Por Javier Navascués.
La Constitución de 1978 no hace ninguna referencia a la Reforma Agraria. Es sintomático del cariz de la transición. Tanto las Constituciones de los países derrotados tras la Segunda Guerra Mundial (Italia, Japón, Alemania) como las de los otros países que llegaron a la democracia tardíamente (Portugal, Grecia) sí contienen referencias a la misma. En Japón la impusieron los propios EEUU. En Portugal no hubo más remedio, tras las ocupaciones de tierras en el Alentejo en 1975.
Es la lucha del pueblo andaluz por la autonomía plena –que se alimenta de las luchas por el empleo en el campo en los años de la transición– la que lleva la Reforma Agraria a una Ley. Y es la marcha por la reforma agraria de 1983 la que hace que se active la reivindicación. Es historia conocida: se reavivan elementos clásicos (el problema de la propiedad de la tierra, las luchas contra la mecanización en el algodón, …) que muestran como seguía habiendo problemas históricos sin resolver. También cuestiones nuevas que el PCA intenta resolver con su propuesta de Reforma Agraria Integral. Al final la reforma agraria andaluza se salda con algunos asentamientos en tierras públicas que acaban languideciendo y no se expropia ni una maceta. En medio se cruza la cuestión del PER y el subsidio, y después vienen la PAC y la explosión de los cultivos de primor y los inmigrantes sustituyen a los jornaleros, mientras los jornaleros se convierten en albañiles.
La crisis parece habernos devuelto otra vez al pasado y nos recuerda los viejos problemas: sobre todo el de la propiedad. Aunque si algo pasa es que a la luz de la crisis ecológica la cuestión de la propiedad de la tierra adquiere una nueva luz; del mismo modo que el aire o el agua son bienes comunes, la tierra también lo es. IULV-CA ha lanzado una propuesta para la creación de un Banco de Tierras. Poco a poco se van extendiendo las ocupaciones de fincas, de momento simbólicas. Bienvenidas sean. Pero hay que saber que mientras aquí olvidábamos, son otros los que han seguido construyendo el discurso. La vieja lucha por la tierra sigue pero en el siglo XXI ya no es una lucha anti-feudal y productivista, sino que es la respuesta a la “reforma agraria” del capital global. Contra el paradigma del monocultivo, la destrucción ambiental, el gigantismo y el empleo abusivo de energía y fertilizantes, contra la orientación a la exportación y contra las patentes sobre la vida. Como nos enseñan el MST brasileño o las luchas chipko de las laderas del Himalaya, la reforma agraria popular no es sólo un problema de empleo sino una cuestión más amplia; es una cuestión de organización social, de atención a las necesidades y seguridad alimentaria, de la preservación de la variedad de la vida y de la relación de la sociedad con la naturaleza. Aunque la cuestión de fondo sigue siendo la misma; la propiedad de la tierra. Antes propiedad feudal, ahora como capital: la naturaleza como mercancía.
Es la lucha del pueblo andaluz por la autonomía plena –que se alimenta de las luchas por el empleo en el campo en los años de la transición– la que lleva la Reforma Agraria a una Ley. Y es la marcha por la reforma agraria de 1983 la que hace que se active la reivindicación. Es historia conocida: se reavivan elementos clásicos (el problema de la propiedad de la tierra, las luchas contra la mecanización en el algodón, …) que muestran como seguía habiendo problemas históricos sin resolver. También cuestiones nuevas que el PCA intenta resolver con su propuesta de Reforma Agraria Integral. Al final la reforma agraria andaluza se salda con algunos asentamientos en tierras públicas que acaban languideciendo y no se expropia ni una maceta. En medio se cruza la cuestión del PER y el subsidio, y después vienen la PAC y la explosión de los cultivos de primor y los inmigrantes sustituyen a los jornaleros, mientras los jornaleros se convierten en albañiles.
La crisis parece habernos devuelto otra vez al pasado y nos recuerda los viejos problemas: sobre todo el de la propiedad. Aunque si algo pasa es que a la luz de la crisis ecológica la cuestión de la propiedad de la tierra adquiere una nueva luz; del mismo modo que el aire o el agua son bienes comunes, la tierra también lo es. IULV-CA ha lanzado una propuesta para la creación de un Banco de Tierras. Poco a poco se van extendiendo las ocupaciones de fincas, de momento simbólicas. Bienvenidas sean. Pero hay que saber que mientras aquí olvidábamos, son otros los que han seguido construyendo el discurso. La vieja lucha por la tierra sigue pero en el siglo XXI ya no es una lucha anti-feudal y productivista, sino que es la respuesta a la “reforma agraria” del capital global. Contra el paradigma del monocultivo, la destrucción ambiental, el gigantismo y el empleo abusivo de energía y fertilizantes, contra la orientación a la exportación y contra las patentes sobre la vida. Como nos enseñan el MST brasileño o las luchas chipko de las laderas del Himalaya, la reforma agraria popular no es sólo un problema de empleo sino una cuestión más amplia; es una cuestión de organización social, de atención a las necesidades y seguridad alimentaria, de la preservación de la variedad de la vida y de la relación de la sociedad con la naturaleza. Aunque la cuestión de fondo sigue siendo la misma; la propiedad de la tierra. Antes propiedad feudal, ahora como capital: la naturaleza como mercancía.
Fuente: www.mundoobero.es
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