17 de Abril, Día Internacional de la Lucha Campesina

La construcción de la soberanía alimentaria pasa por garantizar a las personas productoras el acceso a la tierra, semillas e insumos, rechazando los transgénicos y el papel de las grandes multinacionales en la cadena alimentaria.

             

Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha Campesina, conmemorando la masacre de 19 campesinos sin tierra que el 17 de abril de 1996 fueron asesinados por la policía militar mientras reclamaban, junto a compañeros y compañeras del MST, el acceso a la tierra y la justicia mediante la reforma agraria. Las autoridades estatales, la policía, el ejército y grandes terratenientes estaban implicados en la planificación y ejecución de esta masacre.

Desde el PCE queremos apoyar la movilización de los compañeros y compañeras de La Vía Campesina, donde convergen en nuestro país sindicatos agrarios como COAG, EHNE, SAT..., que reivindican en esta fecha, como cada año, su oposición al acaparamiento de tierras y contra la ocupación de nuestros sistemas alimentarios por parte del capital transnacional.

 

Porque, lamentablemente, la lucha campesina no ha perdido un ápice de vigencia:

 

En nuestro país seguimos sufriendo una alta concentración de la propiedad de la tierra, dificultando su acceso a quienes quieren trabajarla. También los recursos comunes como las semillas están en manos de unas pocas empresas transnacionales que asfixian a las personas productoras y dictan lo que comemos.

Las ayudas públicas, que deberían dirigirse a fortalecer y consolidar la agricultura familiar y campesina como garante de fijación de la población rural al territorio, son utilizadas para enriquecer aún más a los grandes terratenientes.

Las estadísticas nos hablan de que 1 Ha de tierra cultivada permite el empleo de 2 personas, y el abastecimiento a su vez de 30 familias, siempre que se garantice la venta en canales cortos. La importancia de la agricultura de proximidad es, con este ejemplo, muy evidente.

Por ello, un año más, el PCE exige una política agraria medioambiental y socialmente sostenible, que defienda sobre todo los intereses ambientales, agrarios y sanitarios frente a los intereses del capital agroalimentario y que se atienda a la reivindicación histórica de que los alimentos sean considerados un derecho humano fundamental, y por tanto, protegidos de los especuladores. Y en lo concreto garantizar el acceso a los medios de producción a través de la puesta en marcha de bancos públicos de tierra e insumos agrícolas, el libre intercambio de semillas y el rechazo total a los transgénicos, apoyo a los modelos de distribución en canales cortos que permiten la agricultura de proximidad y retribuciones más justas para las personas productoras, la agroecología como apuesta para la sostenibilidad de nuestros campos y el cooperativismo y la economía social como base del sistema económico.

La agricultura campesina cobra mayor importancia si cabe en el contexto actual: crea empleo, aumenta la economía real y fija población. Y todo ello, además, abasteciendo a la sociedad de alimentos sanos.

Para ello, no renunciamos a nuestra reivindicación histórica, la Reforma Agraria Integral en tanto propiedad de la tierra, manufactura y distribución, ni a las movilizaciones sociales necesarias para lograrla.