El cambio estaba previsto en la reforma del Código Penal, que entrará en vigor en enero
Mientras el IVA sube para todos los españoles, los asalariados con rentas medias-altas se preparan para la subida del Impuesto de la Renta en los territorios gobernados por el PSOE, las autonomías empiezan a elevar el Impuesto de Transmisiones y el de Actos Jurídicos Documentados, las haciendas territoriales lanzan nuevos impuestos sobre los depósitos bancarios, y los práctica totalidad de los ayuntamientos aplican fuertes incrementos en sus tasas y recargos, un colectivo sigue esquivando el golpe: el colectivo de las grandes fortunas. Un grupo formado por las élites patrimoniales del país que agrupa sus ahorros en un producto conocido como sicav (sociedades de inversión de capital variable), un especie de fondos de inversión a medida que, bajo forma de sociedad anónima y gestión personalizada, aglutina más de 26.209 millones de euros, distribuidos entre un total de 405.442 accionistas.
ICV ha pedido en repetidas ocasiones que el esfuerzo de subida fiscal afecte a todos, sin exclusiones. Los propios técnicos del Ministerio de Hacienda y del PSOE han elevado en diversas ocasiones propuestas para subir los impuestos de estas sociedades, que pagan un 1% en el Impuesto de Sociedades frente al tipo general de las empresas del 35%. Pero, pese a que la presión crece, por el momento, las sicav se han librado. Y la causa no ha sido otra que la protección otorgada desde la vicepresidencia económica que ostenta Elena Salgado.
El Ministerio económico ha intercedido en dos ocasiones en esta legislatura para frenar reformas que habrían supuesto un importante endurecimiento del trato fiscal a las grandes fortunas. Pero la actitud se cuenta ya con tradición: también en la primera legislatura y bajo mando económico de Solbes, se tramitó un perdón fiscal para las sicav, agobiadas en ese momento por las inspecciones fiscales.
El último de los gestos del Ministerio ha llegado hace poco más de un mes. La reforma del Código Penal -publicada en el BOE el 23 de junio y que entrará en vigor el año que viene- ha acabado omitiendo un punto decisivo: el plan inicial planteaba una ampliación de cinco a 10 años de la prescripción de los delitos fiscales, tal y como llegó a reflejar el anteproyecto. Ese texto fue elaborado por el equipo económico y jurídico del Gobierno, cuyo supervisor directo es la Vicepresidencia Económica de Salgado y cuyo respaldo final debe ser otorgado por el propio presidente Zapatero. La reforma pretendía acabar con una situación un tanto peculiar como es el hecho de que los delitos fiscales en España, pese a la complejidad de su investigación, los que prescriben en un menor plazo de todo el catálogo de delitos.
Durante la tramitación parlamentaria, sin embargo, el Grupo Socialista recibió orden de retirar este punto, tal y como confirman fuentes parlamentarias. El aumento de la prescripción habría sido muy importante para poder perseguir nuevas tramas de evasión detectadas similares a la de las cuentas suizas, inmersa en una fuerte polémica por el deseo de Hacienda de practicar lo que denomina como una «regularización»; es decir, una negociación con los sospechosos de fraude para traer a España sus rentas ocultas a cambio de un trato beneficioso, es decir, una amnistía fiscal encubierta.
El anterior capítulo de esta historia tuvo lugar hace nueve meses, cuando la vicepresidencia económica de Salgado frenó otra reforma. En esta ocasión, la que pretendía eliminar las barreras al control fiscal de estas sociedades por parte de la Inspección tributaria. «Es escandaloso lo que está ocurriendo con las grandes fortunas», apunta Joan Herrera, secretario general de ICV y conocedor de primera mano de lo ocurrido en aquella ocasión. Herrera narra personalmente cómo el pasado septiembre «la vicepresidencia económica frenó» una reforma que se negociaba con el propósito de dar más poder a la Inspección en el control de grandes fortunas, especialmente del control de su mecanismo de ahorro por excelencia, las sicav.
La sucesión de hechos fue la siguiente: ERC-IU-ICV lanzaron una proposición no de ley para conceder «el control fiscal de las Instituciones de Inversión Colectiva a la Inspección de Hacienda, en lugar del control por parte de la CNMV». El propio PSOE apoyó inicialmente el espíritu de este cambio. Pero, pese al impulso inicial de los socialistas en el Congreso, los textos y contestaciones emitidas oficialmente a Joan Herrera fueron, poco a poco, desinflándose.
Finalmente, cuando todo estaba listo para sacar adelante la reforma, retocada y suavizada, el PSOE decidió votar en contra de la propuesta que ellos mismos habían redactado -y pactado-, para descrédito de ICV, evitando que saliera adelante la proposición. Joan Herrera pidió explicaciones al PSOE. Y la respuesta del Grupo Socialista fue contundente: no era culpa del Partido. Vicepresidencia había dado orden de frenar el texto y votar en contra de esa enmienda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario