Chema Caballero
Los movimientos campesinos guatemaltecos se rebelan contra el modelo de desarrollo construído sin ellos y "desde arriba", y a favor de las grandes empresas. Y luchan por sus tierras y su seguridad alimentaria.
Manifestación en San Pablo en protesta por la detención de líderes comunitarios en diciembre de 2014.
“Una de las formas de operar del Estado guatemalteco es decir que el
combate a la pobreza se hace trayendo capital extranjero para la
inversión en mega proyectos. Pero llegan esos capitales y el Gobierno lo
único que hace es concesionar los bienes naturales de los pueblos a
petroleras, a empresas que tienen el interés de establecer proyectos
mega hidroeléctricos, o a mineras. Por eso tenemos problemas en diversas
comunidades como San Miguel Ixtahuacán, Sipacapa, San Rafael las
Flores, San José el Golfo, San Juan Sacatepéquez, San Pablo la costa,
San Pablo Tacana, Santa Caterina... “.
Quien cuenta estas cosas es Feliciano Velásquez, líder campesino guatemalteco y uno de los fundadores del Frente de Resistencia, En Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA), que visitó Madrid a finales del año pasado. Estaba acompañado del abogado Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas de Guatemala (CIJ).
Este último insiste en el discurso de su compañero agregando que el
Gobierno de Guatemala, desde la firma de la paz —en 1996 tras más de
tres décadas de conflicto civil—
se ha convertido en "el guardián de las empresas privadas". "Por otro
lado, las empresas privadas transnacionales han adquirido tanto poder
que superan al poder del Estado y por eso es muy difícil hacerlas
responsables de sus actos en el país. Por esa razón es que hemos venido,
además de informar de lo que está sucediendo en Guatemala, a pedirle al
Parlamento español, al catalán y al europeo que establezcan un marco
legal más amplio que permita establecer la responsabilidad penal de las
transnacionales por los actos que realizan sus filiales en el
extranjero", agrega.
De la mano de la organización Éxodo y la Cooperativa l’Olivera,
los dos activistas empezaron en Madrid un periplo que les llevaría a
visitar el Congreso español, el Parlamento de Cataluña, el Parlamento
europeo y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
Organismos ante los que han denunciado la situación de su país y pedido
acciones concretas que ayuden a cambiar la realidad de que se vive
allí.
Detención de un líder comunitario en la comunidad de San Marco
Guatemala
Tras décadas de guerra civil, en 1996 se firmaron los acuerdos de paz
que ponían fin al conflicto guatemalteco. Desde entonces, pocos avances
se han logrado en la convivencia nacional y en la mejora de la vida de
los sectores más vulnerables del país, sobre todo de los indígenas, que
representan un 65% de la población.
Dos años después de la firma, el 24 de abril, la Comisión Nacional de Reconciliación, presidida por el obispo católico Monseñor Juan Gerardi, presentaba el resultado de sus investigaciones en materias de derechos humanos en un documento titulado Guatemala: nunca más.
El informe recogía los testimonios de miles de testigos y víctimas de
la represión estatal y culpaba de la mayoría de los crímenes al ejército
guatemalteco; documentaba más de 54.000 violaciones de los derechos
humanos durante la dictadura militar (1960-1996); y atribuía al ejército
y la represión estatal la autoría de las masacres, torturas,
violaciones masivas, desapariciones forzadas, mutilaciones y otros
crímenes que caracterizaron aquel periodo.
Dos días después, el 26 de abril, el obispo Gerardi era asesinado en la casa parroquial donde residía en Ciudad de Guatemala.
Feliciano Velásquez comenta que, con este asesinato, el ejército
quiso evitar "ese señalamiento por nombre a todos los militares
culpables que habían cometido el genocidio. A partir de ese momento, los
militares tomaron el poder a través del terror, del miedo, y de la
persecución, que es la situación en la que hoy día nos encontramos en
Guatemala".
El abogado Ramón Cadena insiste en que, debido a la falta de
cumplimiento de los acuerdos de paz, hoy día se están nuevamente
manifestando prácticas del pasado como la criminalización de la protesta
social, situación que se dio durante la guerra. "Pero antes acusaban a
los dirigentes de las comunidades y a los abogados y abogadas que los
apoyaban de comunistas, hoy se nos acusa de terroristas. Y a las
comunidades y a sus dirigentes se les persiguen acusadas de ser
terroristas y de violar la ley. Lo que se está tratando de hacer es
afectar la protesta social, de anular la oposición al modelo de
desarrollo económico que el estado pretende imponer".
La lucha continúa
El incumplimiento de los acuerdos de paz por parte del Estado
guatemalteco motivó el aumento de los conflictos en el mundo rural, el
cual rechaza un modelo de desarrollo impuesto desde arriba y que se
resume en la enajenación de los recursos naturales a favor de grandes
compañías internacionales.
Feliciano Velásquez cita el ejemplo de la empresa española Unión
Fenosa como una de las responsables, según él, de la represión y
violaciones que sufren los campesinos guatemaltecos, especialmente en el
departamento de San Marcos.
Con la privatización de la producción y distribución de energía eléctrica, en el Gobierno de Alvaro Arzú
(en la actualidad alcalde de Guatemala), en 1998 Unión Fenosa se quedó
por 50 años con la concesión de la distribución de energía eléctrica a
20 de los 22 Departamentos de Guatemala. En el año 2011 el fondo de
inversión Actis del Reino Unido compró a las acciones de Unión Fenosa.
La obligación de la concesión es llevar electricidad a todas las
comunidades de los departamentos donde opera. Pero en el año 2000
empezaron a darse anomalías como contadores irregulares, lecturas
erróneas de los mismos, precios abusivos y apagones constantes que
causaron pérdidas de productos perecederos como carnes y lácteos,
riesgos en centros de salud y hospitales, quema de aparatos
electrodomésticos, sabotajes al sistema de baja y alta tensión para
echarle la culpa a usuarios, cortes injustificados y cobros muy elevados
por re-conexión.
La comunidad se organiza para reparar el suministro eléctrico.
Desde el año 2008, la población ha interpuesto un mínimo de 90.000
denuncias ante la Comisión Nacional de la Energía Eléctrica. Antes, a lo
largo de siete años, se buscó el dialogo con la empresa. Sin embargo,
comenta Velásquez, "la respuesta de Unión Fenosa fue el menosprecio, la
prepotencia, las amenazas y la represión: primero cortando el servicio
eléctrico a determinadas comunidades y pronto con la violencia,
criminalización y asesinatos, utilizando las fuerzas militares y
policiales para amedrentar y sembrar el terror a la población. En
diciembre de 2009, a petición de Unión Fenosa el Gobierno decretó el
estado de sitio, restringiendo una serie de garantías constitucionales".
Fue a raíz de estos problemas que en noviembre de 2002 las
comunidades campesinas crearon el FRENA, cuyo objetivo era resolver "los
problemas relacionados con la pésima distribución de energía eléctrica,
la introducción de permisos para minería, violaciones a los derechos
humanos por parte de las transnacionales y la represión desde entidades
gubernamentales del Estado. Se trataba de empoderar a la población. Al
no haberse resuelto las anomalías y no haber tenido reparación de los
daños, el FRENA decidió que la resistencia se basara en el no-pago de la
factura".
Según Velásquez, desde el año 2009 los líderes del FRENA sufren
amenazas, persecución y asesinatos por su lucha contra diferentes
transnacionales. En 2009 se denunció el asesinato de 16 líderes
comunitarios y otros cuatro en el 2010. Por ejemplo, el 13 de enero de
ese año, cuando viajaba a San Marcos desde Ciudad de Guatemala, fue asesinada Evelinda Ramírez Reyes,
presidenta del FRENA de Retalhuleu. El 11 de febrero, el activista
Germán Antonio Curup, del movimiento opositor a la instalación de la
planta de Cementos Progreso en San Juan Sacatepéquez, fue secuestrado
por desconocidos y hallado muerto tres días después, degollado y con
señales de tortura. Seis días después, el 17 de febrero, Octavio Roblero, también dirigente del FRENA, fue asesinado en Malacatán, departamento de San Marcos. Ese mismo día, fue también asesinado Juan Antonio Chea, abogado indígena maya, colaborador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) por disparos efectuados por desconocidos en Cobán, Alta Verapaz.
Cadena (primero por la derecha) y Velásquez (tercero) ante el Congreso con acompañantes
Dichos atentados provocaron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y una acción urgente por parte de Amnistía Internacional.
Por su parte, las distintas transnacionales han negado cualquier
relación con este tipo de hechos, procediendo a su vez a interponer
denuncias contra miembros del FRENA por amenazas.
A partir de diciembre de 2014, se está viviendo un recrudecimiento de
las acciones contra las comunidades, llevándose a cabo nuevas
detenciones de siete dirigentes del FRENA, lo que provocó la huida de
muchos otros y sus familias que siguen refugiadas en la selva, informa
Velásquez tras el regreso a su país.
Dos modelos económicos contrapuestos
Frente a la enajenación de los recursos naturales a favor de las
multinacionales extranjeras, los campesinos guatemaltecos proponen
“proyectos alternativos que garanticen la soberanía alimentaria y la
soberanía territorial y el manejo adecuado de los recursos que les
pertenecen”, dice Velásquez. Como consecuencia de este movimiento,
concluye el líder, “estamos declarando nuestros territorios libres de
transnacionales”.
Optimismo y esperanza
Los dos activistas de los derechos de los campesinos guatemaltecos
están convencidos de que están en el buen camino, de que van a ganar la
lucha contra las empresas y el estado guatemalteco, aunque por el camino
se queden muchos compañeros.
“Porque vale la pena lo que hacemos, es que no hemos claudicado ni
retrocederemos pase lo que pase, no importa el desgaste que estemos
pasando, aparte de la persecución, el señalamiento, las amenazas y la
calificación que nos hacen tanto las empresas como las fuerzas de
seguridad del estado, o este mismo, calificándonos de terroristas y de
que somos unos movimientos que promovemos las desestabilización del
país, sin embargo los que claramente desestabilizan son las empresas en
alianza con el Estado”, concluye Feliciano Vásquez.
Para saber más y apoyar la campaña lanzada por Éxodo
contra la impunidad de las multinacionales y los derechos humanos y de
los pueblos indígenas, en Guatemala, se puede pinchar AQUÍ.
Fuente: http://elpais.com/elpais/2015/02/09/planeta_futuro/1423501551_654286.html
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