Gustavo Dusch
Tengo muy presente uno de los lemas de La Vía Campesina.
Para este movimiento de más de 200 millones de campesinas y campesinos
que defienden sus agriculturas a pequeña escala, un argumento central
para reorganizar los sistemas agroalimentarios es recordar que «los alimentos no son una mercancía».
Pero observar las cotizaciones de la soja, el trigo o el maíz en las
bolsas de valores de Chicago y Nueva York refleja exactamente lo
contrario: con la comida se juega, y se juega mucho; se apuesta con ella
como con los resultados de un partido de fútbol o la cotización de una
empresa. Considerar los alimentos como una mercancía más equivale a
expresar que la alimentación, un derecho universal y una necesidad
vital, debe ser resuelta por las leyes del mercado, y desde este
paradigma el resultado final no es bueno, es dramático: más de 850 millones de personas en
el mundo no pueden alimentarse correctamente, pasan hambre y muchas de
ellas hoy están, cual golondrinas, en las rutas migratorias.
Poner atención en el mensaje de La Vía Campesina nos interpela a
explorar o cambiar de enfoque. Como explica José Luis Vivero Pol, sería
el equivalente a entender la alimentación como un bien común,pues
los mares, las tierras, el agua y las semillas que permiten su
producción son efectivamente de todos, o, mejor aún, no son de nadie.
ASEGURAR UN MEDIO DE VIDA
Situarnos en esta otra lógica abre muchas posibilidades.
Desde posturas a favor de más Estado, la agricultura y quienes la
practican serían entendidos como se entiende a los maestros y maestras
de escuela o se entienden los servicios públicos sanitarios de un país.
Desde posturas en favor de más autogestión y comunitarismo, las redes de
consumo alternativo o la gestión comunal de recursos como montes o
tierras ganarían más espacio. E imbricada entre ambas aparece una
propuesta a explorar, la de una renta básica agraria(RBA).
En concreto, y a partir de los postulados de la renta básica
universal, se trataría de asegurar una renta básica a todas aquellas
personas que se dedican a producir alimentos sanos a partir de procesos
sostenibles, es decir, que todas aquellas personas que se dedican a
hacer posible el sostenimiento de la vida tengan asegurado su propio medio de vida a partir de un compromiso colectivo. Un pacto social.
Esta propuesta, que me consta que está siendo tratada en diferentes
espacios de reflexión políticos y en movimientos altermundistas, a mi
entender es una propuesta especialmente necesaria a debatir en Europa.
Tanto porque somos una fuerza centrípeta que genera que muchos países
del sur hayan sustituido su vocación agrícola por negocios para la
exportación de alimentos, como porque en Europa tenemos la posibilidad
de desarrollar una RBA rápidamente a partir de reencauzar los fondos de la PAC (política
agraria común). En Catalunya, con unas 70.000 personas en el censo
agrario, se gestionan unos 500 millones de euros anuales de la PAC,
según datos de la Unió de Pagesos.
RESISTIR LOS MERCADOS GLOBALIZADOS
A favor de aplicar una RBA tendríamos varias claves. Si con ella se
asegura un ingreso vital, este podría ejercer como el colchón que
permitiría frenar el constante cierre de fincas agrarias y granjas (dos
al día en los últimos diez años en el caso de Catalunya) que no resisten
la competencia de unos mercados globalizados ni la tiranía del control
que ejercen las grandes empresas del sector, especialmente las de la
distribución de alimentos. A su vez, saberse con un mínimo en el
bolsillo sería un estímulo clave para que muchas
vocaciones y proyectos de gente joven que quiere hacer del sector
primario y la vida rural su modo de vida puedan ponerse en práctica. Y
con unos ingresos mínimos garantizados para la práctica de agriculturas
ecológicas orientadas a las necesidades locales favoreceríamos también
la reconversión de profesionales que ahora practican una agricultura o
ganadería intensivista, responsable de contaminación y del cambio
climático.
AYUDAS DISCRIMINATORIAS
Plantear una RBA significa, como significó la PAC en su momento, adoptar un pacto social en favor de sostener colectivamente nuestro territorio rural,
con una relocalización de la economía y una emancipación respecto de
los mercados internacionales (fundamental si pensamos en las
consecuencias del TTIP), que debería ser analizado por la sociedad en su
conjunto. Y muy especialmente por el sector agrario, que, acostumbrado a
unas ayudas discriminatorias y muy controvertidas, debería posicionarse
sobre un planteamiento con carácter redistributivo.
En cualquier caso, creo que merece la pena explorar la propuesta, tal
vez no como la única ni como una panacea, pero sí como una propuesta de
transición en la que valores sacrosantos como el productivismo, la
competencia y el libre mercado quedarían arrinconados por opciones de sobriedad, suficiencia y complicidad.
El Periódico de Catalunya, 16 de junio de 2016