblo, que deberán pasar de ser simples espectadores a la condición de ser protagonistas activos de su propia historia.

Por José Antonio Carcelén Pedraza
Partido Comunista peruano

19 junio 2011

Toma la calle contra el pacto del euro.

Enrique Javier Díez Gutiérrez. Profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León

El 19 de Junio se ha convocado a la ciudadanía a tomar pacíficamente las calles de León, sumando su voz a la de los ciudadanos y las ciudadanas de la Unión Europea. Bajo el lema «No al Pacto del Euro: Europa para los ciudadanos y no para los mercados», Democracia Real Ya convoca, junto con otras organizaciones y colectivos, movilizaciones para el 19 de junio en la mayoría de las ciudades del estado, ante la amenaza que suponen para el bienestar social de los pueblos los nuevos recortes en los salarios, en las pensiones, en la I+D, en la sanidad y en la educación; así como la eliminación de los servicios sociales, el mayor retraso en la edad de jubilación, la ampliación de los impuestos e injustos reajustes de los salarios a la productividad y la competitividad, previstos en la aplicación del Pacto del Euro, que se considera el mayor atentado socioeconómico e internacional contra los derechos sociales.

El llamado Pacto del Euro consiste en un paquete de medidas acordadas por los diecisiete países que forman la zona euro, que con la excusa de «combatir la crisis y la deuda», como denuncia el movimiento ATTAC, va a establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones, aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas (al ampliar el número de años para su computo); va a avanzar en la definitiva privatización de las Cajas de Ahorro, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis es la necesidad de la existencia de una banca pública capaz de canalizar financiación a empresas y familias en momentos como este, en que la banca privada está asfixiando a consumidores, pequeñas y medianas empresas del país con congelación del crédito.

Entre el 23 y el 27 de junio se ratifica en el Parlamento Europeo este Pacto del Euro, en función del cual se quiere imponer a los países miembros de la UE también la rebaja de los salarios; la individualización de la negociación de los convenios laborales para romper la fuerza de la unión de los trabajadores y trabajadoras; la reducción de los sueldos de los trabajadores públicos para que no sirvan de referencia al alza a los trabajadores del sector privado; la vinculación de los salarios a la productividad y su desvinculación a la subida del IPC.

El Pacto del Euro plantea la reducción de las cotizaciones a la seguridad social que financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, financian las pensiones contributivas, así como el desempleo y la formación profesional. Esta reducción de las cotizaciones a la seguridad social debilita así el sistema público de pensiones y aumenta la regresividad del sistema fiscal puesto que se va a sustituir por impuestos indirectos, aumentando el IVA, que se pagan con independencia del ingreso de los individuos. De esta forma, paga lo mismo el banquero Botín que un parado de larga duración. Además esta estrategia de aumentar impuestos indirectos y reducir los directos y progresivos (IRPF) va contra los principios constitucionales: el principio de capacidad económica que establece que los impuestos deben gravar la economía de las personas según el patrimonio de cada cual, y el de progresividad que nos dice que a mayor renta debe corresponder una mayor cuota fiscal.

El Pacto del Euro supone también la precarización aún más del empleo en Europa, haciéndolo más inseguro y temporal, además de más barato, impulsando las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Parece que no ha sido bastante con la prueba de la absoluta ineficacia en materia de creación de empleo de la última reforma laboral, aprobada por decreto hace casi un año, por el gobierno actual. Además, este Pacto, obliga a reducir los déficit presupuestarios por debajo del 3%, para lo cual se exige reformar el sistema de pensiones buscando «ajustar la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida», privatizar el sistema sanitario y reducir las prestaciones sociales. Como recuerda ATTAC, la primera economía del mundo, EE.UU. mantiene el déficit público más abultado del planeta, y al contrario que la Unión Europea, viene desarrollando en estos últimos años de crisis una política económica expansiva, con aumento del gasto y la inversión pública como la mejor manera de incentivar el empleo y el crecimiento económico.

Este Pacto del Euro exige también avanzar en los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos. Pero, eso sí, pide que la banca esté saneada y para ello los gobiernos tendrán que desviar fondos públicos para «reestructurar las entidades vulnerables, que incluirán soluciones del sector privado» y los detraerán del dinero del desempleo, del estado de bienestar para garantizar la «prestación de apoyo público en caso de necesidad».

Para reafirmar estas medidas antisociales, el Pacto insta a «traducir en legislación nacional estas normas presupuestarias» con objetivo de garantizar que posean un «carácter vinculante y duradero suficientemente sólido». De hecho, se propone que se introduzcan en leyes marco o incluso en las propias constituciones. Estas nuevas normas tienen que ser decididas por toda la ciudadanía afectada, no por unos gobiernos que se inclinan de forma servil ante la dictadura de los mercados (la banca internacional y los grandes fondos especulativos). En sintonía con esta demanda clave de Democracia Real Ya, el que haya referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de la ciudadanía y para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea, ya Izquierda Unida viene impulsando desde el mes de marzo la exigencia para que haya un referéndum de cara a que la ciudadanía se pronuncie sobre el 'Pacto del Euro'. Decidir colectivamente sobre lo que nos afecta tanto como esto es un elemento esencial de la democracia.

Por eso, ante este Pacto del Euro, que no sólo supone el desmontaje efectivo del poco «Estado de Bienestar» que queda ya en Europa y la maximización, una vez más, de los beneficios del sistema bancario y financiero, sino que es profundamente antidemocrático y se puede calificar como un auténtico golpe de estado económico, el Movimiento 15M no quiere permanecer impasible y convoca movilizaciones en todas las ciudades para que la ciudadanía no sigamos siendo mercancía en manos de políticos y banqueros.

Como afirmaba el recientemente fallecido Ernesto Sábato: «estamos a tiempo de revertir esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso». El 19-"J nuestro compromiso está en tomar la calle.