Hace algo más de dos años, una imagen se coló en los hogares andaluces casi por casualidad: Diego Cañamero, Cayetano Martínez de Irujo y Juan Manuel Sánchez Gordillo estrechaban sus manos en un gesto de relativa concordia, que escenificaba, como pocas veces, esa histórica distancia entre jornaleros y terratenientes. El conde de Salvatierra se retractaba de las palabras emitidas en un programa de televisión en las que arremetía contra el PER y ahondaba en la polémica sobre el uso fraudulento de estas ayudas. Esta foto fija, la del poderoso latifundista y el jornalero sin tierra, fue la que tuvo entre las manos aquel 27 de mayo de 1983 Rafael Escuredo, entonces presidente de la Junta de Andalucía, cuando anunció en Ronda una medida que, 30 años después, sigue sin cuajar en el campo andaluz: la reforma agraria.
1983. Un 3% de propietarios poseen el 55% de la tierra. Un tierra rica, agradecida, pero dolorida de años de abusos. El propio Diamantino García, voz histórica de los jornaleros andaluces, confesaba pocos años antes de su muerte: “La sociedad está dividida entre ricos y pobres, situados y desfavorecidos… Y no se puede ser neutral, yo no podía estar café con leche, yo me tenía que definir… Gente que tiene tierras y gente que sólo tiene sus manos… yo decidí ponerme del lado de los jornaleros y enseguida tuve enfrente a los grandes propietarios, a terratenientes que me denunciaban a la guardia civil, a la Iglesia, a los curas que sesteaban tranquilos, y mi comportamiento molestaba su siesta”.
Los jornaleros sin tierra, el proletariado agrícola, del que formaban parte unos 500.000 trabajadores padecían el aumento del paro y se hallaban sometidos a condiciones de trabajo y de vida muy duras. Mantenían activas movilizaciones de protesta, con el apoyo de organizaciones sindicales y políticas, como el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), creado en aquellos años 80 por el propio Diamantino García.
En este contexto, la Junta de Andalucía inicia entonces expropiaciones a estos terratenientes y trata de desarrollar una norma que, sin embargo, pocos años después quedaría arrinconada en un cajón, tras varapalos judiciales y críticas sin cuartel de la derecha. La reforma agraria, que ponía en papel ese espíritu de “tierra y libertad” que evocaba Blas Infante, proponía que los grandes propietarios arrendaran sus inmensas propiedades para evitar que vastas extensiones de tierra estuvieran sin trabajar, teniendo como telón de fondo un Andalucía rural acuciada por el paro. Proponía que el reparto de tierras se tradujera en transformar campos baldíos en cultivos y jornaleros sin trabajo en agricultores de futuro.
Pero nada de esto pasó y hoy en torno al 80% de las ayudas comunitarias que llegan al campo andaluz se las reparten el 20% de los propietarios.
Tres décadas después el movimiento de obreros del campo sigue ocupando fincas, como Las Turquillas, proclamando la función social de la tierra. El espíritu de aquella reforma agraria no sólo regresa de la voces reivindicativas del SAT. El Gobierno andaluz volvió a resucitarla de nuevo en forma de ley, esta vez sobre la función social de la vivienda. Vuelve a hablarse, como entonces, de expropiaciones de uso y de esa, tan cuestionada hoy, función social de la propiedad, que, sin embargo, reconoce la propia Constitución española.
BANCO DE TIERRAS
Pero no sólo la ley antideshaucios trae a la memoria la fallida reforma agraria. La Junta de Andalucía, tras su pacto con IU, anunció la creación del llamado Banco de Tierras. Aunque el campo andaluz tiene poco que ver con la agricultura improductiva de aquellos años de la Transición, la propuesta que hace Izquierda Unida es un instrumento que retoma las expropiaciones de fincas privadas que lleven al menos dos años abandonadas y la creación de un fondo andaluz para luchar contra los latifundios, entre otras medidas.
Sin embargo, la propuesta no está cerrada. Izquierda Unida presiona a sus socios de Gobierno para que lo que hoy es un borrador, consensuado con organizaciones como el SAT y COAG, pase a convertirse en ley. En concreto, la intención de IU es que el proyecto del Banco de Tierras se enmarque dentro de la Ley Integral de Agricultura, que sí estaba entre los compromisos de gobierno, no así el banco de tierras como tal.
Las negociaciones no se auguran fáciles. La consejera de Agricultura, Elena Víboras, del PSOE, ya avisó, tras la investidura de Susana Díaz como nueva presidenta de la Junta de Andalucía el pasado mes de septiembre, que la intención del Gobierno era crear “un observatorio” para hacer un diagnóstico de las tierras sin cultivar en la comunidad autónoma y que, por ahora, no estaba en la agenda la gestión de las hectáreas que posee sin explotar para ponerlas en manos de cooperativas, ayuntamientos y parados.
Estas declaraciones, que seguro no contentaron a sus socios de gobierno, han desembocado finalmente en lo que parece una solución intermedia: de momento, la Junta ha consignado tres millones de euros en los presupuestos de 2014 para “mejorar el uso social del patrimonio agrícola y forestal”. ¿Y del resto? Pues el pacto dirá.
Fuente: www.andalucesdiario.es
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